Hace algunos años, quienes teníamos que hacer diligencias en la Capital de la República, sosteníamos que lo mejor de viajar a Bogotá era llegar de regreso a Medellín.

De igual manera, se convirtió en una cantaleta permanente y casi que objeto de burla, aquello de que los llamados “tacos” o congestión extrema del transporte en Bogotá eran del otro mundo y que era casi que imposible la movilización dentro de la ciudad y que había que salir con mucho tiempo de anticipación para llegar al lugar destino de una reunión, si no queríamos llegar tarde, pues eso todavía nos angustia a algunos pocos antioqueños.

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Hoy por hoy, la crítica que le hacíamos a Bogotá se nos devolvió enterita a nuestra querida ciudad, ampliándose poco a poco a todo el Valle de Aburrá. A pesar de tener metro, Metroplús, Sistema Integrado de Transporte, Cables, Tranvía, buses, taxis, motos y bicicletas, el taco va en orden creciente, imparable, agravado por algunas obras de infraestructura que están en construcción, que bien podrían valer la pérdida de tiempo y de paciencia de los ciudadanos todos, que de alguna manera nos vemos afectados si son entregadas a tiempo y con calidad, o por obras que abruptamente hay que parar por problemas en la contratación o por la equivocada selección de los ejecutores.

Simplemente por poner un ejemplo, tomemos el caso de la parálisis de Metroplús en la Aguacatala, obra suspendida hace casi tres meses y cuya reanudación de obras está prevista para dentro de dos meses (El Colombiano, sábado 19 de octubre de 2019, página 13).

¿Cuánto vale este incumplimiento? ¿Cuánto se afecta nuestra pretendida competitividad? ¿Quién paga el desencanto y el tiempo que perdemos los ciudadanos, quienes finalmente pagamos las obras y sufrimos sus malas ejecuciones? ¿Dónde están los benditos interventores?

Ahora bien, la sanción implicará que el contratista no podrá volver a contratar con el Estado, pero esto es una medida inocua, pues para cada obra se constituye una empresa que desaparece cuando se termina la obra, cuando se entrega y cuando se da por recibida. La sanción debería ser ejemplar, por lo continuado de los casos que en ningún momento se pueden ver como casos aislados.

La prohibición de contratar con el Estado y la sanción profesional que debería darse por el gremio de turno debe ser contra el representante legal y los miembros de la junta directiva de la empresa que incumple, con repetición para los representantes Legales y los socios de las empresas que hacen parte del “consorcio o de la empresa temporal”.

Si hablamos de verdadera competitividad, debemos partir del acertado manejo de los recursos públicos, aplicados a obras públicas.

¿Por qué no el gremio que agrupa a los grandes constructores no se propone premiar a quien entregue las obras cumpliendo con los estándares de calidad exigidos, en un menor tiempo y a un menor costo?

Y a su vez, ¿por qué no castiga ejemplarmente a quienes, por dolo, por acción o por omisión incumplen, retirándoles su licencia profesional y expulsándolos del gremio?

En un país donde no se cumple ni un solo cronograma y ni un solo presupuesto, habría que averiguar qué es lo que están enseñando en las instituciones educativas que abordan estos temas en los campos de pregrado o posgrado, pues sinceramente su impacto es inexistente.

De igual manera, revisar por parte de las entidades certificadoras de calidad, si algunas de sus empresas certificadas incumplen en el desarrollo de los proyectos a cargo, para que les sean retirados de una manera inmediata, tales certificaciones, pues no las merecen.

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El cáncer no se cura con alcohol y es necesario que los ciudadanos nos pronunciemos para que nuestros gobiernos y los líderes del sector privado asociados al tema de la infraestructura, se pongan las pilas de una vez por todas y procedamos a sancionar legal, económica y socialmente a quienes manejan alegremente los recursos del Estado, que finalmente son los impuestos que todos pagamos.

Y, por último, no dejemos crecer el chiste destemplado de que a la ingeniería antioqueña se le caen hasta las aceras.