Estos funcionarios se creen con el derecho, no de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de nuestro estado en esos campos, sino de dictarles los cursos de acción, siempre coherentes con las posiciones del mamertaje nacional
La burocracia internacional, especialmente, la de la ONU y la que tiene asiento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha convertido en el adalid, vocera y ejecutora de las políticas y posiciones de la extrema izquierda global y continental. Y cuando a los gobiernos de esa tendencia no les basta el arsenal de organizaciones para imponer sus puntos de vista y atacar a quienes no los comparten, crean sus propias organizaciones, como Unasur, la entidad fundada por Chávez con el apoyo de los Kirchner, Evo, Correa y Lula, sus alegres compadres, para tener bajo su control político a los países del hemisferio sur del continente, y oponerse y debilitar a la OEA, que desde 1948 funcionando en toda América, con base en la vigencia de su Carta Democrática, que busca aislar las dictaduras en esta zona del mundo. De ahí que la propuesta del presidente Duque, de acabar con Unasur tenga todo el sentido.
Las razones de ese asalto burocrático son varias, pero cabe destacar dos: la llamada sociedad civil - esa en la que los individuos que no pertenecen al estado se organizan para defender diferentes causas, en principio, nobles y altruistas en sus países y en el mundo, y que se encarna en ONG y fundaciones, ha ganado cada vez más protagonismo en las esferas nacionales y en el campo internacional, hasta el punto de que algunas de ellas se han convertido en verdaderas transnacionales- ha sido colonizada por la izquierda, que logró convertirse en la vocera sesgada de la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.
Pues, bien, esas organizaciones han permeado, de manera sistemática, las posiciones de las instituciones internacionales publicas porque desde las concepciones de centro y la derecha democrática, sus partidos en el poder no han estimulado la organización de la sociedad civil, y fuera de él, no han impulsado sus propias Ong, o lo han hecho de manera muy tímida, como si la defensa de las causas altruistas fueran del resorte exclusivo de la izquierda, cuando es un hecho probado en países democráticos que el ideario de las libertades y derechos de los individuos, de los pueblos y la preservación del medio ambiente, ha sido practicado por largo tiempo en gobiernos de centro y de derecha. Como también es un hecho que los gobiernos de extrema izquierda han sido violadores contumaces de esos derechos y, no por ello, han sido condenados por las Ong y los funcionarios infiltrados en las instituciones públicas internacionales.
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Por otro lado, los intereses de los miembros de la ONU son tan abigarrados y contradictorios, que las organizaciones del sistema se componen de países que, en su mayoría, no defienden la democracia y lo que buscan es utilizar sus posiciones en ellas para evitar que sus países sean vigilados. Por ejemplo, entre los 47 miembros actuales del Consejo de Derechos Humanos, CDH, de la Onu se encuentran Angola, Burundi, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Egipto, Etiopia, Nigeria, Kenia, Ruanda, China, Iraq, Afganistán, Paquistán, Filipinas, Mongolia, que no son precisamente, respetuosos de los derechos humanos de sus ciudadanos. Ah, y me faltan Cuba y Venezuela. Sí, Cuba y Venezuela. ¿Se imaginan ustedes que estos dos países monitoreen el cumplimiento de los derechos humanos en Colombia?
¿Por qué, entonces, Colombia, que ha sido la democracia más estable de América Latina, es acosada por gente como el señor Arnault, el representante de las Naciones Unidas en el país? Porque los distintos gobiernos le han permitido a la burocracia de la Onu y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo hagan. Como lo han hecho con ONG transnacionales del negocio de estos derechos. Estos funcionarios se creen con el derecho, no de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de nuestro estado en esos campos, sino de dictarles los cursos de acción, siempre coherentes con las posiciones del mamertaje nacional, como ocurre ahora, cuando el señor Arnault se atreve a exigirle al Congreso que legisle según el criterio de sus amigos de la Farc y del gobierno de Santos y no del interés del país y de las víctimas.
Pienso que la permisividad con los organismos y las Ong internacionales comenzó hace muchos años, de buena fe, con la intención de demostrar a la comunidad internacional el esfuerzo del estado colombiano por honrar sus compromisos en materia de derechos humanos. Pero desde siempre, el país ha caído, con poquísimas excepciones, en manos de burócratas afines a la extrema izquierda, que nunca reconocieron los manifiestos avances en protección de derechos humanos por parte de los gobiernos colombianos, que llegaron hasta lograr el sometimiento de los paramilitares, mientras que los mismos burócratas siempre minimizaban las atrocidades de la extrema izquierda.
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En los dos gobiernos de Santos, sin embargo, la situación cambió radicalmente, pues se pasó de soportar, bajo protesta, los abusos de esos personajes y reducirles su campo de acción, a incorporarlos como un apéndice de la contraparte en la negociación, a la que le concedió la legitimidad de la causa de su accionar, no igualándola con el Estado, sino poniéndola en una posición de superioridad moral, contra toda evidencia. En esas condiciones, Arnault y compañía, resienten que el estado recobre su funcionamiento y los ponga en su sitio. La soberanía reside en las instituciones colombianas y en sus ciudadanos, no en los burócratas insolentes.
PS: Paz en la tumba del profesor Jairo Alarcón.