Decía José María Samper que en Colombia, el Estado era a duras penas, un fenómeno urbano, ya que la Colombia rural, la periferia del gran centro y de los otros dos o tres pequeños centros, no hacía parte ni de su realidad ni de sus preocupaciones. Aseveraba además que el poder en lo rural, lo ejercían de manera típica, el tinterillo de turno, el gamonal y el cura, a quienes el Estado dejaba irresponsable y desinteresadamente el problema de administrar, de alguna manera, esa gran porción de terreno incivilizado, aprobando de manera tácita la protección de sus intereses particulares.

Reforzando lo anterior y en épocas más recientes, Gustavo Bell asegura que en Colombia hay más Geografía que Estado, lo cual evidencia a todas luces la incapacidad del Estado para poder hacer presencia a lo largo y lo ancho del territorio continental, teniendo además que considerar la Colombia Insular, la Colombia Marítima y en el hoy, la Colombia Aérea y la Colombia Atmosférica.

A los actores tradicionales, los han reemplazado o se han convertido en su competencia, los grupos de todo tipo al margen de la ley, los grandes terratenientes, que aun cuando siempre han existido, hoy ejercen una presión mayor sobre los campesinos y las áreas de reserva, el negocio del cultivo de coca y la actividad de explotación minera de manera ilegal.

Esta situación ha llevado a tener que coexistir en nuestra realidad, con frecuentes diásporas, migraciones forzadas o simplemente desplazamientos obligados de los pequeños campesinos que tienen que salir de su terruño para proteger sus vidas de los apetitos voraces y crecientes de aquellos a quienes el Estado históricamente no ha podido o no ha querido poner en cintura.

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La firma reciente de los acuerdos de paz con el principal actor de la violencia moderna  es una oportunidad única para que el Estado Colombiano ocupe los espacios que antes ellos controlaban y que hoy corren el riesgo de ser ocupados por otros actores diferentes al Estado, si éste no se responsabiliza y se ocupa prontamente del asunto.

La presencia del Estado en todas sus formas, no solo en lo militar, permitiría por fin el alcance de la sustitución de los cultivos ilícitos, que bajo la racionalidad y la lógica económica, no tienen por qué desaparecer si no se les ofrecen alternativas y garantías reales a los campesinos que no tienen otra opción para su supervivencia.

La reciente delimitación de la frontera agrícola, la protección legal de los páramos, son avances importantísimos que van en la dirección correcta.

Lo anterior debe ser acompañado por la elaboración con alcance nacional de un Plan de Ordenamiento Territorial Agrícola que defina el uso y destino del suelo, una verdadera y profunda actualización catastral, una verdadera política de protección ambiental con dientes y la intervención de todos los estamentos del Estado para que el mejoramiento de las condiciones de vida en el campo, permitan hacerlo atractivo para que quienes aún están allá se queden, y para que los que han tenido que irse, puedan regresar.

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La riqueza natural de Colombia está en el campo. Nuestra comida, nuestras reservas de agua, nuestros recursos naturales están allá y no en las grandes ciudades. No conocer y reconocer esta realidad, y no actuar en consecuencia, no solamente es estúpido, sino, además, irresponsable.

Insisto en la conveniencia de que Medellín cuente con un adecuado Centro de Espectáculos, un Velódromo cubierto y un Autódromo que cumpla con los requisitos y normas internacionales.