La impunidad y la politización de la justicia nos están convirtiendo en un narcoestado, cada vez más inviable, y si no se resuelve ese problema de fondo, naufragaremos en el mar de coca
El exabrupto de Bobadilla y dos de sus compañeros, causó un remezón en la política nacional y en el sistema judicial
No nos digamos mentiras. Todos sabíamos que la JEP iba, con el argumento que fuera, aun el más descabellado, a evitar la extradición a Estados Unidos de alias santrich. Porque para eso la crearon Santos y alias timochenko con su pacto, para garantizar la impunidad de los criminales de lesa humanidad y de los narcotraficantes de las Farc.
La JEP, para justificarse dijo: “somos los guardianes del acuerdo de paz”, ese que echa por la alcantarilla los derechos de las víctimas y las afrenta. Pero ni siquiera eso es cierto. Esa institución pasa por encima de la norma que estipula, para esa jurisdicción, que los delitos, en este caso, el narcotráfico, cometidos después de la firma del acuerdo no estarán bajo su competencia sino de la de la justicia ordinaria.
A pesar de fue de público conocimiento un primer video, en 2018 en el que se establecía la negociación de Santrich, meses después de la rúbrica de aquél, de un cargamento de cocaína para un cartel mexicano, esa corporación dijo que no pudo establecer la fecha de la comisión del delito y, por lo tanto, negaba la petición de extradición de ese individuo a Estados Unidos. Y el magistrado Bobadilla, uno de los que la negó, en el colmo de su cinismo, llegó a sostener en una entrevista, que el video mencionado no era suficientemente claro, y que, de todas maneras, no se aplicaba a este caso, sino al de Marlon Marín (http://m.lanacion.com.co/2019/05/17/JEP-santrich-no-fue-absuelto-por-narcotrafico). Pero antes, como mis lectores recordarán, hubo todo tipo de trampas, como la del famoso extravío de la carta a USA en la que, ilegalmente, la JEP demandaba pruebas sobre el presunto delito.
Con esa extraña petición, que iba más allá de sus atribuciones, la JEP, de paso, se llevó por delante el derecho internacional y el fundamento teórico y práctico de la extradición, que es considerar la buena fe del estado requirente y el funcionamiento de su sistema de justicia, de manera que haya certeza de que garantice los derechos del solicitado en un juicio justo, exclusivamente sobre el asunto por el que se le sindica y con penas que no vayan más allá de las que en casos similares impone el ordenamiento colombiano.
Esa jurisdicción, en consecuencia, dinamitaba un mecanismo eficaz para castigar a narcotraficantes y otros delincuentes comunes, con el objeto de asegurarles la no extradición a los jefazos de las Farc, independientemente de que ellos hayan incumplido el acuerdo que se comprometieron a acatar y la JEP a aplicar. Y demostraba palmariamente que esta no es guardiana de este pacto, sino de la impunidad de todo tipo de delitos, de aquellos que los nombraron a través de interpuestas personas completamente afines a esa guerrilla, tres extranjeros entre ellos. (Con razón, los cabecillas declaraban felices hace algunos meses, que esa era su justicia). Y al hacerlo, los magistrados que votaron en favor de Santrich violaron la ley y deben ser juzgados en consecuencia. El Congreso debería tomar nota de esto.
Bobadilla tuvo el cuidado, en la entrevista mencionada, de advertir que Santrich debería ser investigado por narcotráfico por la justicia nacional, pero justificó su decisión diciendo que no conocía el video que circuló jueves y viernes pasados, en el que el propio alias Santrich se auto inculpa, como si el video del 2018 no fuera suficientemente claro.
La justicia nacional comenzó el proceso judicial el pasado viernes a través de la Fiscalía, al recapturarlo pocos minutos antes de ser liberado. Esperemos que el juez de garantías refrende su aprehensión y sea juzgado. Pero también cabe la probabilidad, remota ella -soñar no cuesta nada- de que la apelación surta el efecto de que la JEP reverse su atrabiliaria medida.
Pero mientras tanto, el exabrupto de Bobadilla y dos de sus compañeros, causó un remezón en la política nacional y en el sistema judicial. El fiscal Martínez renunció a su cargo para no cohonestar con esa medida y el procurador Carrillo, la criticó fuertemente. El presidente Duque también la reprochó y citó una reunión interpartidista para llegar a acuerdos sobre cómo enfrentar esta crisis de la justicia.
Algunos ciudadanos, incluyendo destacados congresistas, han pedido una constituyente o un referendo para reformar ese sistema, pero Duque ha dicho que no está de acuerdo con esa tesis. La verdad es que el país ha llegado a un estado de anomia sin precedentes en su historia reciente. La impunidad y la politización de la justicia nos están convirtiendo en un narcoestado, cada vez más inviable, y si no se resuelve ese problema de fondo, naufragaremos en el mar de coca auspiciado por los carteles de todo tipo y de la Venezuela de Maduro y jamás acabaremos con el narcotráfico y los buitres que viven de este.
Deberían el país y sus dirigentes analizar todas las opciones y el presidente Duque, considerar todas las herramientas que tiene a mano para comenzar la reconstrucción del sistema judicial, comenzando los elementos más nocivos de la JEP, si es que queremos un país democrático y no una nación dominada por señores de la guerra con una “justicia” especial a su servicio. La ocasión la pintan calva. Ojalá no seamos inferiores a nuestra responsabilidad con la democracia.
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