En los últimos años los colombianos hemos visto tantas cosas de la cabeza del poder judicial, que la confianza de los ciudadanos en él es casi nula. Las encuestas han mostrado su progresivo deterioro. El Cartel de la Toga, como ha sido denominado por los analistas, por ejemplo, involucra a algunos magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia en actos de corrupción, quienes han sido señalados por el infecto exfiscal anticorrupción, señor Moreno, de recibir dineros a cambio de favores inconcebibles, convirtiendo de esta manera la administración de justicia en su contrario, una empresa criminal para el enriquecimiento personal. 
Algunos de esos señores, ha señalado la oposición del CD al actual gobierno, no tuvieron empacho en plantear que, frente a casos que involucraran decisiones en momentos en los que Álvaro Uribe era presidente, debían decidir políticamente, no de manera jurídica, pervirtiendo de manara extrema el valor central de la justicia: actuar imparcialmente y siempre en derecho. 
Es, ha dicho el CD, esta clase de magistrados la que ha sentenciado a Andrés Felipe Arias a 17 años de prisión por un “delito” que todos sus antecesores de otros gobiernos cometieron: contratar con una organización internacional para que esta determinara a quienes debían asignárseles los subsidios de Agro Ingreso Seguro; son los mismos que le negaron una sentencia a Óscar Arboleda, quien murió de cáncer esperando su absolución; los que tienen a Luis Alfredo Ramos en un limbo jurídico de incontables años, que le ha cerrado todas las oportunidades que hubiese podido tener; los que pusieron en prisión a Sabas Pretelt y Diego Palacio por supuestamente ofrecer un cargo en una notaría, mientras pasan de agache o ralentizan las investigaciones y juicios a decenas de funcionarios del gobierno y parlamentarios, que se apoderaron fraudulentamente de billones de pesos en mermelada, y a decenas de miles de contratistas por valor de billones de pesos con contratos estrambóticos e ilegales, ya fuera en infraestructura y “asesorías”. 
Todo esto, mientras les quitaban validez probatoria a los contenidos del computador de Raúl Reyes, recogidos en combate, en los que se mencionaba a conocidos personajes políticos colombianos, como cercanos a las Farc.
Fue ese tipo de funcionarios, continúa la oposición, los que segaron la carrera política de Óscar Iván Zuluaga, a quien le impidieron -como a Ramos- ser candidato a la presidencia para este período y mantienen sin definición la situación de Luis Alfonso Hoyos y del hijo de Zuluaga después de casi cinco años, a pesar de que se demostrara que la Fiscalía avaló un montaje, probablemente en compañía de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y puedo seguir con una lista interminable. Todo por ejercer el sagrado derecho de oponerse al gobierno de Santos.
Y ahora viene el llamamiento a indagatoria del expresidente Uribe. Su verdadero delito, el que no le perdonan, es haber recuperado a Colombia de las garras de los criminales de extrema izquierda y de extrema derecha, criminales de lesa humanidad y narcotraficantes, poniendo a los primeros, al borde la derrota militar, y a los segundos, en la cárcel. 
No voy a reproducir aquí en su totalidad las extrañas maniobras que se están utilizando para justificar el llamamiento a indagatoria al expresidente por parte de la Corte. Pero hay cosas que llaman la atención a cualquier ciudadano desprevenido: no se le permitió presentar versión libre; se filtró a los medios, que se lo iba a enjuiciar, así como documentos y grabaciones que están bajo la reserva del sumario.

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 El problema para quienes están detrás de esta maniobra es que no se ha podido mostrar, a pesar de los esfuerzos de filtración, una sola prueba que involucre a Uribe, ni personalmente ni mediante intermediarios. Por el contrario, en lo que publicó RCN queda claro que cuando se le informa de una posible conversación con un criminal que afirma que quiere arrepentirse de sus acusaciones contra él, enviando una declaración a la Corte, lo que Uribe pide es que aquel diga la verdad; y el abogado del senador, en otra conversación, enfatiza a su interlocutora -la mujer del delincuente- que se debe actuar con total transparencia y que no le está ofreciendo nada. 
¿Y cómo les parece la carta del condenado a la Corte en la que simultáneamente se arrepiente de las acusaciones contra Uribe y en la misma hoja, más abajo, dice que lo escrito fue hecho bajo coacción? ¿En serio creen que alguien que no prejuzgue puede aceptar tamaño adefesio? Y lo que es peor, ¿pueden los colombianos aceptar que la famosa declaración fue entregada la Corte 3 días antes de que se efectuara la reunión con el abogado, en la que se le iba a entregar?
Es lícito pensar, entonces, que se trata de un montaje. Todo caso, que todo esto ocurre a días de que comience el gobierno de Duque y hay personas y fuerzas que quieren ponerle una carga de profundidad a su gobierno antes de que comience o a días de haber iniciado. De hecho, buscan desprestigiarlo y ponerlo de blanco fácil para la anunciada arremetida que la nueva oposición; pero también buscan atarle las manos frente a una posible reforma a la justicia, pues cualquier intento de hacerlo, sería presentado como una venganza. Adicionalmente, defenestraría y encarcelaría al jefe de la bancada de gobierno, el más grande opositor de Santos y el personaje más odiado por la extrema izquierda siendo esto el mayor trofeo de sus malquerientes. Y digo encarcelaría, porque como argumentó Rafael Nieto Loaiza, si alguien es llamado a indagatoria por intentar que los testigos cambien su versión para favorecerse, Uribe no podría asistir a su juicio sin ser encarcelado porque una de las dos excepciones que tiene la norma para que los indiciados enfrenten su juicio en libertad, es precisamente que pueda manipular las pruebas.

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A su vez, el portal www.elexpediente.co hace una denuncia explosiva en la que afirma que Santos, el vicepresidente Naranjo, miembros de la CSJ y de la dirección de la policía y un senador de la República y a las Farc, entre otros, se reunieron para coordinar la manera de llevar a Uribe a la cárcel antes del 7 de agosto. Insto a mis lectores a que lean dicha publicación. Lo allí señalado es tan grave, que al leerlo uno piensa que eso no pudo ocurrir, de lo alucinante que resulta. No obstante, es un artículo firmado conscientemente por alguien que cree tener las pruebas de que sus afirmaciones son ciertas. Hasta ahora, hay silencio de parte de los señalados, pero estos tendrían que darle una explicación al país y desmentir al periodista, porque el que calla otorga.
El país está comenzando a vivir la noche más obscura de los últimos 70 años. Ojalá haya algo de cordura entre quienes deben tomar las decisiones sobre el proceso de Uribe. El país no resiste la politización de la justicia ni la judicialización de la política. La búsqueda de consensos que está intentando Duque, tiene que incluir a los principales actores de la rama judicial. Los colombianos estamos seguros de que hay muchos magistrados y jueces, la mayoría, que respetan la ley. Es el momento de demostrarlo. Porque nadie, mucho menos Uribe, está por encima de la ley. Pero esto requiere unos jueces imparciales, que lo sean tanto, que los ciudadanos tengan confianza ciega en sus juicios porque saben que les están respetando sus derechos y al ordenamiento jurídico-político democrático. Se ha echado a andar un proceso que tiene los ojos del país y de la comunidad internacional, encima. En estas condiciones, no hay espacio para ningún sentimiento distinto a la aplicación estricta del derecho. Si no se actuase así, el golpe a nuestra democracia sería irreparable y los ciudadanos tendrían que retomar el camino de la institucionalidad dentro del Estado ejerciendo el poder constituyente de la nación. 

Comentarios:

Alejandro
2018-07-30 22:01:43

Mi obscura...Mi Colombia no sale de una pa meterse en otra. Haber si entiendo la Corte Suprema se declara indubitable con Cepeda, que tengo entendido que es una joya, pero luego lo convierte de victimario a víctima y la arremete en contra de el ex dos veces presidente con unos testigos?? De verdad?? Aquí, al otro lado del charco, se ve esta acción ridícula, el cartel de los honorables funcionarios de la corte en acción. Al renunciar el ex presidente al senado queda en manos de la fiscalía? cual será peor? Entienda Colombia que este un acto cochino contra la soberanía y democracia, toda la nación quedó como una vergüenza internacional y los Colombianos pagarán un alto precio por el beneficio de unos cuantos cochinos. Espero que no sea saboteada la posesión el 7 de Agosto. Ahora entiendo mejor porque en mis tiempos la llamaban la cochina..

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