Mao Tsetung decía, con mucho acierto, que para que una revolución triunfe se requiere que los dirigentes y sus partidos se ganen la mente de la gente. Ninguna revolución ha sido posible sin que se cumpla ese requisito central. Los bolcheviques de Lenin pronto se ganaron el apoyo de los obreros, el propio Mao triunfó porque la invasión del Japón a China, durante la Segunda Guerra Mundial, atrajo al partido Comunista Chino y a su ejército Rojo, el apoyo de cientos de miles de campesinos y obreros, muy por encima de Chiang- Kai Shek líder del Kuomingtan, la otra coalición que combatió a los invasores y que tuvo que conformarse con el control de Taiwan; lo mismo puede decirse de Ho Chi Minh, en Vietnam, de Castro en Cuba, cuya guerrilla no hubiese podido sobrevivir sin el apoyo del pueblo cubano, a pesar de que Ernesto Guevara haya concluido erróneamente la extraña teoría revolucionaria del foco; ni Chávez, convertido en héroe luego de salir de la cárcel.

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Pero ganarse la mente de la gente también es una condición para los que defienden la democracia burguesa. El apoyo de los ciudadanos al gobierno, pero, especialmente, a las instituciones democráticas es conditio sine qua non, para que estas perduren en el tiempo y se fortalezcan.

Lo que ha ocurrido en los últimos días en Chile, Ecuador y Colombia, y ahora en Francia, es un ejemplo de lo que vengo afirmando.  ¿Por qué Chile sigue traumatizado hasta el punto de que el presidente Piñera se haya visto obligado a citar una Constituyente por imposición de la dirigencia de las protestas? Porque perdió la confianza de su pueblo, que escucha los cantos de sirena de los revolucionarios que mueven allí, como titiriteros, los hilos de la revuelta. ¿Y por qué perdió Piñera la confianza de su pueblo? Porque tomó abruptamente medidas económicas drásticas que afectaban, sobre todo a la clase media, sin explicarlas ni concertarlas con la gente, y los dirigentes de la izquierda radical, bien organizados y coordinados, supieron ganarse la vocería de aquella. La democracia chilena está en veremos. El presidente Moreno, en Ecuador, se vio obligado a revocar el alza desproporcionada de los combustibles para apagar su propio incendio.

En Colombia, la extrema izquierda viene actuando con un libreto predeterminado, desde la noche misma de la elección de Duque, libreto que da continuidad a la fórmula pactada entre Santos y las Farc, que, entre otras cosas, instauró la impunidad creando una justicia paralela para favorecer a los guerrilleros y dio carta de ciudadanía al narcotráfico, al que prácticamente legalizó permitiendo el cultivo en pequeñas parcelas, desmontando nuestras fuerzas de seguridad en su presupuesto, en su doctrina, número de hombres y de armamento, con lo que sentó las bases para un narcoestado, basado en la alianza siniestra de narcotraficantes que se pintan de revolucionarios y otros carteles que no se disfrazan de ninguna ideología, como el Clan del Golfo y otras organizaciones colombianas, junto con los carteles mexicanos de la droga y la narcodictadura venezolana.

El estallido en el sur del continente llevó a la izquierda radical a pensar que en Colombia estaban dadas las condiciones para acelerar un estallido social que sacase a Duque o lo obligase a admitir los términos que le dictaran sus oponentes para preparar el acceso al poder en el 2022. El paro hoy se concibe, entonces, como la fase superior de la movilización que apela a todos los métodos de lucha, iniciada desde agosto del año pasado, con un sostenido número de protestas, de indígenas, de estudiantes, de todo tipo de colectivos.

Pensaron, entonces, que había llegado la hora de ganarse la mente de la gente, y para ello apelaron a todas las estrategias que tenían disponibles: marchas con y sin violencia, bloqueos de sistemas de transporte, que es una forma de violencia que afecta directamente a centenares de miles de ciudadanos, cacerolazos, conciertos, apoyo de un sinnúmero de organizaciones de fachada para hacer ver más participación,  cartas de intelectuales, rectores, etc., cubrimiento total y sesgado de sus actividades por parte de algunos medios, que ocultaban o justificaban o visibilizaban exageradamente la protesta, como si se tratase de una movilización social de las mayoría del pueblo colombiano y no la minoría que son, no más de quinientos mil frente a los cuarenta y ocho millones de habitantes de Colombia y frente a los más de diez millones trescientos mil que votaron por Duque y su programa.

Pero se equivocaron. No contaban con que el pueblo colombiano está harto de la violencia y los atropellos de la guerrilla, de los carteles y los clanes, de los paramilitares nuevos y viejos. No tuvieron en cuenta que la gente, al vivir los ultrajes y arbitrariedades de los que dicen hablar en su nombre y ver en vivo y en directo de lo que sus salvadores eran capaces, rápidamente iba a desencantarse de ellos, si pensaron que les asistía alguna razón, o aumentar el rechazo de aquellos que desde el principio desconfiaban de las acciones de los promotores de la protesta. Los ciudadanos comenzaron a reclamar los derechos al trabajo, al estudio, a la movilización, a poder vivir en paz, a todo lo que los manifestantes les estaban negando. El ambiente social es tal que, si los organizadores insisten en sus protestas violentas, pronto la gente se movilizará en contra suya. Ya ha habido señales muy claras al respecto.

El malestar y el rechazo se incrementó más todavía al ver que lo que los dirigentes querían era monopolizar cualquier vocería ante el gobierno y exigir la “negociación” de un pliego de trece puntos (que no pudieron concretar en la reunión del viernes con el gobierno) y excluir a importantes sectores sociales de las conversaciones citadas por Duque. Quedaron pintados como lo que son: demócratas de palabra y totalitaristas de hecho.

El Gobierno ha manejado con prudencia los desórdenes públicos, pero ha sido firme en sostener que la conversación nacional se hará con todos los sectores del país, incluyendo la mesa propia de los organizadores del paro. Estos han amenazado con más paros y más tomas (algún líder indígena dijo en el Cauca que, si ayer siete de diciembre el presidente no firmaba los compromisos, viajarían treinta mil indígenas a Bogotá para tomarse la casa de Nariño). Y lo más probable es que la agitación se mantenga hasta agosto del 2022. Pero insisto, por esa vía, se están quedando sin oportunidades reales de ganar unas elecciones y contar con el apoyo de la mayoría de los colombianos.

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El Gobierno, por su parte, debe convertir esta crisis en una oportunidad para asegurar la gobernabilidad del país y ganar apoyo a la gestión del presidente. Si no lo hace, no podrá controlar el Congreso ni las relaciones con los partidos independientes. Se verá aislado y frágil, más expuesto a las maniobras de la izquierda radical. Comunicar mejor, no hacer reformas que, siendo importantes, son inoportunas; mostrar que el país no se le saldrá de las manos. En una palabra, Duque, gánese la mente de la gente, si quiere pasar de un rechazo a los dirigentes del paro, algo que ya se está produciendo, a un soporte efectivo de su gestión, haciendo valer su legitimidad de origen para convertirla en legitimidad de desempeño.