La elección del contralor general dejó en claro que, en estos casos, mantener la independencia entre el poder ejecutivo y el Congreso de la República, es una opción que garantiza transparencia y armonía frente al trabajo articulado de las ramas del poder público. También demuestra que puede haber rigor en el examen de los aspirantes a este tipo de cargos.

El presidente Iván Duque ha señalado que se mantendrá en su promesa de no repartir mermelada entre los congresistas, es decir, de abstenerse de jugar con el presupuesto de la nación para que sean los parlamentarios los que definan su focalización en las regiones. Aunque ello no es lo tradicional en el Centro Democrático ni en el partido Conservador que lo apoya.

Pero llama la atención el papel preponderante que están asumiendo los gremios económicos en los nuevos juegos de poder: ellos agrupan a industriales, comerciantes, terratenientes y representantes de multinacionales en el país. No es por el hecho de que busquen apoyar las medidas que el gobierno viene presentando para beneficiar a estos sectores, es ante todo porque se percibe que pueden satisfacer sus deseos de conformar un gobierno corporativo, donde ese sector juegue un papel determinante y que impongan, como ya es evidente, muchas de sus políticas y estrategias que ven en el crecimiento económico la salida a los males, pero relegando su relación con la equidad en la distribución del ingreso.

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Preocupa, además, que los ministros provenientes de dicho ámbito han asumido las carteras fundamentales que definirán el rumbo del país. Pero más alarmantes resultan sus declaraciones iniciales que dejan en claro que su representación no es institucional, sino gremial.

Las primeras declaraciones del ministro de Defensa, una vez designado, giraron en torno a la necesidad de reglamentar la protesta y la movilización social. Así que no fueron prioritarias, en su inaugural exposición en los medios, las muertes violentas de líderes sociales, el aumento de la criminalidad generalizada, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, junto a sus planes de consolidación en las regiones que abandonaron las Farc. Solo importó ventilar su propuesta gremial de disminuir la protesta social por la vía de nuevas leyes, tal y como históricamente lo han soñado los gremios económicos.

Del ministro de Hacienda poco menos se podría esperar. Son bien conocidas sus apreciaciones sobre el modelo económico y la poca preocupación que le suscitan las políticas de lucha contra la pobreza y la miseria. Su iniciativa de un Sisbén para los ricos no solo significó una salida en falso y un insulto a los más excluidos, sino que evidencia su afán por quedar bien con el empresariado, al cual ciertamente representa. Ahora no solo pretende aumentar la base gravable a quienes devengan desde un millón novecientos mil pesos, sino que busca aplicar el IVA a los productos de la canasta familiar.

Y qué tal la perla con que salió la ministra de Minas y Energía, al revivir el debate acerca de la utilización del llamado fracking para la explotación de los hidrocarburos. Se trata de un método de extracción de gas y petróleo que consiste en someter a una fuerte tensión el subsuelo para fracturar la roca y recopilar el combustible. Los químicos que se utilizan pueden llegar a contaminar las formaciones acuíferas subterráneas.

Tan nefasta resulta la intromisión de políticos, mafias o modos de corrupción en las decisiones del gobierno, como la configuración de gobiernos corporativos, ocupados -en este caso- en defender los intereses de los gremios económicos.

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Ya parecen lejanas las épocas de un Nicanor Restrepo Santamaría, de un Gilberto Echeverri Mejía o de un Guillermo Gaviria Correa quienes, al igual que de otros muchos prohombres de estatura moral similar, quienes hicieron historia con la responsabilidad social empresarial que animó sus idearios de vida. Tanta voracidad alienta ahora a los gremios que apetecen la totalidad de la torta para su exclusivo usufructo.