México es la última víctima de las rabietas de Trump ahora extorsionado por lo que sucede en la frontera que con el paso del tiempo toma visos alarmantes. Es ya casi imposible determinar el número de migrantes estacionados en territorio mexicano a la espera de cruzar hacia el norte. La amenaza de imponer un gravamen del 5 por ciento a partir de junio 10, que paulatinamente subiría al 25 por ciento en octubre, es un golpe a la economía de ambos países y un impacto al consumidor norteamericano.

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El anuncio pone en aprietos al presidente mexicano que hasta ahora ha podido eludir una confrontación directa con el mercuriano de Trump, acostumbrado a cazar peleas con sus enemigos y ahora con un aliado que representa mucho para los intereses comerciales estadounidenses. Hay quienes ven este nuevo round como una forma de “quitarle a México el atractivo para que las empresas dejen de invertir en ese país, por la posibilidad de exportar fácilmente a Estados Unidos”.

López Obrador tiene enfrente el riesgo de que el Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá- TMEC se derrumbe, pues de no aprobarse en el Congreso norteamericano, haría espantar la inversión extranjera. El mandatario mexicano desde tiempo atrás ha mostrado escepticismo a los términos del actual Nafta teniendo que cambiar de posición por el impacto económico que traería un rompimiento del acuerdo vigente.

Por otro lado, López Obrador desestimó las verdaderas intenciones electorales de Trump para quien el tema migratorio es una obsesión. El presidente mexicano ingenuamente se equivoca al otorgarle a los migrantes centroamericanos visas humanitarias, que sólo han servido como una excusa para llegar a la frontera y de ahí saltar a los Estados Unidos. A medida que el flujo de inmigrantes fue creciendo hasta llegar a la cifra inmanejable que hoy manejan las autoridades, Trump pierde la paciencia y su reacción negativa lleva a medidas extremas como el aumento de los gravámenes arancelarios.

Para que no quede duda de las verdaderas intenciones del gobierno Trump sobre la creciente ola migratoria, el Departamento de Seguridad Interna se concentra en tres frentes que deben ser abordados por la administración López Obrador. El primero es la firma de un acuerdo de “tercer país seguro” que le impide a los migrantes no mexicanos que ingresan por la frontera entre ambos países, pedir un asilo o acudir a un juez migratorio, pues el aplicante se considera “seguro” en México. Un galimatías que pretende no solo frenar la llegada de migrantes, sino que el gobierno mexicano se haga cargo de ellos.

La segunda exigencia de Washington es que México controle con mano dura lo que llama las organizaciones criminales de tráfico de personas y tercero que se selle la frontera con Guatemala, donde se origina el ingreso de personas provenientes de ese país, Honduras y El Salvador.

Las leyes comerciales le permiten al presidente actuar discrecionalmente e imponer gravámenes tarifarios, pero no cuando se trata de frenar la inmigración. Para muchos es una clara violación de los tratados internacionales, en particular los establecidos en la Organización Internacional de Comercio. Además, un gravamen se convierte en un impuesto indirecto que muy seguramente va a afectar los precios de los productos provenientes de México, se van a destruir muchos empleos en el sector manufacturero y va a golpear a muchos granjeros.

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El momento es uno de los de mayor tensión de la relación entre los Estados Unidos y México. López Obrador no tiene muchas cartas de donde echar mano y la política de no confrontación con Trump ha fracasado. El futuro económico de ambos países está en su punto más delicado.