El Tribunal Constitucional español anuló este miércoles la declaración de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 27 de octubre, mientras el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió una "participación masiva" en los comicios regionales de diciembre para iniciar una "nueva etapa".

Esa declaración unilateral de independencia provocó por parte del Ejecutivo español la aplicación de una serie de medidas para frenar el secesionismo, entre ellas, la destitución del Gobierno regional de Cataluña, la disolución de su parlamento regional y la convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre.

Rajoy afirmó este miércoles en el Congreso de los Diputados que espera que "la gente sea consciente de la importancia" de esos comicios, que se celebrarán el día 21 del próximo mes.

Reiteró además que está "a favor del diálogo siempre dentro de la ley" y confió en que "a partir de las elecciones, las cosas vuelvan a su cauce" y se abra una nueva etapa de tranquilidad y normalidad, porque, según explicó, existen numerosos datos "preocupantes" sobre la economía catalana.

Desde que el 1 de octubre pasado se celebró el referéndum independentista en Cataluña, anulado por el Tribunal Constitucional, un total de 2.216 empresas han trasladado su sede social desde esa región a otros puntos de España, según los últimos datos oficiales, además de producirse una reducción de actividad en sectores claves como el turismo.

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Al margen de las medidas políticas adoptadas por el Gobierno central, el proceso independentista catalán está también en manos de la Justicia española, ya que las distintas medidas aprobadas por el Gobierno o el Parlamento de Cataluña a favor de la independencia han sido denunciadas por el Ejecutivo de Rajoy ante el Tribunal Constitucional (TC), además de las querellas presentadas por la Fiscalía en distintos tribunales.

El pleno del TC de este miércoles también decidió denunciar por desobediencia a sus sentencias a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa (órgano de gobierno de la Cámara), tal y como pedía el Ejecutivo central en su recurso, que posiblemente conducirá a una nueva querella de la Fiscalía.

Forcadell y cinco miembros de la Mesa del Parlamento catalán deben declarar mañana ante el Tribunal Supremo español tras ser denunciados por el Ministerio Público al permitir que la Cámara catalana aprobara el pasado día 27 de septiembre una declaración de independencia.

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Los seis están acusados de un presunto delito de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, por su papel en el proceso de independencia en Cataluña desde que comenzó su andadura en 2015.

Por esta misma razón se encuentran en prisión provisional ocho antiguos miembros del cesado Gobierno catalán, entre ellos, el exvicepresidente Oriol Junqueras.

Mientras, el expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, y cuatro antiguos miembros de su gabinete, investigados por los mismos delitos, se marcharon a finales del mes de octubre a Bruselas, donde el pasado día 6 se entregaron a la Justicia belga en calidad de detenidos y rechazaron su traslado a España.

Para protestar por estas detenciones, este miércoles tuvo lugar en Cataluña una huelga, convocada por sindicatos y organizaciones independentistas, aunque la convocatoria ha tenido una escasa incidencia en las empresas.

Sin embargo, numerosos grupos de manifestantes provocaron cortes en carreteras y vías de ferrocarril, lo que afectó a la movilidad ciudadana.

A lo largo del día grupos de manifestantes invadieron las vías del AVE (tren de alta velocidad) en la estación de Gerona (noreste), y en la de Sants de Barcelona, lo que obligó a suspender el servicio.

Según el Gobierno español, la convocatoria ha tenido un seguimiento "mínimo y residual en la práctica totalidad de sectores económicos".