El proceso también involucra a parlamento regional de Cataluña, debido a que aprobaron la declaración de un "estado independiente en forma de república".
El Ejecutivo dio unas horas para que exfuncionarios catalanes recogieran sus pertenencias de la sede de Gobierno.
La Fiscalía General del Estado español presentó este lunes demandas por rebelión, sedición y otros delitos contra los integrantes del destituido gobierno de la región de Cataluña y contra los de la Mesa del Parlamento autonómico por impulsar el proceso independentista.
En una declaración ante la prensa, el fiscal general, José Manuel Maza, explicó que la querella contra los anteriores gobernantes catalanes irá a la Audiencia Nacional, porque ninguno de ellos cuenta con un fuero especial tras haber sido cesados por el Gobierno español.
Los miembros de la Mesa (órgano de dirección) del Parlamento regional deberán responder ante el Tribunal Supremo, pues sí cuentan con un foro especial como parlamentarios, añadió Maza.
En ambos casos, la Fiscalía pide que los querellados sean citados para prestar declaración "en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares" por la "gravedad" de los hechos y de los delitos imputados.
El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, ordenó el viernes el cese del presidente independentista de Cataluña, Carles Puigdemont, de todo su gabinete y otros altos cargos, disolvió el Parlamento regional y convocó elecciones autonómicas para el jueves 21 de diciembre amparado en el artículo 155 de la Constitución española.
La decisión se tomó, con autorización del Senado, justo después de que el Parlamento catalán aprobara en votación secreta una resolución cuyo preámbulo declaraba un "Estado independiente en forma de república".
El fiscal general responsabiliza a los anteriores miembros del gobierno catalán de decisiones y actos que han producido una "crisis institucional" que culminó con la "declaración unilateral de independencia" por parte del Parlamento catalán con un "total desprecio" a la Constitución española.
En el caso de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y el resto de miembros de la Mesa, Maza argumentó que éstos permitieron la tramitación, debate y votación de la declaración de independencia.
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