Hay evidencia suficiente de que la JEP no funciona como mecanismo de justicia transicional, si por ello entendemos un mecanismo que facilite la reintegración de individuos que ha violado la ley de manera masiva y sistemática, en el entendido de que estos se reincorporarán al orden establecido dominante con ciertas condiciones, pagando un mínimo de pena por su delito.

Ese es el punto central: las Farc exigían ser juzgados por un órgano nuevo, diferente al imperante en Colombia porque ni las leyes ni los jueces las satisfacían porque no aceptaban el sistema judicial vigente ni la Constitución del que hacía parte, por considerarlos la encarnación de la justicia del enemigo.

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Aceptar arreglo así, que fue lo que sucedió, significaba, ni más ni menos, que no habían sido derrotadas en el campo de batalla, lo que era una presunción contraevidente en agosto de 2010 cuando Santos asumió el poder y decidió que como mínimo había un empate y; además, que tenían razón en sus objetivos estratégicos, en los métodos de lucha y en la justeza de su causa. Esto en contravía de que se encontraban en retirada, empujadas hacia las fronteras de Venezuela y Ecuador, en donde tenían refugios estratégicos y del hecho de que eran responsables de más del 60% de los crímenes atroces cometidos en los últimos cuarenta años, contra 30% de los paramilitares y menos del 10% de las Fuerzas del orden, según el informe Basta Ya. Colombia Memorias de Guerra y Dignidad. Informe General del Grupo de Memoria Histórica, del 2013.

Estos son datos que va decantando la responsabilidad histórica de la tragedia que ha vivido el país y que van dejando claro lo que se jugó con la aprobación de la JEP. No es verdad que las fuerzas del estado sean unos monstruos, como han querido hacernos creer los historiadores y politólogos de izquierda. En realidad, son la única fuerza que ha tenido por política eliminar de sus filas las prácticas atroces y condenar a sus responsables: no forma parte de su práctica ni de su estilo violar los derechos humanos de los colombianos porque están sometidos a un escrutinio riguroso y, en muchas ocasiones, implacable de las organizaciones civiles y de las autoridades nacionales e internacionales sobre sus prácticas. Y muchos de sus integrantes están condenados o investigados -a veces injustamente- por sus acciones. Contrario a las guerrillas y los paramilitares que tienen como esencia el crimen de guerra y de lesa humanidad para sobrevivir y crecer.

Sin ser vencedoras, las Farc impusieron al Estado colombiano la ley de los vencidos. En efecto, este cedió la judicatura, entregó el nombramiento de los “magistrados” a grupos pro-Farc y otorgó sanciones pusilánimes, sin prisión y con premios para los “condenados” de ese grupo, algo muy distinto a las sanciones de 8 años que se impusieron a los criminales de las autodefensas, que se sometieron al estado, no negociaron con este la justicia que se les iba a aplicar.

Con la Jep, las Farc lograron un tribunal que los exonera, incluso de crímenes atroces, a los cuales sólo aplicarán penas irrisorias que no implican prisión -de las cuales no han dictado la primera-, mientras les permiten mantener sus negocios y hasta ser senadores, aun sin haberles hecho un juicio; si han narcocultuidado desde antes de diciembre de 2016, pueden seguir con sus cultivos, así como para otras actividades delictivas que hayan comenzado antes de esas fechas. Las gabelas son infinitas.

Todo porque la Jep fue pensada para ellos. En cambio, los militares que se sometan a ella deben presumir su culpabilidad para que sean sancionados con penas tipo Farc, como un mecanismo perverso para estimular el declarase culpable, porque si se dicen inocentes, los investigan jueces amigos de las Farc y terminarán condenados entre 15 y 20 años. Con militares confesando falsos positivos, se engrosará la lista de los “crímenes de estado” y se seguirá reescribiendo la primera víctima de esta trampa: la verdad.

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Y de una organización de ese estilo, con funcionarios nombrados a dedo y millones de pesos a su disposición, sólo podía esperarse lo que pasó: magistrados haciéndoles favores a los guerrilleros, operadores obstruyendo a la justicia por plata, carrusel de pago de favores a funcionarios amigos, familiares de magistrados en altos cargos, esposas de dirigentes políticos amigos de la JEP. En fin, un botín de filibusteros que de justicia no tienen ni idea. Una verdadera Justicia Especial para Pícaros.

Comentarios:

Edgar
2019-03-10 11:07:40

Excelente el epílogo de un bién fundamentado artículo: JEP= " Justicia Especial para Pícaros".

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