El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, anunció que radicará un proyecto de ley consistente en investir al presidente de la república de precisas facultades extraordinarias para aumentar –por una sola vez– el salario mínimo legal vigente. Este ajuste, desde luego, tendrá que hacer tránsito ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Uribe explicó que este proyecto de ley surge en virtud de lo propuesto por el Centro Democrático (incluyendo al actual presidente Iván Duque Márquez), como una respuesta al deterioro económico y social que padece Colombia. Las otras dos propuestas perfiladas son: la austeridad y total transparencia en el Estado, y la disminución de los impuestos.

Algunos analistas económicos hablan de todo un “decretazo”, pues franquea las negociaciones decembrinas sobre la materia. La revista Dinero dice que el expresidente vuelve y juega con “propuestas heterodoxas”. Lo cierto es que no se trata de elevar el salario mínimo sino de otorgar facultades extraordinarias para que se considere esa opción. Claro que algunos, como el presidente de Cedetrabajo, aseveran que “es toda una cortina de humo para esconder los efectos de la reforma tributaria”. En plata blanca, ajustar el salario mínimo en su literalidad es crearle una nivelación que, en mi sentir, hace falta para quienes devengan este ingreso. Y el presidente de la Andi, expresó que “es supremamente interesante esta propuesta”. El analista Jorge Restrepo, asegura que “es una propuesta populista”.

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Entretanto, el 17 de agosto del año que avanza, el centro de estudios económicos Anif presentó una iniciativa de reforma al trabajo, que no tuvo tanto bullicio como esta propuesta de Uribe Vélez. Se recoge en cuatro puntos medulares: a) Eliminar las contribuciones parafiscales (equivalentes al 4% sobre el valor de la nómina), b) Suprimir los intereses a la cesantía (del 12% anual o proporcional por tiempo de servicios), c) Volver al horario nocturno desde las 10 p. m. y d) Reducir los costos de los despidos (indemnizaciones). Hay una quinta situación que alude practicar toda una cirugía a la temática de pensiones. Y una sexta, competería a ponerle un tope al monto del retiro de cesantías para que prevalezcan como un seguro al desempleo.

El gobierno anterior de Santos, no logró concretar una reforma laboral sobre la que amagó en demasía. El día del trabajo (1 de mayo último), llovieron desde todos los flancos ideas sobre cambios necesarios en la legislación del trabajo. Por ejemplo, se dijo que era clave tener un salario mínimo para cada ciudad (jaez regional), toda vez que los precios de los bienes de consumo son diferentes por región. No faltaron voces que apuntaban a instar un salario por profesión, de cara a quienes tienen especializaciones o doctorados desde la justicia de valorar su conocimiento. Hubo propuestas de aumentar la edad de pensión (hogaño de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres). Y no faltó tanto la preocupación por la gran cantidad de personas ocupadas en informalidad como poner cortapisa a los contratos de prestación de servicios, que son velados contratos de trabajo en no pocas ocasiones.    

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Siempre será todo un “chicharrón” hablar de reformas laborales y de cambios en la legislación del trabajo. El que ose hacerlo, será motejado de populista y el que se silencie será tildado de traidor a la causa de los trabajadores. El presidente Duque, en plena campaña, dibujó muchas ideas que le simpatizaban: buscar recursos para emprendimientos, impulsar las empresas B, generar puestos de trabajo formales y estables, impulsar la transformación productiva 2.0., reducir los impuestos a las empresas para que vinculen más personas, aumentar la productividad y que se libere el potencial de las plataformas de crowdfunding. Todo, con repercusiones económico-laborales.

Empieza el jaleo laboral y habrá que abrir el paraguas para la andanada de críticas. Desde el ángulo que se le mire y desde los intereses polarizados, vendrán huracanes o vientos suaves propios de brisas refrescantes.