Tomamos prestado del portugués el adjetivo siglómanos para darle aquí en Colombia un significado distinto al de su origen, y afirmar que ellos se van a sentir muy a gusto con el nuevo aporte que les va a dar el Congreso de la República.

Ya el poder legislativo les brindó el JEP, que traduce Justicia Especial para la Paz, y en las dos próximas legislaturas los honorables harán hasta lo imposible para brindarles otro regalito más en este siglo de las siglas: JED, que traducida al idioma español que nos convoca, bien puede significar Justicia Especial para el Delito.

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Porque eso es, ni más ni menos, la que ha comenzado a llamarse “Ley Andrés Felipe”, parida por el Centro Democrático para rescatar de las manos de la justicia y de su cómodo sitio de reclusión, al exministro de Agricultura que enriqueció a tantos de sus copartidarios.

Y a la manera de los gregarios que corren en el tour de Francia sacrificándose por sus líderes, arrastrar tras de sí a muchos otros delincuentes correligionarios suyos que hace rato están condenados y pagan cárcel o están huyendo, o ya cumplieron la pena y están libres.

Algo que les dará el estatus de víctimas del Estado por lo que ya deben estar preparando suculentas demandas contra el tesoro nacional, en últimas junto con el resto de los colombianos de bien, los únicos que saldrán perdiendo con esta Justicia Especial para el Delito, apodada “Ley Andrés Felipe”.

Si es que llega a convertirse en realidad pese a los múltiples escollos que encontrará en el camino, podrán beneficiarse con la revisión de su caso, entre otros, los siguientes personajes: Salvador Arana, condenado por el asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, crimen por el que fue premiado con la embajada en Chile; Jorge Noguera, exdirector del DAS condenado por haber suministrado a los paramilitares información que permitió el asesinato del profesor, Eduardo Correa de Andreis; María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, condenada por el triste episodio de las chuzadas; los exjefes de la Casa Militar del Palacio de Nariño en el gobierno de Álvaro Uribe, los generales Flavio Buitrago y Mauricio Santoyo y el ex Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo.

Además, otra serie de personajes vinculados con el uribismo, condenados por irregularidades manifiestas en el desempeño de sus funciones públicas o privadas.

Claro que no todo es color de rosa en el panorama que se vislumbra para la parcializada “Ley Andrés Felipe”, si se tiene en cuenta que debe aprobarse en Senado y Cámara en dos legislaturas y pasar el examen riguroso que le haga la Corte Constitucional.

Y aún en el hipotético caso que salve esos escollos, deberá acometerse enseguida por el aparato judicial la revisión de unos 250 casos, incluido el de Arias, y nadie ha dicho hasta ahora que el suyo tendrá que ser el primero en considerarse, aunque nada tendría de raro que sus defensores de oficio durante la discusión introduzcan por ahí un parágrafo para darle algún orden arbitrario a la engorrosa tarea.

A propósito del hombre de Agro Ingreso Seguro hay que recabar y rechazar el trato exclusivo, amañado y preferente que se ha tenido con él por parte del gobierno y de todo el engranaje estatal, como si no se tratara de un delincuente más de los miles que pululan en esta Colombia inmortal.

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Confidencialidad y misterio absolutos sobre su traída al país; reclusión en un resort militar de cuatro estrellas; cuatro visitas a la semana y quien sabe cuántos más privilegios que por el momento se desconocen pero que seguramente han sido decretados en su honor.

TWITERCITO: Como ahora la moda es tener ley propia, solo falta que presenten una denominada “Rompevidrios El Bizco”.

Comentarios:

diego
2019-07-23 09:17:16

Ya el Congreso perdió la verguenza desde que hundió el proyecto de ley anticorrupción, entonces de qué nos vamos a escandalizar por las demás actuaciones y jugaditas que vienen? Como dice mi admirado Profesor " En éste país la corrupción hiede a kilómetros"

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