En la aspersión de impedimentos, a la única que erradicaron del fallo fue a la magistrada Cristina Pardo.
Se sabe que ocho de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, decidirán el futuro de la aspersión con glifosato. La primera magistrada que buscó zafarse de la decisión, fue Cristina Pardo. Ella, fue secretaria de la presidencia de la república de Juan Manuel Santos, durante su segundo mandato. Es bogotana de cuna, de ideas conservadoras, egresada de la Universidad del Rosario, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional –por cinco años– de los despachos de Vladimiro Naranjo, Marco Gerardo Monroy y Jorge Pretelt, hizo parte de la terna que Álvaro Uribe envió al Congreso para la Corte Constitucional (aunque renunció al considerar que era una “terna de uno”), catedrática de las Universidades del Rosario (directora de especialización) y La Sabana, amén de defensora de las reformas del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc. Logró su cometido de ser magistrada de la Corte Constitucional, tras renunciar en febrero de 2017 al cargo de secretaria de presidencia, y reemplazó al cuestionado Jorge Pretelt. Tiene un segundo apellido foráneo (Schlesinger). Su antedicho impedimento, fue admitido. Sale de escena. No votará. Fue erradicada.
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Ahora pasamos al magistrado Alejandro Linares Cantillo, quien también se declaró impedido. Fue viceministro de agricultura y vicepresidente jurídico de Ecopetrol. Desde el año 2015, funge como magistrado de la Corte Constitucional. Cimentado en la Universidad de los Andes, también fue asesor de presidencia y ministro plenipotenciario de la embajada de Colombia en París (gobierno de Barco). Es docente de las Universidades de Los Andes, Nuestra Señora del Rosario y Norte de Barranquilla. El día 5 de marzo de este año, Juan Manuel Santos se reunió a manteles con este magistrado, precisamente el mismísimo día en que se llevó a cabo la audiencia pública sobre el uso del glifosato en el país. Para muchos, fue una intervención del exmandatario en asuntos de Estado y un “lugar equivocado” de los togados. Como todos recordamos, Santos defendió la decisión de suspender la aspersión aérea con el químico.
Un sobrino de Santos (Gabriel Santos) se encendió en tuiter contra el tío exmandatario, al considerar inapropiado e innecesario que Juanpa se reuniera con magistrados de la Corte Constitucional, habida cuenta de que ellos deberían tomar partido con respecto a la propuesta del presidente Duque de modular la decisión que limita el uso del glifosato en Colombia, desde 2017, cuando se desató una acción de tutela, la T-236. El almuerzo fue en el Restaurante Bonaparte, muy cerca del Palacio de Justicia y fue Linares el que de manera increíble invitó a este almuerzo (y el paganini de la cuenta). También se sentaron como comensales Alejandro Gaviria y Jorge Valencia Jaramillo. El exmagistrado José Gregorio Hernández, quien fue presidente de la Corte Constitucional y es uno de los íconos de actuaciones independientes, de carácter y criteriosas, se mostró aterrado con ese almuerzo y recordó que los debates deben adelantarse sin presiones e influjos y menos sin la cercanía de interesados cercanos. Y se vino con toda, al expresar que “las reuniones de magistrados con personas que puedan tener interés están totalmente prohibidas expresamente por el reglamento de la Corte Constitucional desde el año 1992”. ¿Pero de qué valió todo esto?
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El revuelo no se hizo esperar. Y allí, a ese almuerzo indecente, también acudió la magistrada Diana Fajardo, quien de igual forma se declaró impedida. Esa fotografía, de todos a manteles, fue la más visible en redes sociales. Otrora, Santos se reunió en pleno con el Partido de la U y pidió el voto como magistrada por la aspirante de entonces, Diana Fajardo. Benedetti, ese fastidioso personaje, dijo que “si el Senado no elegía a la doctora Fajardo, el proceso de paz con las Farc peligraba”. Algo grotesco. A esa magistrada, la Embajada de Estados Unidos le suspendió la visa y luego se la retornó. Resulta y sucede que la joyita de Diana Fajardo, también se reunió con el abogado de las Farc, Enrique Santiago. Fajardo, es de Zipaquirá y es abogada de la Universidad de Los Andes. También fue asesora de Horacio Serpa.
Pues bien, los impedimentos de Linares y Fajardo, fueron negados. Con ellos, adentro, la discusión estaría cuatro-cuatro. Hay cuatro, que se adscriben a la negativa y cuatro que están por la atemperación. Hay una tendencia jurisprudencial que determina que se debe aplicar el principio de precaución de que “ante la duda, es mejor abstenerse”. Este 17 de julio, no se llegó a un acuerdo en la Corte Constitucional sobre este espinoso asunto. El magistrado Alberto Rojas, lidera la negativa (prohibición de aspersión bajo esta modalidad). Esto tiene cara de terminar llamándose a un conjuez, que se designa por sorteo, y quien tiene quince días para conocer la decisión. Por mucho esfuerzo que se tenga, el presidente Iván Duque perderá otra batalla. Una más. Mientras tanto, en la aspersión de impedimentos, a la única que erradicaron del fallo fue a la magistrada Cristina Pardo. Los otros dos, se mantienen de pie en el cultivo.