Para quienes creemos y hemos participado activamente en la implementación de los acuerdos de paz, el avance del posconflicto y la lucha por las transformaciones democráticas que requiere el país, este 2019 se convierte en un escenario de grandes retos y oportunidades que deben ser cuidadosamente integrados a la agenda de la institucionalidad, de la sociedad y de sus organizaciones en general.

Uno de esos objetivos es frenar el asesinato de líderes sociales sacrificados para aclimatar la zozobra y lograr que el conflicto armado resurja con mayor intensidad. También, coadyuvar para que brille la Justicia, porque son tan responsables los grupos ilegales como los enemigos de la restitución de tierras, algunos empresarios y ganaderos incómodos con la consolidación de la paz, y que buscan -como en otras ocasiones- impedir la materialización de este horizonte de convivencia. No podemos permitir que los crímenes aludidos emulen el exterminio acaecido en los años 80 y 90 contra los miembros de la UP, del Frente Popular y muchos defensores de los Derechos Humanos. Que la gestión gubernamental identifique las causas profundas de esta desgracia nacional.

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La movilización social, la denuncia ante organismos internacionales, la consolidación de los acuerdos de paz y el papel de los medios de comunicación y los generadores de opinión se convierten en garantes del denodado esfuerzo que debemos protagonizar todos los colombianos en favor de la consolidación de los acuerdos derivados de la negociación con la guerrilla de las Farc. Aunque la verdad es que la concreción de algunos de ellos está embolatada, mientras que otros marchan a paso de tortuga. Claro que para nada ayudan las últimas declaraciones de Iván Márquez: no hay sindéresis cuando se lamenta de haber entregado las armas, en lugar de impulsar acciones de movilización y protesta en la calles contra el incumplimiento de los puntos pactados. Pero también es necesario llamar la atención sobre el nefasto papel que viene jugando el alto comisionado de paz y la oficina para el posconflicto, perdidos de foco.

La JEP y la Comisión de la Verdad, exigen nuestro profundo respaldo en medio de quienes quieren frenar o acabar su funcionamiento. Estos son de los grandes avances de los acuerdos de paz.

La sustitución de cultivos ilícitos ha sido manejada en forma mentirosa por parte del Gobierno. Mientras crece la resiembra, el compromiso con los campesinos que dejaron de cultivar la coca para impulsar otras actividades, no se cumple. Por el contrario, quieren acudir a acciones de fuerza y a revivir la fumigación aérea sobre dichas plantaciones. Además, está fortalecida la presión de grupos ilegales que ofrecen alternativas más atractivas para retomar este quehacer.

La otra lucha que compromete a los sectores sociales y a los líderes pacifistas es la búsqueda de mayores niveles de equidad social y económica, frente a un gobierno que fortalece al gran capital, como lo demuestra la Ley de Financiamiento, que al tiempo consagra verdaderos atropellos contra el bolsillo de los estratos más pobres.

Ahora bien, la lucha contra las estructuras delincuenciales exige enfocarse en la procedencia de sus rentas ilegales: narcotráfico, contrabando, lavado de activos y legalización de los recursos producto de la extorsión y la vacuna, concentración indebida de la tierra e inversiones empresariales. Es urgente desmontarlas, y lograr el saneamiento de estos capitales para su incorporación a la economía formal.

Por su parte la masa de electores debe analizar las propuestas que darán cuerpo a la inminente campaña electoral, para participar activamente de la formulación de los programas y votar por candidatos honestos, trasparentes y comprometidos con la paz y la convivencia; que ofrezcan combatir seriamente la corrupción, el caudillismo y a los sectores que propician la polarización de la opinión pública; que desmonten el clientelismo, la compra de votos, la influencia del narcotráfico y de los dineros ilegales. Pero, sobre todo, que demuestren capacidades y vocación para cambiar el actual panorama que en nada favorece la concordia y la reconciliación nacional.

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P.D. Nuestro más enérgico rechazo a la acción terrorista del 17 de enero en Bogotá. Clamamos por un rápido esclarecimiento de los hechos, y que se evite la tentación de usar este desgraciado suceso para seguir dilatando la implementación del proceso de paz que Colombia reclama.