¿Para qué pensar en aumento de penas, o en cadena perpetua o en pena de muerte en Colombia si el aparato de justicia no es capaz de aplicar pronta y eficiente justicia?
Como ciudadano del común, al observar desprevenidamente el comportamiento de algunos de los miembros que conforman cada uno de los tres poderes públicos en Colombia, llegaría uno fácilmente a la conclusión que los tres poderes nacidos después de la Revolución Francesa como alternativa al poder omnímodo del monarca de turno, están apenas en pañales en términos de fundación, desarrollo y resultados entregados a la fecha, en un país como Colombia.
Lamentablemente los casos de algunos de sus miembros, desprestigian a todo el andamiaje, sobre todo porque cuando en Colombia se habla de “casos aislados”, se habla de situaciones repetidas o consuetudinarias que están en cabeza de personajes diferentes, en momentos distintos del tiempo.
Les pregunto yo a mis alumnos en clase: “¿Usted se haría matar por defender el poder judicial en Colombia? La respuesta es NO. ¿Usted se haría matar por defender el poder legislativo en Colombia? La respuesta es NO. ¿Usted se haría matar por defender el poder ejecutivo en Colombia? La respuesta es NO.”
Puede que usted amable lector critique o no esté de acuerdo con la manera como está formulada la pregunta. Lo que sí es cierto es que todos sabemos su trasfondo y lo peor es que por unanimidad, las respuestas reflejan el desprecio, la indiferencia, el descontento, de quien responde (que es la generación que nos ha de relevar) por el accionar de estas mal llamadas Instituciones Republicanas. Lo que queda como corolario, es qué al no respetar estos poderes, pues no respetamos a la Democracia, y si no respetamos a la Democracia, pues deberían existir otras opciones, pero como no existen ni se buscan otras opciones, pues estamos sumergidos en un pantanero, en medio del limbo, lo que pone en alto riesgo nuestro frágil proyecto social y político, en caso de que exista.
El principio fundamental de los procesos educativos se llama “EJEMPLO”. ¿cuál es el ejemplo que recibimos de manera usualmente generalizada de nuestros congresistas, de nuestros altos magistrados y de quienes ostentan los altos cargos ejecutivos desde el presidente, los gobernadores y los alcaldes?
No hay día en que alguno de estos funcionarios públicos no aparezca vinculado a cualquier tipo de escándalo, escándalos que van desde falsificar títulos académicos, manipular condiciones para ocupar algún cargo, acoso sexual, nepotismo, contratos y licitaciones amañados, extralimitación de funciones, chanchullos, malos manejos, prevaricatos y algunos llegando hasta el límite de lo penal.
Repito: todos los días pasa y sigue pasando. ¿Qué pensará un joven ante esta realidad? ¿Qué pensará un extranjero? ¿Qué pasará por la cabeza de un simple ciudadano cuando ve a un magistrado, a un contralor, a un congresista, a un alcalde o a un gobernador esposado en medio de agentes del CTI? ¡Qué vergüenza planetaria! ¡Trágame tierra!
Los norteamericanos todavía no han podido superar lo sucedido con el presidente Nixon y Watergate, quien fue obligado a renunciar al más alto cargo de su Nación, traumatizando, desprestigiando y socavando en lo más profundo el respeto por quien es considerado en esas latitudes como el “papá de todo un país”.
Por otra parte, en Colombia no se conjuga el verbo renunciar, y además, a los implicados usualmente les sucede que caen de para arriba o les dan casa por cárcel o los favorecen con prebendas, o como usualmente sucede, el aparato de justicia presencia atónito pero impasible como hay que dejar el libertad a ciertos personajes por vencimiento de términos, procedimiento usado como estrategia por los más prestigiosos litigantes, lo cual entierra toda posibilidad de creer en el aparato de justicia colombiano.
¡Impunidad, Impunidad, Impunidad!
¿Para qué pensar en aumento de penas, o en cadena perpetua o en pena de muerte en Colombia si el aparato de justicia no es capaz de aplicar pronta y eficiente justicia?
Nos encanta que todo quede escrito como constancia, para después no tener como implementar lo establecido, redondeando el círculo vicioso de que en Colombia todo está previsto en la Constitución y los Códigos, en Colombia la Ley se respeta, pero en Colombia la ley no se cumple.
NOTA: Para colmo de males, y como para llenar la taza, recientemente hemos sido testigos pasivos de cómo quedan en libertad tres sujetos que nos avergüenzan ante propios y extraños, por vencimiento de términos: Francisco Ricaurte exmagistrado de la Corte Suprema por el llamado “Cartel de la Toga”. Carlos Palacino por malos manejos de la EPS Saludcoop y Cesar Mondragón por el mal manejo de las libranzas en Estraval.