La secretaría de Gobierno de Medellín ratificó que la normatividad vigente en Colombia permite la celebración de corridas de toros en la ciudad. Sin embargo, es en los requisitos contenidos en el decreto municipal 1199 de 2011, por medio del cual se reglamenta la realización de espectáculos públicos, donde los empresarios que intentaban celebrar la temporada taurina de La Macarena encontraron lo que podría ser el principio del fin de la tauromaquia en la capital antioqueña.

Tras hacerse pública la respuesta a un Derecho de Petición enviado a la alcaldía de Medellín por parte del ganadero y empresario Alberto Cediel, la ilusión de los aficionados a las corridas de toros volvió a florecer por cuanto en la misma se ratifican las normas y excepciones que le dieron vía libre a los espectáculos taurinos “en los lugares en donde constituyan tradición", según la sentencia C-666 de 2010 de la Corte Constitucional, que cobija a Medellín y a su plaza de toros.

Sin embargo, según le confirmó a EL MUNDO Ricardo Peláez Restrepo, vocero de D’Groupe, operador y accionista mayoritario de La Macarena, lo expuesto en tal documento no constituye ni un permiso ni una autorización, por lo que la cancelación de la temporada taurina sigue vigente.

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El empresario Cediel, parte colombiana en el consorcio constituido con la empresa mexicana Casa Toreros para organizar los festejos en Medellín, se preguntó en su cuenta de Facebook si el documento enviado por la alcaldía, con fecha del 25 de enero pasado, era una “forma moderna de lavarse las manos”, puesto que tras la lectura del mismo, “la responsabilidad para que se realice la Temporada Taurina de Medellín hoy recae totalmente en D’Groupe”.

En efecto, el Derecho de Petición en cuestión, cuyo número de radicado es el 201910007693, enumera también los requisitos para la celebración de “espectáculos públicos y demás actividades que impliquen la concentración de personas con fines lúdicos, recreativos, deportivos, académicos o de manifestarse públicamente”, entre los cuales sobresale el numeral sexto: “Contrato de arrendamiento del sitio del evento y/o autorización del propietario”.

Para Alberto Cediel “este contrato es el mismo que Casa Toreros realizó y el alcalde coaccionó para reversar y posteriormente lo celebró en video” y añade que tanto la Administración como D’Groupe “están de acuerdo para hacer esta jugada, pues nos dan como obligación tener toda la documentación requerida con una antelación de 15 días para la realización del espectáculo”.

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Según el anuncio realizado a comienzos de enero, la temporada taurina empezaría el 9 de febrero, fecha que está ya casi por fuera del margen en el supuesto de que D’Groupe decidiera otorgar nuevamente el contrato de arrendamiento.

“Parece una jugada orquestada entre los dos socios dueños de la plaza”, reiteró en diálogo con EL MUNDO y reconoció que “el peligro para la actividad taurina es total, porque si bien la alcaldía ‘legalmente’ a través de su secretaría de Gobierno no prohíbe ni niega, pues deja en manos de la empresa privada que se realice el evento, por lo tanto, si no se hace, deja en peligro la continuidad del espectáculo como tradición taurina en La Macarena, pudiendo afectar lo que en la sentencia se proclama y exige”.

En el hipotético caso de que D’Groupe cediera a las presiones de los aficionados en redes sociales y devolviera firmado el contrato existente, el empresario señala que se podrían celebrar, incluso, los tres festejos previstos.

“Viables son las tres corridas hasta mañana (martes); ya pasado mañana (miércoles) estaríamos fuera de tiempo para la primera corrida y nos quedarían nada más dos corridas; todo depende de cuando envíen estas personas el contrato, todo depende es de eso, porque de resto todo lo tenemos listo para entregar”, finalizó.