Hace un año escribí que no había muchos motivos para desear a mis lectores un feliz año. Y casi así fue. Cercados por movilizaciones, asaltos, vandalismo a nuestra infraestructura y a nuestra fuerza pública, etc., asistimos al desafío que una minoría especialista en hacerse percibir como una gran mayoría hace a nuestro estado democrático de gobierno.

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Afortunadamente, el país logró resistir la embestida, mostrando la fortaleza de las instituciones y la sabiduría política de los colombianos, quienes lograron desentrañar las intenciones de quienes dirigen el movimiento y comienzan a manifestarse sin aspavientos, pero con firmeza sobre su derecho a trabajar, estudiar, tener salud y educación y movilizarse, los cuales, saben, les están arrebatando no desde el gobierno, sino desde la calle, a punta de violencia.

Los ciudadanos están rechazando, con un silencio atronador, las acciones de quienes dicen representarlos, y contemplan asombrados el intento de lavado de cerebro al que son sometidos los niños y adolescentes de las escuelas y colegios públicos a quienes abiertamente  les inculcan el socialismo y el odio de clases, según reconoce la dirigencia de Fecode; o la captación en las universidades de jóvenes altruistas para ponerlos al servicio de la extrema izquierda; o las maniobras que desde la rama judicial algunos realizan para politizar la justicia, pero no cumplen con el mínimo deber de elegir el faltante de magistrados, para que esas corporaciones puedan cumplir con su deber constitucional; o las muestras de opulencia de voceros indígenas que andan en lujosas camionetas Toyota conseguidas con los recursos que entrega el gobierno, mientras reclaman por la escasez de recurso que entrega el gobierno a sus comunidades; o la escandalosa hipocresía de una oligarquía sindical  que gana significativos emolumentos, muy por encima de lo que devenga un obrero medio colombiano, por representar a los trabajadores de sus sindicatos, sin que tengan que trabajar un solo día; o la práctica de congresistas que dicen luchar contra la corrupción pero reciben literalmente bolsas de dinero que no han podido justificar.

Ahora bien, el que el país haya sorteado la amenaza que quedó, a fines de año reducida a mínimas expresiones, no significa que pueda cantar victoria. Esta no está garantizada. El año entrante asistiremos a la continuación del embate, que tratará de acorralar al presidente Duque, pero también al pueblo colombiano, en la idea de hacerle creer a este que los problemas que surgen son responsabilidad del gobierno, tal como lo dijo el dirigente estudiantil que, con cinismo, afirmó que el causante de las larguísimas caminatas de los bogotanos era el presidente que se negaba a ceder en las “justas peticiones” de los dueños de la protesta y a negociar exclusivamente con ellos, desconociendo a la inmensa mayoría de los colombianos. Como he sostenido aquí, un verdadero golpe de estado en el que se impone lo que ellos dicen o no hay salida.

Corresponde al gobierno actuar con prudencia, pero con firmeza. Hasta ahora lo viene haciendo: ha mostrado que la pluralidad colombiana no se reduce a las que privilegia el comité de paro (que, por ejemplo, en el mundo de la fuerza laboral ni siquiera ha sido capaz de parar a sus escasas bases, y eso que apenas representan el 5% de los trabajadores y empleados colombianos) y ha planteado una conversación nacional con todos los sectores de la variopinta realidad nacional, dentro del marco institucional, dejando en claro que aquí gobierna quien gana las elecciones y no quien saca a  la calle una minoría vociferante, cuyos dirigentes tienen designios que nada tienen que ver con las reivindicaciones de la gente y manipulan quienes participan de buena fe, manteniéndolos siempre  mal informados y engañados.

La estrategia de desmontar el movimiento dándole salida a los reclamos que puedan ser justos, tanto de los participantes en este, como de los que no forman parte de él, debe ser cuidadosa y bien meditada para evitar errores que puedan darles razones a los dirigentes de la protesta, porque ellos buscan, precisamente que el gobierno se equivoque para capitalizar sus fallas y empujarla hasta puntos de no retorno institucional. Hay líneas rojas que no se pueden cruzar, por ejemplo, desmontar el Esmad, o no judicializar a los responsables de actos de violencia.

Pero también debe desplegar acciones que ganen el respaldo de todos los colombianos, y, entre ellos, de los que respaldan de buena fe el paro. Es, en ese sentido, que entiendo la propuesta de Duque de entregar a las víctimas las 16 curules que se acordaron en el Congreso en la negociación del acuerdo de paz con las Farc. Lo que se ha dicho oficialmente es que hay que tramitar las medidas jurídicas necesarias para que TODAS las víctimas puedan participar en su elección, y no como quedó en el mencionado pacto, en el que las curules irían exclusivamente a los amigos de las Farc. Que todas las víctimas tengan representación en el Congreso sería un paso adelante en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y una muestra en la dirección correcta que mostraría, una vez más, que Duque está interesado en la paz, dejando sin piso las declaraciones del comité de paro y de su aliado, el inefable Roy Barreras.

También hay cosas que el gobierno debe facilitar: garantizar el ejercicio de opinión y de protesta de aquellos que están contra el paro y/o sus métodos. No para fomentar una confrontación directa, que no le conviene al país democrático, sino para permitir que la sociedad en su conjunto pueda encauzar su acción hacia formas democráticas y pacíficas de apoyo a las instituciones. Están en mora de organizarse y coordinarse los partidos y las organizaciones sociales y de la sociedad civil que respaldan el orden institucional, para que se manifiesten, de distintas maneras, en las calles, en foros, en el congreso, en todas partes, respaldando nuestra democracia.

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En repetidas ocasiones he venido hablando de la necesaria gobernabilidad del país que incluya las fuerzas democráticas representadas en el Congreso. En ese escenario se definirán muchas cosas de interés nacional en esta coyuntura. Pero también, he venido reclamando que las organizaciones sociales y civiles que apoyan la democracia se unan en esta coyuntura, pero más allá de esta, para que, junto con el gobierno y las organizaciones políticas, unan sus fuerzas. Se trataría de un pacto de gobernabilidad nunca visto en Colombia, un frente por la defensa de la democracia:  estado, partidos y grupos políticos, sociedad civil y grupos sociales, construyendo una plataforma de largo alcance (10 o 12 años, que cubra los próximos 2 o 3 periodos presidenciales) que garantice la permanencia de las instituciones del estado social de derecho y su estabilidad, para que el país salga definitivamente del hoyo de las propuestas de la izquierda radical violenta y avance hacia una sociedad en la que todos tengan derechos, bienestar dentro de un modelo de democracia liberal.

Ojalá se pueda hacer. Un feliz año para todos. Que superemos todas nuestras dificultades con nuestro trabajo y nuestro apoyo a la democracia.

Comentarios:

MIGUEL
2019-12-15 08:30:40

¡QUÉ EXCELENTE QUE EL DIARIO EL MUNDO ACEPTE LA DIFUSIÓN DE TODO TIPO DE OPINIONES, ASÍ SEAN LAS MÁS RECALCITRANTES!

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