Allí no hay incomodidad a la que se someten los ciudadanos, según la alcalde, sino una violación de sus derechos fundamentales
La alcalde de Bogotá diseñó un complejo protocolo para garantizar el derecho a marchar de quienes protestan contra el Estado. Lleva incluso, veedores para monitorear las posibles agresiones contra los manifestantes, con el ánimo de evitar excesos de la fuerza pública.
Todo bien, pero, me pregunto ¿cómo cumplir los derechos de quienes no protestan? Porque los innumerables pasos que hay que satisfacer para que se autorice la acción de la fuerza pública cuando se les impide a estos ir a trabajar, a estudiar, a asistir a citas de salud, etc.
Ya la funcionaria dijo que jamás violaría la autonomía universitaria, como si esta significara, no la posibilidad que tienen esas instituciones, basada en la libertad de pensamiento, expresión y de libre discusión, de proponer sus currículos, la investigación y la extensión que consideren adecuada desde su misión y visión, sino extraterritorialidad, es decir, lugares en los que no funcionan las leyes de la república, y se convierten en sitios para planear y ejecutar todo tipo de acciones violentas, incluido el uso de explosivos, contra el estado y los ciudadanos inermes (sin mencionar el amedrentamiento que sufre la mayoría de los estudiantes en los campus, por parte de los violentos).
Ese concepto de autonomía ha sido utilizado por la extrema izquierda durante más de sesenta años, con excelentes resultados, con argumentos como que el “tropel” se justifica por las injusticias sociales del país, se convierte en una especie de conciencia moral de los colombianos y dedo acusador a los distintos gobiernos; y que ponerlo en cintura afecta la poca democracia que hay en Colombia. La conclusión es que este tipo de violencia sólo se acabará cuando se terminen las desigualdades en el país. Es decir, que la las heridas y muertes que causan y la destrucción de los bienes públicos y privados, están moral y políticamente autorizados, sólo porque se incuban en los campus.
Esto significa que hay destrucciones y violaciones de derechos de los colombianos que son buenas porque son realizadas por jóvenes altruistas y preocupados por la desigualdad. Nada más falso. Basta recordar los excesos a los que ha llevado esa línea de conducta, encarnados en los crímenes de las Farc, el Eln y otras organizaciones de extrema izquierda. La lucha por los derechos y las libertades no se resuelve, sino que se agudiza con tales acciones., perjudicando, sobre todo, a quienes dicen defender.
Y el concepto que acabo de expresar también es válido en la manifestación callejera. En efecto, es bastante complicado, si no, imposible reprimir los actos de vandalismo de los encapuchados en las calles cuando estas son usadas para la destrucción sistemática de la infraestructura que usan los más pobres y que viven más lejos, y el uso de explosivos que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos y de los agentes del orden.
Pero, quiero llamar también la atención sobre una violencia más sutil: la que se infringe “pacíficamente” mediante el método de copar las calles para impedir el tránsito. No hay un evidente uso de la fuerza, pero hay uno de hecho. Una ciudad bloqueada por horas y horas y días y días. Allí no hay incomodidad a la que se someten los ciudadanos, según la alcalde, sino una violación de sus derechos fundamentales. Incomodidad sería que hubiese vías alternas de fácil acceso y que las movilizaciones fueran la excepción y no la regla, producto, además, independientemente de la buena fe de la mayoría de los marchantes, de una agenda política oculta por parte de los organizadores. ¿Cuáles derechos defiende la funcionaria?
Llamo a la reflexión sobre esos puntos, para que podamos entender de qué se trata cuando hablamos de respetar los derechos de los ciudadanos en caso de una protesta callejera.