Aterra la inseguridad que se cierne sobre los candidatos que se encuentran actualmente en campaña electoral en Colombia. Sobre nuestra democracia…

Los asesinatos y atentados que ya han ocurrido, y las amenazas y riesgos denunciados por la Defensoría del Pueblo y por la Misión de Observación Electoral -MOE-, son muestra clara de lo que está pasando y de lo que se avizora para nuestra democracia y para la institucionalidad colombiana.

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Y ojo: Digo lo que se avizora no solo por la integridad de los candidatos en los días que faltan de campaña, sino también por las autoridades en que se convertirán aquellos que alcancen sus cargos. Grandes nubarrones cubrirán la legitimidad y las actuaciones de todos los candidatos elegidos bajo presiones o la ayuda de agrupaciones armadas.

Es una situación que cada vez se generaliza más en determinados territorios estratégicos para el desarrollo de las economías ilegales, tales como el narcotráfico, la minería criminal y el contrabando. A ello se suma la guerrilla del Eln que desde hace muchos años ejerce presiones violentas en muchos municipios.

Hace pocos días, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 035-19 sobre riesgo electoral en las actuales campañas. El panorama es desolador para nuestra democracia:

Según la entidad, 402 municipios y 16 áreas no municipalizadas están en riesgo electoral. De dichos territorios, 78 presentan riesgo extremo, 176 riesgo alto y 164 riesgo medio. Los departamentos con mayor número de riesgos advertidos son Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca, La Guajira, Meta y Valle. Los tres departamentos con mayores volúmenes de riesgo extremo (Antioquia, Chocó y Bolívar) son igualmente aquellos que llevan la delantera en municipios advertidos.

La Defensoría expresa que las organizaciones victimarias son el Eln, el Epl, el Clan del Golfo (AGC), las disidencias de las Farc, los grupos armados ilegales Post AUC, grupos armados sin identificar y otros grupos armados (GDO).

¿Cómo se está falseando la democracia por parte de estas organizaciones ilegales? Hay varias formas: Financian, intimidan, desplazan o asesinan. Las víctimas son los mismos candidatos, sus dirigentes de campañas o adeptos políticos, y las poblaciones electoras.

Ante estas denuncias y movido en concreto por el terrible asesinato de la candidata a la Alcaldía de Suárez -Cauca-, hace pocos días el periodista Yamid Amat preguntaba a la directora de la MOE, Alejandra Barrios, si esos hechos constituyen violencia política.

¡Pues claro que sí! Son violencias contra candidatos en campaña que buscan el poder mediante la democracia. No debe haber duda de que estamos ante la presencia de violencia política. Para que esta se dé no necesariamente tiene que ser ejercida con el fin específico de sacar del camino a determinado aspirante para que otro llegue, no, hay otras motivaciones fundadas en la incomodidad que para algunos grupos criminales generan algunos candidatos que de llegar a ganar ponen en riesgo sus rentas ilícitas y su control social en los territorios.

Sin embargo, tampoco puede desecharse que se haya incrementado la política violenta como ha sido costumbre en Colombia desde la mitad del siglo pasado. No solo asesinatos como el de Gaitán, Galán y otros líderes próximos a llegar al poder son los que han manchado de sangre nuestra democracia. A lo largo y ancho de Colombia han sido miles los candidatos a diversos cargos que han caído víctimas de sus competidores o sus grupos políticos, víctimas políticas que poco se mencionan y que también son hoy el objetivo de esa política de “ganar” sacando del camino a los contrincantes.

Según los análisis que hasta ahora se han hecho, los grupos delincuenciales de diversa índole ya saben o sospechan cuáles candidatos se podrían oponer a sus intenciones de controlar o seguir controlando los territorios donde operan sus economías ilícitas. Y algo peor: Aunque no hay pruebas al respecto, no solo quieren impedir que lleguen esos opositores, sino que en muchos casos tienen sus propias fichas aspirando al poder formal que les facilitarán sus actividades criminales. Son vínculos difíciles de constatar y serán las autoridades quienes los investiguen, pero son relaciones que ya se han dado -se dan- y pocas veces se establecen judicialmente por la sutileza de las mismas o por indiferencia o incapacidad de los organismos del Estado.

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Además, no solo es a alcaldes, concejales y diputados a quienes los criminales ponen como sus controladores legales directos en los territorios, sino que también controlan por medio de amenazas a quienes no están en “su nómina” pero que deben hacer o hacerse los de la vista gorda ya sea porque no denuncian por temor o porque el Estado no está en capacidad de prestarles la protección debida.

Pero hay más: Estos asesinatos, amenazas y candidatos fichas de criminales no solo atentan contra la democracia en los respectivos municipios sino que también son la base de apoyo para algunos candidatos a gobernaciones y al Congreso, cuando hay lugar a ello. Entonces, ¿quiénes de verdad resultan mandando en varias regiones del país? Desde municipios hasta autoridades nacionales pasando por departamentos son gobernantes rehenes del poder armado criminal. Dichos grupos crean repúblicas independientes. No en vano por lo general en los municipios donde más hay corrupción se presenta mayor índice de criminalidad, en otros casos se presenta una tranquilidad pegada con balas, cuál de todas más dañina para la institucionalidad y la democracia y, por supuesto, para la vida.