Tenemos que decidir cuál es el modelo de Estado que queremos, o seguimos en el individualismo asistencialista con gigantismo estatal o forjamos un Estado austero que consolide una sociedad civilizada que expanda todo su potencial de desarrollo real, humano y territorial.

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Preocupa la expansión estatal, el gasto, el derroche en programas antitécnicos y burocracia del mal gobierno Santos, que creó 83.600 nuevos cargos y 27 nuevas entidades, generando un gasto total de funcionamiento, que de 2011 a 2017, se incrementó 73,5% mientras que el presupuesto total sólo creció 51,3%, en tanto que en el gobierno Uribe, con una lógica de más inversión y menos gasto, de 2003 a 2010 se incrementó sólo 92,3% por debajo del presupuesto total que subió hasta 108%.

Entre 2011 y 2017, el gasto de funcionamiento santista pesó en el presupuesto entre 18% y 20% del total cuando pasó de $81 billones (2011) a $133 billones (2017), mientras que en el gobierno Uribe este gasto mantuvo límites de 8% y 9%.

La ley de financiamiento surge por esta burocracia y mil asuntos desfinanciados pero comprometidos legal, judicial o administrativamente, nuevas inflexibilidades presupuestales, más las vigencias futuras de 93 billones de pesos comprometidas hasta el año 2048, y el abultado endeudamiento central, superior a 440 billones de pesos, (más del 45% del PIB) y una deuda del sector público no financiero que aumentó del 43% del PIB en 2010 al 56% en 2017, más la desaceleración economía donde el PIB per cápita cayó 23%, y la tasa de informalidad es del 48%.

El nuevo gobierno debe tener el carácter de decidir reducir entidades, reestructurar programas, simplificar, estandarizar, unificar, implementar modelos de integración administrativa y articulación de esfuerzos, modelos de bolsa común para evitar derroches y aumentar el impacto coordinado, tener un modelo escalable, replicable que marque una ruta que merme expectativas y que sea pragmática, realista, que identifique donde reorientar recursos y lograr que su asignación productiva sea mayor, acorde a una prospectiva con propósitos claros y objetivos precisos de reparación.

La política de víctimas es asistencialista con vocación de permanencia, en lugar de ser transitoria y con vocación de desarrollo. Los cálculos de cumplimiento de la ley 1448 estiman que entre 57 años y 80 años se estarán reparando de manera integral. Han derrochado $76,9 billones de pesos de 2012 a 2018 entre 53 entidades implementando mal esta política, y sólo el 23% de los recursos de inversión son efectivamente asignados directamente a las víctimas, y en indemnizaciones administrativas sólo han llegado al 11% de la población. Faltan 7 millones de víctimas por atender y faltan 129 billones para su completa implementación, de los cuales en indemnizaciones faltan 42,7 billones de pesos.

Identifiquemos los factores y políticas que limitan nuestro crecimiento, aprendamos del exparlamentario liberal sueco y doctor en economía, Mauricio Rojas que en su libro Suecia el otro modelo, describe como el asistencialismo con gigantismo estatal tocó su fondo en 1990 y con profundas reformas lograron “cambiarlo todo para que, en lo que realmente importa, nada cambiase”. Pasaron de un Estado Benefactor a un Estado Posibilitador, competitivo, industrializado, innovador, con solidez institucional, con vocación de aumentar la tasa de ocupación, estimular la laboriosidad y el desarrollo humano.

Con reformas cuantitativas el gasto insostenible bajó 178 puntos del PIB, ordenó las cuentas fiscales, disminuyó transferencias por conceptos de “no-trabajo”, aumentó los controles y exigencias para subsidios; y abrió a la competencia los servicios de responsabilidad pública. Complementado con reformas cualitativas sobre el uso mismo de los recursos, y reformas pro-trabajo, para hacer más rentable el trabajo, aumentar la ocupación, orientando todo al empoderamiento ciudadano, la colaboración público-privada, a disminuir las ayudas estatales y mermar la carga impositiva.

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Con los recursos de víctimas se deben realizar megaproyectos colectivos estratégicos de país, trenes, agroindustria y energía, que sean accionistas de estos, y subsidiar la seguridad social para los empresarios que los vinculen con estabilidad, no más asistencialismo limosnero, la gente quiere trabajar para superar su vulnerabilidad y recuperar su dignidad.