En términos de consolidación de la institucionalidad en los territorios donde perduró por tantos años el conflicto armado en Colombia es mucho lo que se ha perdido en los meses de gobierno del presidente Iván Duque.

En la campaña electoral que lo llevó al poder el presidente acogió la postura de los sectores más extremistas de su partido, en el sentido de buscar el desmonte de los acuerdos de paz. La argucia le funcionó, pues copió el modelo exitoso que aplicaron en el plebiscito que refrendaría el acuerdo de paz entre el Estado y las antiguas guerrillas de las Farc: lograr que los electores salieran berracos a votar no.

Pero ya como mandatario tuvo que admitir que el desmonte de los acuerdos no sería “pan comido”; entonces optó por la vía de reconocerlos a regañadientes, al tiempo que está soslayando sus componentes sustanciales, entre ellos el legislativo, que implementa parte de la agenda firmada con las Farc. Este punto de la negociación se quedó en el limbo; también resultaron negadas las 16 curules que debían ocupar las víctimas del conflicto en el Congreso. Otra táctica consistió en arreciar las críticas contra la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), y en tratar de limitar sus alcances, principalmente en lo relacionado con el esclarecimiento de la verdad, la reparación y la no repetición. Es el capítulo de las famosas “objeciones”, que le significó una de las derrotas más significativas en el Congreso de la República.

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Esta tragicomedia distrajo al gobierno de la urgencia de lanzar una gran ofensiva para ocupar los territorios que dejaban las Farc, convertidas ya en partido político. Por esa razón, todavía es posible identificar zonas sin presencia integral de la institucionalidad, mientras actores ilegales como el Clan del Golfo, el ELN, los Caparros, las disidencias de las Farc y otros grupos delincuenciales al servicio del narcotráfico se hicieron fuertes en ellas, aprovechando el descuido del Estado. Que este siga ausente o que haya llegado tarde es proceder coincidente con la postura del gobierno frente a los acuerdos de paz: si no cree en el proceso, menos va a creer que se concretó una desmovilización, una entrega de armas y el consecuente desalojo de territorios.

Entonces impusieron su ley y su violencia otros grupos que continúan en el conflicto, o al servicio del narcotráfico, y aparecen nuevos niveles de una confrontación que habíamos superado con la firma de los acuerdos; pero todo parece indicar que el gobierno no se da por enterado. Desde hace meses se hablaba de las amenazas y riesgos que rondaban sobre Bojayá y otras zonas del Chocó, pero solo cuando hubo líderes asesinados y graves amenazas contra la población civil, el gobierno se pellizcó, envió delegados y ordenó la intervención de las FF. AA. Decisión tardía, con consecuencias altamente peligrosas para esas comunidades.

Igual panorama se presenta en otros rincones del país: en Tumaco, en el Catatumbo, en la Guajira, en el Urabá, en el Huila, en diferentes zonas del sur y el Bajo Cauca antioqueño, sin que las medidas tomadas se traduzcan en derrotas para los actores armados ilegales.

Pero además del cicatero compromiso con los acuerdos de paz, debe enfrentar problemas como la poca credibilidad de sectores sociales, de las zonas que más han padecido el conflicto, en la Fuerza Pública y por ende las dificultades que implican los casos probados de corrupción, de chuzadas y vínculos de algunos de sus integrantes con sectores del narcotráfico y de la delincuencia en general. Estos factores no le permiten conseguir el apoyo que se requiere entre la población; inclusive en las zonas de mayor conflicto perviven las denuncias de violación de los derechos humanos y el resurgir de los llamados falsos positivos, como también el regreso del paramilitarismo auspiciado por ganaderos, empresarios y algunos militares, como ya lo han señalado los medios de comunicación y la población desplazada, consecuencia de este desmadre.

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Es urgente que el gobierno rectifique su actitud. Además, no debe dejar que esto solo se resuelva con la continuidad del nuevo paro nacional que ya tiene fecha acordada; debe fortalecer la presencia de las comunidades en la solución de los problemas y dejar la distracción que representa la llamada conversación nacional, cuando resulta urgente entrar a concretar negociaciones con la coordinadora del paro y dejar de buscar a los responsables de los asesinatos de líderes sociales solo entre los grupos ilegales, tratando de salvar la responsabilidad que tienen los grandes usurpadores de tierras, la extrema derecha del país y los nuevos impulsores intelectuales del paramilitarismo.