No entiendo la reacción hostil a  las 6 objeciones y tres reformas mediante actos legislativos que propuso el presidente Duque a la JEP, a saber: la obligación clara de reparar a las víctimas, que se establezca con diafanidad que sea el Alto Comisionado de Paz quien verifique quienes son las personas que se incluyen en el proceso, la definición de las circunstancias en las que la justicia ordinaria suspende sus investigaciones sobre personas sometidas a la JEP, que no se renuncie a la acción penal frente a crímenes de lesa humanidad, que no se exijan pruebas para extraditar a desmovilizados que hayan cometido delitos después de  la firma del acuerdo de paz, y que no haya término para el ofrecimiento de la verdad a cambio de no extradición.

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¿Hay alguien partidario de la paz que se oponga a esas objeciones? Que ya pasaron el control de constitucionalidad, dicen, y es cierto; pero una cosa es que una norma sea exequible y otra, muy diferente, que sea conveniente para el país. De hecho, hay innumerables ejemplos de normas que siendo constitucionales han sido claramente inconvenientes. Una norma es socialmente aceptable cuando es a la vez, constitucional y conveniente. Y el presidente tiene derecho a objetar por inconveniente una norma que se presume constitucional. En una democracia, una norma no sólo deber ser legalmente producida; debe, además, servir al interés general, que es el ámbito de la política y el de la ética pública.

Veamos algunos ejemplos de normas válidas constitucionalmente pero abiertamente inconvenientes por injustas:  las de los nazis que expropiaban los bienes de los judíos; las de Lenin, que arrebataban la tierra a los campesinos propietarios (todo propietario era catalogado como rico) y que produjo una hambruna que mató a más de ocho millones de personas.

Y las que objeta Duque. O ¿es atentar contra la paz exigir que quede absolutamente claro cómo un desmovilizado reparará a las víctimas, que según nos han dicho, son el “centro” del acuerdo?; o ¿que se fije, más allá de toda duda cuándo cesa la acción de la justicia ordinaria, para evitar que los reinsertados sigan delinquiendo impunemente hacia el futuro? Y en el mismo sentido, ¿es bueno para la paz que no se cumplan los tratados de extradición, para favorecer a exguerrilleros que narcotrafican?  ¿Y va contra la paz exigir que los delitos de lesa humanidad, que por ley internacional reconocida por Colombia no prescriben, sean castigados?

Y hablando de castigo, recuérdese que todo el país está de acuerdo con una ley de justicia transicional, que por definición reduce ostensiblemente las penas en aras de la paz. Aquí nadie está pidiendo las condenas ordinarias de larga duración, pero sí unas que manden el mensaje a la sociedad y a los criminales de que el delito no paga. Una condena es no sólo una sanción a un individuo, sino un mensaje a la sociedad entera. Un mínimo de prisión efectiva, como la que se aplicó a las autodefensas, de ocho años, cumple la doble condición de ser una señal de paz y generosidad con el criminal y una indicación de que la institucionalidad prevalece.

Pero lo que aprobó Santos fue la renuncia a cualquier sanción efectiva y conllevó el mensaje de que los delincuentes eran moralmente correctos, así asaltaran, violaran a sus niñas, destruyeran pueblos, en fin, pisotearon los derechos humanos de los colombianos. Y como fue un compromiso a nombre del estado colombiano, a pesar de su reticencia y la repugnancia que le debe producir ese acuerdo, las modificaciones que Duque, que es respetuoso de la ley, propone, no alteran el fondo de lo pactado. Apenas lo precisa, para que la impunidad no sea mayor. Y lo hace con las herramientas que le entrega la institucionalidad, para que, admitida su constitucionalidad, sean lo más convenientes posibles para la paz del país, que detesta la impunidad que a diario se está viendo en razón de los acuerdos.

Y en cuanto a los tres actos legislativos que presentará, y que sólo se aplicarán a futuro, hay que decir que es la oportunidad de oro para que otros grupos sepan que la puerta de la paz está abierta, pero que la impunidad ya no es negociable. En palabras del propio presidente: “La exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la Justicia Transicional. Nada, ninguna ideología, absolutamente nada, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad. Los colombianos no debemos ahorrar ningún esfuerzo en la protección de los menores”.

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Además, “debe dejar claro que quien reincida en las actividades criminales perderá todos los beneficios”.

Y también “debe dejar claro que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del primero de diciembre de 2016, y que continúen ejecutándose después de esa fecha, serán competencia de la Justicia Ordinaria para asegurar los principios de Justicia y No Repetición”.

La oposición debería decir con argumentos por qué las propuestas de Duque violan el tratado y ponen en peligro la paz. Repito, no con gritos, paros, insultos. Sino con argumentos. Quizá sea la oportunidad de debatir en serio y escucharnos. Soñar no cuesta nada.

Comentarios:

Edgar
2019-03-17 16:38:46

Muy bién elaborado el escrito, con énfasis en la idea de que las 6 objeciones se dan por inconveniencias. Ahí está el meollo del asunto, tan fácil, pero , a la vez tan difícil para ciertos opositores que no admiten peros a los famosos acuerdos de La Habana.

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