Desde las montañas de Monterredondo, vereda del municipio de Miranda, en el Cauca, se tiene una vista privilegiada que nos revela la belleza natural de nuestro país. Desde un costado se logra divisar el Valle del Cauca, con sus perfectas planicies cubiertas por amplias extensiones de cultivos de caña de azúcar. Al otro costado, se ven las imponentes montañas de la cordillera central, alzándose majestuosas con sus múltiples tonalidades de verdes y los colores de algún árbol floreciendo, que enriquecen la mirada del espectador.

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En la noche, estas mismas montañas, que corresponden al vecino municipio caucano de Corinto, se empiezan a llenar de luces que hacen creer al espectador desprevenido que está viendo pequeñas ciudadelas emergiendo en medio de la oscuridad. Los nativos le llaman, con algo de jocosidad, “ciudad perdida” a todo ese conjunto de destellos en la lejanía. Y la jocosidad viene porque durante el día, estas montañas no muestran ni una sola casa, sino que aquellas luces nocturnas corresponden a las decenas de invernaderos en los que están sembrados cultivos de marihuana que, al caer el sol, quedan al descubierto. “Ciudades perdidas” que no se ven de día y aparecen de noche.

Por supuesto, ni para el Ejército Nacional ni para la Policía en este territorio es un secreto reconocer cuáles son los lugares donde está cultivada la marihuana. La noche deja perfectamente al descubierto la ubicación de cada uno de estos cultivos. Las autoridades saben que una parte de sus campesinos en estos territorios sobrevive por la marihuana. Los operativos –según cuentan de manera natural algunos habitantes de la zona– se concentran en los vehículos que sacan la carga de la región, no en los cultivos. Sin embargo, la marihuana se sigue cultivando y sigue saliendo del territorio.

Recientemente, se dio a conocer que la Fiscalía había solicitado a la Compañía Energética de Occidente suspender el servicio de energía eléctrica en las zonas rurales de los municipios de Corinto, Miranda, Caloto y Toribío, en el norte del Cauca, para combatir estos cultivos ilícitos y para frenar las conexiones ilegales a la luz que se utilizan para los invernaderos de marihuana. Según cifras de la compañía de energía, estas conexiones ilegales generan pérdidas anuales por 24.000 millones de pesos.  

Sin embargo, la misma compañía anunció que para cumplir con esta solicitud necesitaría del respaldo de la fuerza pública porque su ejecución podría generar problemas de orden público en la zona, como es apenas obvio. Además, no todos los campesinos de la zona son cultivadores de marihuana. Por otra parte, en caso de no poder hacer los cortes sectorizados, la empresa tendría que quitar la energía eléctrica a la totalidad de la población de los municipios, lo que genera una afectación aún mayor y vulnera los derechos de los pobladores de estos territorios que, históricamente, han sido estigmatizados por la presencia de grupos armados en su territorio y por estos cultivos.

Estas comunidades que, por si fuera poco, han tenido poca presencia estatal y escasa oferta de servicios básicos como consecuencia del conflicto, ahora reciben la notificación de que podrían quedarse sin un bien básico como la luz eléctrica, sin ofrecerles alternativas. El mismo Gobernador del Cauca, Oscar Campo, afirmó a los medios de comunicación que “el Plan Nacional Integral de Sustitución no ha tenido eco presupuestal en acuerdos que ya se tenían con habitantes de estos municipios”.

Entonces, ¿no sería posible que el Estado pensara en soluciones integrales para solucionar el problema de los cultivos ilícitos y de las conexiones ilegales a la energía eléctrica como consecuencia de estos? ¿Qué otras opciones tienen estos campesinos para su subsistencia? ¿Llega el Estado de otras maneras a estos territorios o solo a incumplir acuerdos, llenar listados de asistencia y cortar la energía?

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Siempre queda un mal sabor por estas determinaciones de escritorio; decisiones que se toman sin tener en cuenta los contextos ni las realidades de los habitantes de los territorios… Soluciones perdidas que no buscan enfrentar los problemas reales de estas comunidades, sino que demuestran el facilismo e inmediatismo con el que enfrentamos problemas serios como la desatención de las zonas rurales, la conectividad a los servicios públicos y el narcotráfico.