El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), Paulo Abrão, cree que el Estado es el "único responsable" de la violencia en Nicaragua, porque ha usado a sus fuerzas de seguridad para "reprimir, matar, provocar lesiones y detenciones arbitrarias".

En una entrevista, Abrão alertó de los intentos del Gobierno de Daniel Ortega para "retomar el control del país por la fuerza desmedida, ignorando la vía del diálogo y los protocolos internacionales" mediante la llamada "Operación Limpieza", que ha llevado al ataque de feudos opositores como la ciudad de Masaya.

En el marco de ese operativo, el Gobierno retomó el martes Masaya en una acción destinada a eliminar barricadas, pero que derivó en agresiones por parte de policías y paramilitares a la población.

La Cidh denunció asaltos contra otros bastiones de la oposición como Diriá, Diriomo, Catarina y Niquinohomo, donde se mantenían bloqueos en las calles.

"Para nosotros hay un único responsable, el Estado. El Estado en su deber de proteger a los ciudadanos en contra de la violencia. Y el Estado en su deber de no utilizar su monopolio del uso de la fuerza para reprimir, para matar y generar y provocar lesiones y detenciones arbitrarias", afirmó Abrão.

Para el secretario ejecutivo de la Cidh, "las cifras hablan por sí mismas" con 277 muertos documentados por la Comisión, de los que 19 son miembros de la policía, pero el resto población civil, mientras otro organismos humanitarios cifran los fallecidos en más de 350.

"Eso demuestra efectivamente dónde está la fuerza en este conflicto", apuntó Abrão.

En paralelo a esos ataques, la Cidh detectó un "proceso de criminalización" de los manifestantes con la apertura de causas penales en su contra, así como una "campaña de estigmatización" contra la Iglesia católica, mediadora en el diálogo nacional entre el Ejecutivo y la sociedad civil. 

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"Hemos visto una campaña de estigmatización a los miembros de la Iglesia como actores imparciales en la conducción de la mesa de diálogo nacional", advirtió Abrão.

"Preservar el rol de la Iglesia es fundamental para generar las condiciones para la continuidad del diálogo, ellos son los actores clave porque son los mediadores de ese proceso, desprestigiarlos significaría enflaquecer la vía del diálogo", consideró.

Como parte de ese proceso de diálogo, la Conferencia Episcopal de Nicaragua propuso a Ortega que adelantara a marzo de 2019 los comicios fijados para 2021 y que renunciara a presentarse a la reelección; pero el pasado 7 de julio el mandatario rechazó esa iniciativa.

Durante un acto este jueves para conmemorar el 39 aniversario de la revolución sandinista, Ortega llamó "golpistas" a los obispos y les consideró cómplices de las fuerzas internas y externas que, a su juicio, buscan derrocarlo.

Mientras tanto, según Abrão, la Cidh ha seguido detectando "el mismo patrón de violencia" con manifestantes que han sufrido impactos de bala en cabeza, cuello y tórax, lo que evidencia un intento deliberado de acabar con su vida.

Los ataques contra la Unan y feudos opositores han evidenciado un recrudecimiento de la crisis que vive Nicaragua, la más sangrienta desde los años de 1980, también con Ortega como presidente.

Las protestas contra el mandatario comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se han convertido en un reclamo que pide su renuncia, después de 11 años en el poder.

La Cidh ha jugado un papel fundamental en la crisis a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) que apoya una de las comisiones del diálogo nacional, y mediante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei), que apoya las investigaciones de los hechos.