El censo de población es la medida para saber cuántos habitantes tiene un país y de ahí sacar conclusiones sobre la evolución demográfica en diferentes regiones. Otra cosa es saber cuántos de los censados son ciudadanos. En los Estados Unidos, la distribución de los fondos federales se hace en función de la población y ello se traduce en inversión en educación, salud e infraestructura entre otras. Asimismo, el censo es la herramienta que determina la participación política en la Cámara de Representantes.

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La historia muestra cómo en épocas de ingrata recordación, la pregunta sobre la ciudadanía se utilizó para excluir de la representación política a sectores de la población inmigrante y hasta los esclavos liberados. Trump quiere retroceder en la historia tratando de introducir una pregunta al formulario del censo indagando si quien responde es o no ciudadano norteamericano, lo que muy seguramente podría llevar a muchos habitantes indocumentados a negarse a ser censados.

La Oficina del Censo produjo los resultados de un estudio según el cual de agregarse la pregunta sobre ciudadanía dejaría por fuera cerca de 7 millones de ciudadanos extranjeros. Lo anterior llevó a varios estados y la Asociación Americana de los Derechos Civiles a demandar la iniciativa ante la Corte Suprema que en ultimas falló a favor de los querellantes. Luego de amenazar con una orden ejecutiva, Trump y su fiscal general terminaron derrotados pidiéndole a varias agencias federales proceder a comprobar el número real de ciudadanos. Una forma de distraer a la opinión a sabiendas que una acción presidencial terminaría siendo inconstitucional.

Es evidente que el propósito de la administración Trump es meterle miedo a los indocumentados con amenazas de redadas en las capitales donde se concentra el mayor número de “ilegales”. Asimismo, impedir que la población inmigrante no sea contada, favoreciendo a los republicanos que ven peligrar sus mayorías en las legislaturas estatales y el congreso. Además, Trump ha venido sosteniendo sin evidencia alguna que en la elección presidencial de 2016 hubo una masiva votación por parte de inmigrantes indocumentados.

Todo este espectáculo mediático es parte de la estrategia presidencial de utilizar el tema migratorio como parte de la campaña a la reelección. La comunidad hispana ha sido objeto de todo tipo de injurias y discriminación teniendo en cuenta el peso específico cada vez menos significativo de los anglos en la sociedad, dado el crecimiento de las minorías y el cambio demográfico que ya están produciendo. California, Texas y Florida son estados donde los latinos ejercen un creciente poder económico y político.

Cualesquiera sean los resultados del censo de población, los millones de indocumentados verán con recelo la llegada de funcionarios a sus vecindarios y o simplemente se negarían a devolver los formularios debidamente diligenciados. Las intenciones de la migra por ingresar a los hogares y deportar a familias enteras en los próximos días según los anuncios de la agencia ICE, han creado temor y confusión en aquellos lugares donde se han establecido las comunidades inmigrantes.

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A buena hora la Corte Suprema salió en defensa de la institucionalidad con el voto del presidente John Roberts quien, apartándose de su ideología conservadora evitó una crisis constitucional ante la arremetida del ejecutivo frente a la independencia de poderes. Una victoria legal con un sabor agridulce pues persiste el temor de que la información entregada sirva en contra de los indocumentados.