La Comisión Europea (CE) propuso este martes reforzar el control por parte de las autoridades nacionales y de aduanas de los productos peligrosos que, que pese a las normas de seguridad y sanidad comunitarias, siguen vendiéndose en la Unión Europea (UE).

Un 32% de los juguetes, el 58% de los productos electrónicos, el 47% de los bienes de construcción o el 40% del equipamiento de protección personal en el mercado europeo no cumple con los requisitos de seguridad o información al consumidor, cifras que el Ejecutivo comunitario considera "demasiado altas".

La Comisión Europea defiende que sus reglas de seguridad son de las más estrictas del mundo, pero propone reforzar su cumplimiento a través de la cooperación entre supervisores nacionales y aduanas.

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En concreto, plantea crear una red para que las autoridades nacionales compartan información sobre productos peligrosos detectados en su territorio, intercambien buenas prácticas y pruebas de los incumplimientos, así como que cada Estado miembro designe a una persona de contacto para estos intercambios.

Asimismo, propone que toda compañía que venda productos en los veintiocho países fije también un contacto en la UE, ya sea el fabricante, importador u otra persona con autorización, al que puedan dirigirse directamente las autoridades.

Lo mismo deberán hacer aquellas empresas de terceros países que exporten a la Unión Europea, una medida con la que Bruselas espera controlar mejor los productos importados, que representan el 30% de todos los bienes no alimentarios que entran en la UE.

Además, quiere que las autoridades aduaneras adviertan a otros países cuando detecten productos que no cumplen la normativa, de manera que se evite que entren en el mercado europeo por otro punto.

La comisaria europea de Industria y Mercado Interior, Elzbieta Beinkowska, explicó en la presentación de la propuesta que la nueva regulación afectará "tanto al comercio tradicional como en línea".

Por otra parte, Bruselas propone una segunda regulación para agilizar el reconocimiento mutuo de los productos que se venden en la UE, el principio comunitario que permite que los bienes comercializados legalmente en un país accedan directamente a otro pero que "con frecuencia no funciona como debería", según la Comisión.

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Para ello plantea crear una declaración voluntaria de reconocimiento mutuo que acredite que una empresa vende cierto producto legalmente en otro país, así como un mecanismo para resolver las disputas cuando un país niegue el acceso a su mercado.

"Algunas empresas esperan más de un año antes de saber si pueden vender un producto en un país. Las pymes muchas veces no pueden esperar tanto o no tienen el dinero para apelar la decisión ante la justicia", explicó Bienkowska. La CE quiere que el tiempo de espera se reduzca a menos de tres meses.

En cualquier caso, los países seguirán manteniendo la potestad para prohibir la venta de ciertos productos en su territorio si lo consideran necesario para el interés público y si no hay otra alternativa.