Por: Médico Carlos Alberto Giraldo Giraldo*

La bonificación de la que habla el actual gobierno para los trabajadores de la salud que atienden la pandemia es lo más parecido a los aplausos de una sociedad que a las ocho de la noche se congrega para exaltar la dedicación de los trabajadores de la salud y durante el día los segrega, los atropella o los amenaza.

Para desarrollar el anterior aserto, vale hacer unas consideraciones de contexto que permiten entender que dicho propósito, en la dinámica del mercado, corresponde a la utilización de recursos residuales para paliar un daño colateral, como es el envilecimiento de las condiciones de vida de los trabajadores de la salud -aterra el dato del Minsalud según el cual el sistema de salud tiene deudas con 23.000 profesionales, podemos suponer con qué tipo de vinculación-.

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Desde los años ochenta el mundo viene sufriendo una transformación radical, una nueva globalización en la que se desmontan, progresivamente, todos los ideales que derivaron de la conciencia que generó la tragedia ocasionada por las dos guerras mundiales: Uno de los más importantes fue el llamado Estado de Bienestar, que propugnó porque el Estado fuera un factor de equilibrio social, de inclusión, de distribución de los ingresos, de velar por el bienestar de los sectores sociales más vulnerables y propender por la equidad en un marco internacional. Todo lo anterior en un marco de solidaridad y de normatividad también internacionales. Esto generó promesas que tuvieron como consecuencia el fortalecimiento del Estado, una valoración muy importante de lo público; la ampliación de los derechos de los ciudadanos más allá de los derechos políticos, hacia los derechos económicos, sociales y culturales de los cuales se derivan conceptos tan importantes como el de seguridad social integral, la compensación familiar y el concepto de los servicios sociales fundamentales como servicios públicos: salud, educación, justicia y seguridad y, por tanto, la salud pública. Factores de inclusión y cohesión social. Todo ese andamiaje se viene abajo irremisiblemente, teniendo como consecuencia la pérdida de liderazgo del Estado en favor de las corporaciones de alcance internacional; decae la importancia de lo público para que cada quien se las arregle como pueda y haga de su vida una empresa -el individualismo egoísta-, incluyendo su salud; los intercambios económicos, y con ello la financiarización, se convirtieron en el motor de la sociedad; los otrora servicios públicos se privatizaron y en últimas desaparece el ciudadano sujeto de derechos y se entroniza en la sociedad el ciudadano como consumidor domesticado. Todos estos, factores de exclusión y segregación social. Para colmo, en los países subalternos, como el nuestro, las reformas del Estado de Bienestar llegaron despacio y se fueron temprano, sin que se consolidaran, pero los efectos del desmonte fueron más profundos que en los países donde tuvo origen. El Covid 19 es radical e internacionalmente público y coge a la sociedad vaciada de lo público y de la salud pública y con los trabajadores de la salud precarizados; por lo tanto, sin las condiciones para encararlo. La condición de países subalternos nos hace más propensos a la tragedia viral, entendiendo su impacto social integral.

En consecuencia, los hospitales colombianos sufren de desfinanciación crónica: están llenos de deudas y de deudores. Ahora parece mucha gracia que van a poder utilizar los hospitales que han cerrado por quiebra para ampliar las posibilidades de atención, pero esa es la punta del iceberg del debilitamiento de los hospitales colombianos que arrastran lánguidamente su existencia; para muestra, el hospital de Leticia. Por eso, hacen fuerza cuando tienen que hacer un gasto de más, por ejemplo, comprar implementos de seguridad de sus trabajadores; buscan argumentos para decir que los médicos que tienen contrato de prestación de servicios, o que son agenciados por terceros, que son un grupo muy importante, no pertenecen al hospital, son sus propios patronos o lo es un tercero y, por tanto, no son su obligación. Los pagos, todavía parciales, que reciben los hospitales, es el vaso de agua que se le da al sediento, nada que sirva para hacer aprestarse para la pandemia. La cadena de la infelicidad que empieza en la IPS es transferida a los trabajadores y se refleja en los afiliados y en los servicios.

No podemos detener el Covid 19 sin proteger primero a los trabajadores sanitarios, reza un predicamento de la OMS. De cuál protección se habla: de la protección de la fachada. Hay que proteger la cara, la piel, las mucosas, literalmente la fachada. ¿Qué hay de la protección de quién está detrás? Detrás de la fachada hay un sujeto endeudado, que se pregunta permanentemente si le darán el próximo contrato, que no puede hacer promesas porque su vida es incierta. Aunque no hay datos sobre cuáles son los requerimientos y la proyección de la disponibilidad de los elementos de protección de la fachada, es fácil suponer una cadena de suministros insegura por la no disponibilidad de equipos suficientes (guantes, mascarillas, gafas de seguridad, batas, delantales, overoles y otros). De la transformación que sufrió el mundo, de la que hablamos en un comienzo, depende que la lógica del mercado gobierne la disponibilidad de los elementos de protección: hay una intensificación de la demanda que los más optimistas ubican entre el 40% y el 50%; de ello se derivan comportamientos de especulación y acaparamiento, tanto a nivel nacional como internacional, que contiene tres condicionamientos: el pago de contado, el mejor postor y el plazo de entrega; entre más menguado el hospital, menos posibilidad tiene de responder a estos condicionamientos y menos capacidad de presión para obtener los favores del nivel central. El hecho es que en la investigación realizada, sobre la marcha, por las agremiaciones médicas entre el 21 de marzo y el 3 de abril, se estableció que, según la opinión de los médicos, las instituciones de salud están en muy malas condiciones para atender la pandemia , lo que también refleja un estado de ánimo colectivo de miedo, y que los elementos de seguridad no les están llegando: el 93% dijo no recibir traje de seguridad, el 88% carece de mascarillas N95 y el 78% de gafas de seguridad. Hay que hacer votos porque, a medida que aumenten los requerimientos, la situación mejore.

La tan nombrada Ley 100 tiene una inflación normativa impresionante, lo que quiere decir que, entre más normas peor la cosa. Alguna llena de buenas intenciones: ley estatutaria en salud, atención primaria, atención integral, pero las que han tenido más desarrollo son aquellas que mueven mayores recursos económicos; por eso el estímulo a consumir servicios y el enfoque en la enfermedad y no en la salud, la salud no mueve el capital, efecto de sistema de salud privatizado. La aseguradora o la empresa de salud o la IPS, pone por delante su estado de pérdidas y ganancias sobre el bien común y eso hace que se ponga en el borde de la legalidad y de la moralidad y hace imposible el trabajo coordinado, porque el vecino es un competidor potencial.

El Gobierno Nacional ha emitido dos decretos: el 488 del 27 de marzo y el 538 del 12 de abril, ambos se ocupan de las condiciones de seguridad de los trabajadores de la salud en términos de promoción y prevención, del suministro de elementos de seguridad, incluso de declarar el Covid 19 como enfermedad laboral. Pero no se ocupan del principal factor de inseguridad laboral como es que una gran mayoría son trabajadores a destajo, amén de que va a tener que poner en funcionamiento todo el sistema de vigilancia para que sus decretos se cumplan y, de paso, decretar la obligación de ejercer la medicina los médicos, en vez de disponer lo necesario para ello.

La alternativa es echar mano de contribuciones a nombre de la solidaridad. La solidaridad per se no merece objeciones, pero hay una forma de solidaridad que también se parece a los aplausos y es aquella que constituye una estrategia fiscal o de marketing. La asistencia social, la manera como el sistema global equilibra las imperfecciones del mercado. Ese es uno de los residuos de la privatización y un rezago cuasi religioso como estrategia para encarar los problemas. La solidaridad como valor debe ser el pegante que estructure la sociedad, y no el agua que apague el incendio, para que venga el nuevo ciclo de exclusión y segregación sociales y de envilecimiento del ejercicio de la profesión médica.

* Psiquiatra - Ex presidente de ASMEDAS Antioquia