El presidente no puede renunciar a la escogencia de la terna porque eso es lo que ordena la Constitución y la ley, y en ellas no se establecen procedimientos que permitan trasladar su responsabilidad
El fiscal no sólo es el segundo hombre más poderoso en la estructura del estado, sino que tiene un poder enorme en sus manos, nada menos que el de investigar la vida de los ciudadanos
El presidente Duque ha rescatado la potestad emanada de la Constitución y de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, de que sea el primer mandatario, sin ningún tipo de interferencia o mediación, quien postule la terna de candidatos a la Fiscalía general de la Nación para que la Corte Suprema de Justicia escoja entre ellos.
Lo hizo derogando el Decreto 450 de 2016, promulgado por Santos, que buscaba condicionar el mandato constitucional a presentar la terna al cumplimiento de procedimientos para garantizar la “transparencia” de la selección, mediante el establecimiento de una convocatoria pública, abierta, para que los ciudadanos pudiesen expresar sus puntos de vista, y una entrevista con reglas previas conocidas por los candidatos.
No soy abogado, pero la posición de Duque es, desde mis lecturas de amateur, correcta. El presidente no puede renunciar a la escogencia de la terna porque eso es lo que ordena la Constitución y la ley, y en ellas no se establecen procedimientos que permitan trasladar su responsabilidad como presidente a terceros, que es lo que ocurre con una convocatoria pública, porque el primer mandatario -igual que todos los funcionarios públicos- tiene prohibido todo lo que no le es estrictamente permitido.
Pero también hay un fondo político jurídico – político muy importante: la norma constitucional que establece el procedimiento de elección, lo que busca es garantizar el equilibrio entre poderes. El fiscal no sólo es el segundo hombre más poderoso en la estructura del estado, sino que tiene un poder enorme en sus manos, nada menos que el de investigar la vida de los ciudadanos y acusarlos judicialmente. Si el presidente delega su función de postulación, así sea a los ciudadanos, lo que ocurre es que tendrá en la Fiscalía a un funcionario que, en cualquier momento y por las razones que sea, puede interferir en su mandato, de manera dramática. Un fiscal no puede convertirse en líder de la oposición.
Y aunque parezca muy democrático que haya convocatoria pública y pronunciamientos de los ciudadanos, la verdad es que quienes hacen esto son, generalmente una minoría agrupados en ONG y asociaciones privadas que actúan a nombre de la sociedad civil, casi siempre sin representarla, con vínculos estrechos con los partidos de oposición, interesados, en Colombia, en torpedear como sea, la administración de Duque (y la de cualquiera que no les gustara). Que una fracción minoritaria decida el abanico de los que podrán ser fiscal, no es democracia. Es la dictadura de una minoría que cree que tiene derecho a decidir por todos en el país, gente de estirpe platónica, que cree que los colombianos son imbéciles políticos porque no siguen las indicaciones de ellos, los más sabios, los que por ello tienen el derecho de gobernar.
Y no es que ese tipo de organizaciones no sean necesaria sen una democracia. Hay allí gente que tiene buenas o plausibles ideas. Pero si un mandatario sólo gobernase con las directrices que de ellas emanan, no produciríamos azúcar, cambiaríamos el petróleo sin tener una fuente alternativa de energía, ya no habría género sino su supresión, habríamos legalizado la cocaína, desmontado las fuerzas militares, no podría enjuiciarse a los alias santrich, iván márquez o el paisa, diríamos que Maduro es el más respetuoso de los derechos humanos en América Latina y no nos pronunciaríamos sobre sus crímenes, y… les entregaríamos la elección del fiscal.
Si la terna la presenta el presidente, sin interferencias, podrá tener en cuenta su visión del interés nacional, que por ella fue elegido presidente y será el corresponsable del uso que el nuevo fiscal haga de su cargo. Porque, así como el fiscal no debe ser un opositor, tampoco puede ser un mandadero del presidente, como hizo Montealegre con Santos. Responderá, ahí sí y sin atenuantes, ante la opinión pública, no será rehén de ninguna organización, y podrá desarrollar una política criminal más acorde con las necesidades de Colombia. Bien por Duque.
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