¿Qué va a pasar cuando se “reacomoden las estructuras” nuevamente?, acaso ¿reinará la tranquilidad en Bello?
Un joven que, a juzgar por su apariencia no supera los 25 años, pasa por diferentes locales comerciales del sector de Niquía cobrando por “la seguridad”. Parece apuntar en un celular los resultados de cada cobro. Escasos minutos después, en la misma calle por donde se movilizaba el individuo, pasa una camioneta de la Policía Nacional dando una ronda por el sector, completamente cerrada y con sus vidrios oscuros. La escena aquí narrada, aunque cotidiana, ocurrió hace unas pocas semanas y refleja la complejidad del control territorial en Bello, municipio del norte del Valle de Aburrá.
Quienes no pagan esa mal llamada “seguridad” –que no es más que una “vacuna”– se someten a cualquier posible retaliación. Quienes denuncian, por su parte, se someten a ser señalados y, por supuesto, a recibir una retaliación peor, pues las autoridades, aunque no desconocen este fenómeno, tampoco presentan resultados alentadores en su combate; es más, algunos integrantes de la Fuerza Pública hasta sugieren abiertamente que se paguen dichas “cuotas” para “evitarse problemas”. Y quienes se quedan callados y pagan, se están sometiendo a auspiciar estructuras criminales ilegales que ejercen una función que debería corresponder exclusivamente al Estado, quien debería tener el monopolio de las armas y el control territorial asegurado, pero no es así. Estamos hablando, entonces, de una ciudadanía sometida, que prefiere pagar para vivir “tranquila”, y de unas autoridades recesivas frente a un problema que no es de ayer.
El agravante surge cuando, cada tanto, reaparece el tan mencionado “reacomodamiento de las estructuras”, simplificación frecuentemente utilizada por las autoridades para justificar los incrementos de homicidios, balaceras, agresiones y situaciones similares que afectan el orden público, atemorizan a la población, y que tienen su origen en las batallas campales entre estructuras del crimen organizado por el control de ciertas zonas o por disputas internas entre los miembros de dichas organizaciones ilegales.
La situación va a peor, en definitiva, cuando las autoridades civiles salen públicamente a pedir “tranquilidad” a la población, pues “vamos a seguir garantizando la seguridad de los bellanitas”, como pasando de largo que ya son muchos los años, décadas, en los que Bello ha sido controlado por actores armados ilegales.
Ante estos sucesos, que no son nuevos, conviene preguntarles abiertamente a las autoridades bellanitas ¿es suficiente con unas restricciones a los parrilleros por treinta días cuando más allá del parque principal nadie en una moto anda con casco, por ejemplo, evidenciando así el poco respeto a las figuras de autoridad, especialmente en materia de tránsito? ¿Qué va a pasar cuando se “reacomoden las estructuras” nuevamente?, acaso ¿reinará la tranquilidad en Bello? ¿Cuáles han sido los planes integrales y sostenidos en el tiempo para evitar que los adolescentes y jóvenes terminen viendo oportunidades económicas y de futuro en esas estructuras armadas ilegales? Y sobre “la seguridad” que pagan los comercios qué… ¿mejor acostumbrarse?
A lo mejor, nadie responda a estas preguntas. Quizás, la alerta de seguridad en Bello pase prontamente y todo vuelva a esa “normalidad” anormal a la que nos acostumbramos en el área metropolitana –sí, en general, porque aquí todo el mundo sabe lo que pasa, pero nadie dice nada para evitarse problemas.
Bello, con su población trabajadora y su boyante desarrollo urbanístico, seguirá creciendo y atrayendo a nuevas poblaciones de clase media con la aspiración de tener casa propia y deseos de vivir tranquilamente con sus familias, en medio de un clima cálido y un servicio de transporte de buena calidad. Los negocios seguirán abriendo, las personas seguirán comprando y, cuando surja otra alerta, nos volveremos a preocupar y a hacernos las mismas preguntas, mientras el tiempo sigue transcurriendo en redondo en Macondo…
¿Hasta cuándo?