Por la gravedad y las imprevisibles consecuencias, que ya está acarreando, hay que demandar de parte del gobierno total claridad, sin que esto signifique atribuirle alguna culpa a un guardia de seguridad.
Es evidente por lo que ha trascendido hasta el momento y por las múltiples versiones que en uno y otro sentido se han entregado a los medios de comunicación, que alrededor del espantoso atentado contra la escuela de policía “General Santander” el pasado 17 de enero, alguien está mintiendo.
Lo peor del asunto es que el mentiroso no es cualquier don nadie pintado en la pared, sino uno de los más calificados y reconocidos funcionarios de la órbita estatal: el ministro de la Defensa, Guillermo Botero o el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martinez.
Cada uno, desde la altura de su cargo y responsabilidad, se ha encargado desde ese fatídico día de sembrar más y más dudas en la comunidad, y sin darse cuenta del error -algo que parece inverosímil– se han aferrado a las versiones suministradas desde el principio, generando una ola de incredulidad y desconfianza en la palabra oficial que a nadie conviene, y mucho menos al gobierno.
Doce días después del criminal acontecimiento, con razón condenado desde todas las esferas gubernamentales y sociales del mundo, no se conoce a ciencia cierta algo tan elemental como establecer la forma en que entró el vehículo bomba a la escuela, ya que son diametralmente opuestas las versiones ofrecidas por los dos altos funcionarios, lo que deja en plena evidencia que uno de ellos está faltando a la verdad.
Asunto de tanta trascendencia con azarosas e imprevisibles consecuencias políticas y diplomáticas a corto, mediano y largo plazo, no puede tramitarse ni darse por cancelado con el simplismo que pretende aplicarle el ministro Botero, mediante el baladí argumento de que las cámaras, que se suponen las más avanzadas en la materia por vigilar lo que vigilaban, “miraban” hacia otro lado.
Ante esa inamovible postura ministerial, hay que concluir entonces que mientras las cámaras suyas se entretenían en otra cosa, las de Néstor Humberto sí estaban cumpliendo su cometido y registraron la irrupción violenta del vehículo con sus ochenta kilos de muerte a bordo, lo que le ha permitido afirmar una y otra vez al ya poco creíble Fiscal, que si hubo entrada abrupta.
Invasión a alta velocidad que resulta difícil de creer, ante la ninguna reacción que en un establecimiento altamente militarizado y súper protegido debiera haberse dado si se hubiera producido.
Pasividad que quedó fielmente demostrada con el video en el que aparece el carro de la muerte rodando “como Pedro por su casa”, por una de las calles de la escuela, entre dos numerosos escuadrones de uniformados que ni siquiera se dan por aludidos ante su presencia.
El asunto puntual de si el carro bomba entró por las buenas o por las malas a la escuela “General Santander”, es apenas una de las aristas del condenable acto que hasta el momento no han sido suficientemente aclaradas, dentro de la rigurosa y exhaustiva investigación que se supone viene adelantándose.
Otra es la relacionada con la famosa puerta por donde habría entrado sin oposición alguna el terrorista con su carga mortal, la cual según versiones oficiales no desmentidas, estaba fuera de servicio hacía bastante tiempo, algo que de ser cierto daría para una investigación disciplinaria rigurosa y con consecuencia inmediatas.
No se trata con estas líneas restarle trascendencia y gravedad al criminal atentado, y mucho menos, exculpar al criminal Ejército de Liberación Nacional de su autoría. Pero precisamente, por la gravedad y las imprevisibles consecuencias, que ya está acarreando, hay que demandar de parte del gobierno total claridad, sin que esto signifique atribuirle alguna culpa a un guardia de seguridad.
TWITERCITO: Con su efectividad, las cámaras de la “General Santander” emularon muy bien a su tocaya ocupada por Representantes.