El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, salió este viernes en libertad bajo fianza, tras doce días de reclusión en la cárcel alemana de Neumünster (Alemania), y exigió la libertad de sus correligionarios encarcelados en España.

"Es una vergüenza para Europa que existan presos políticos", afirmó el líder independentista ante decenas de cámaras de televisión apostadas ante el centro penitenciario, donde aseguró que su lucha no es un asunto "interno" ni un conflicto español, sino que concierne a "todos los ciudadanos europeos".

Enfundado en un traje gris oscuro y con aspecto relajado, dedicó unas primeras palabras de agradecimiento, en alemán, a la "solidaridad" recibida en los días en que ha estado en la cárcel, donde ingresó tras ser detenido el 25 de marzo poco después de entrar en Alemania a través de la frontera con Dinamarca.

A continuación hizo una declaración íntegramente en inglés, que abrió expresando de nuevo su gratitud por el trato recibido en Neumünster, destacando la "profesionalidad" y "respeto" de los funcionarios y también la "ayuda" recibida por los otros internos.

Mencionó, asimismo, las numerosas cartas de solidaridad que dijo haber recibido de países de todo el mundo, desde europeos a Brasil o Japón, para incidir luego en el mensaje político, aunque sin mencionar en ningún momento la palabra independencia.

"Exijo la liberación inmediata de todos mis compañeros encarcelados en España", prosiguió, para expresar su fe en una "democracia europea, basada en los principios de separación de poderes, paz y derechos humanos", una forma de democracia que, dijo, "esta en peligro en España".

Puigdemont reclamó "más poder para las regiones" y apuntó que "ha llegado el momento del diálogo", algo que "nosotros llevamos reclamando durante años", para recibir solo "respuestas represivas y violentas".

A su intervención siguió la de su abogado alemán, Wolfgang Schomburg, quien se felicitó por el hecho de que la Audiencia Territorial del "Land" de Schleswig Holstein haya "definitivamente descartado" y "desde el inicio" la petición de extradición por rebelión, uno de los cargos imputados por el Tribunal Supremo español.

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"Vamos a estudiar ahora qué ocurre con la de malversación de fondos públicos", añadió el letrado, quien se mostró convencido de que finalmente se rechazará también ese segundo cargo y de que no se procederá a su extradición a España.

Había gran expectación mediática por la reaparición de Puigdemont, de quien no se había visto una sola imagen desde su último acto público, en Finlandia, el viernes 23 de marzo, unas horas antes de que se reactivara la euroorden contra él.

Dos días después fue detenido tras entrar en territorio alemán, a lo que siguió su inmediato ingreso en esa cárcel y luego la petición de la Fiscalía General de Schleswig-Holstein respaldando en todos los puntos la demanda de extradición cursada por el Supremo español.

Finalmente, este jueves la Audiencia Territorial descartó el cargo de rebelión y decretó su libertad condicional con una fianza de 75.000 euros, que quedó depositada en la Fiscalía del "Land" este mismo viernes.

Pasadas las 11:00 a.m., la Fiscalía comunicó que había autorizado su puesta en libertad, tras haber recibido el pago y otras garantías requeridas, como que se personará cada semana ante la Policía del lugar donde resida y cuál será su domicilio mientras se resuelva su caso.

Para entonces, la explanada ante la cárcel era un hervidero de medios de comunicación, los primeros de los cuales habían llegado al lugar sobre las seis de la madrugada.

Puigdemont salió finalmente de la cárcel a las 1:52 p.m. (11:52 a. m.GMT), acompañado de su abogado alemán, y entre gritos de "Visca Catalunya" -"Viva Cataluña"- coreados por simpatizantes -principalmente catalanes, pero también algunos vecinos de la ciudad- concentrados ante la prisión, algunos de ellos con banderas esteladas independentistas.

Inicialmente se había convocado una conferencia de prensa en un pabellón de Neumünster para la tarde, pero fuentes del entorno del expresidente catalán informaron de su cancelación porque, "por motivos legales", Puigdemont se había tenido que trasladar a Berlín.

La posición de España

El Gobierno español reiteró este viernes que acata la decisión judicial de dejarlo en libertad y quiso recordar que las autoridades alemanas lo consideran prófugo de la Justicia española, y no perseguido político.

Entretanto, el juez español Pablo Llarena estudia presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tjue), con sede en Luxemburgo, sobre la negativa de un tribunal alemán de entregar al expresidente regional de Cataluña Carles Puigemont por el delito de rebelión.

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También la Fiscalía española estudiará la "eventual posibilidad" de acudir al TJUE por esta cuestión, informó este viernes el ministerio público en una nota.
La cuestión prejudicial consiste en una consulta formal de un juez o fiscal de cualquier país de la Unión Europea (UE) cuando tiene dudas sobre cómo debe aplicarse una norma comunitaria.

En último término, lo que Llarena plantearía es cómo deben interpretarse las normas que regulan las órdenes internacionales de detención en la UE, dijeron fuentes del Tribunal Supremo español (TS).

Esto, indirectamente, podría suponer cuestionar si han sido correctamente aplicadas esas normas por los jueces alemanes, o bien preguntar cuáles son las acciones que él, Llarena, puede tomar tras la decisión alemana.

En todo caso, la negativa de entregar a Puigdmeont por rebelión no ha sido notificada al TS, así que la eventual decisión del juez se hará esperar, al menos, hasta que se haya cumplido dicho trámite.

Puigdemont, presidente de Cataluña entre 2016 y 2017, fue detenido el 25 de marzo en Alemania en virtud de una orden europea de búsqueda y entrega (euroorden) dictada por Llarena, que investiga el proceso independentista ilegal catalán iniciado en 2017.

El juez había procesado a Puigdemont, huido al extranjero, y a otros 12 líderes independentistas catalanes por rebelión y malversación de fondos públicos.

Sin embargo, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) descartó el jueves el delito de rebelión en la petición de extradición a España y acordó su libertad bajo fianza de 75.000 euros mientras estudia una posible entrega por malversación.