A comienzos del siglo XX, la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina se caracterizaba por su enfoque eminentemente academicista y elitista, sin conexión con las necesidades del país, ni con los avances en las ciencias, las artes y las tecnologías. Tanto profesores como estudiantes no tenían ninguna injerencia en el gobierno universitario; los cargos directivos en la práctica eran vitalicios.   
Una de las banderas del movimiento de Córdoba fue identificar a la Educación y a la Universidad como una herramienta indispensable para el desarrollo de la sociedad; dos reivindicaciones que posteriormente impactaron la historia de las universidades latinoamericanas estuvieron relacionadas con el cogobierno (estudiantes y profesores) y la autonomía universitaria.
Es innegable el impacto del movimiento de Córdoba en la Educación de Argentina, representado en el modelo actual de Universidad que la caracteriza y en la implementación de políticas públicas que garantiza la gratuidad y el acceso irrestricto a la Educación Superior. 

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El impacto de la reforma universitaria de Córdoba en el contexto colombiano a comienzos del siglo XX no es claro; existen estudios sobre los movimientos estudiantiles colombianos en las décadas de los 60s y 70s, pero no así en las décadas de la primera mitad del siglo XX. No obstante, la caracterización de los contextos, tanto de comienzo del siglo XX como de los años 60s y 70s, en apariencia continuaban siendo los mismos, entre otros, el predominio de las potencias hegemónicas del momento, la influencia de sus políticas económicas sobre el hemisferio, la confrontación ideológica entre comunismo, socialismo y las doctrinas conservadoras de los gobiernos, sumado al aumento migratorio de la población rural a las grandes ciudades que ejercieron presión sobre el sistema educativo público.  

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Hasta inicios de los años 90s, los rectores de las universidades públicas colombianas eran designados por los gobiernos de turno, convirtiendo esta decisión en un asunto que se resolvía en los directorios políticos. Con la promulgación de la Constitución Política Colombiana del 91 y el desarrollo del articulo 69, mediante la Ley 30 de 1992, de manera especial en lo que tiene que ver con el concepto de autonomía de las universidades (artículo 28), el país se suma de forma tardía al movimiento universitario reformista de Córdoba.
A pesar de este logro alcanzado por el sistema universitario estatal, Colombia aún se encuentra lejos de un modelo de gobierno que otorgue plena autonomía a sus universidades y que las vacune contra injerencias de las élites políticas y sectores que históricamente no se han comprometido con las universidades.
En conmemoración de los 100 años del movimiento reformista universitario de Córdoba, la Iesalc (Unesco ) realizará en junio de este año, la III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe en la Universidad Nacional de Córdoba, para debatir sobre la misión, sentido y futuro de la Educación Superior de cara a los objetivos de desarrollo sostenible 2030 propuesto por las Naciones Unidades.
Bienvenida esta conmemoración para retomar el debate sobre el concepto de autonomía universitaria en Colombia y para evaluar lo que ha representado para el sistema de educación superior pública la implementación del artículo 69, de la Constitución Política, mediante la Ley 30 de 1991; son 27 años de vigencia de la ley y son muchas las críticas de diferentes sectores, que conforman la comunidad educativa, han expresado en los últimos años sobre una autonomía sujeta a la ley; como bien lo han planteado algunas sentencias de la Corte Constitucional la autonomía universitaria no es absoluta en la medida que el Estado tiene la responsabilidad de ejercer funciones de inspección y vigilancia, lo que no significa que el legislador pueda establecer el marco legal normativo de las instituciones de educación superior.
Como he mencionado en otras columnas, en el sistema universitario estatal existen modelos de gobierno con matices que confieren identidad particular a ciertas universidades y expresiones diferentes sobre el concepto de autonomía; el punto en cuestión es si las universidades tiene la suficiente mayoría de edad para construir modelos de gobierno que preserve y ponga en función un concepto de autonomía, que aleje y no permita la injerencia de actores no propiamente universitarios sobre el destino de la Universidad. 

 (*) Profesor Universidad de Antioquia