El inusitado incremento de acciones violentas en varias regiones de Colombia es demostración de que el conflicto armado se está reactivando, cuando meses atrás venía en sistemático declive. Son escenarios de noticia de sangre casi a diario: el Catatumbo, parte de la frontera con Venezuela, una vasta porción del Pacifico que incluye la ciudad de Tumaco y en general los departamentos del Valle del Cauca y el Chocó; igual el Bajo Cauca y parte del Nordeste antioqueños, un sector del departamento de Córdoba y otros importantes territorios del sur del país.

Lea también: Celebración agridulce

En esencia, parte de lo que se había ganado con la firma del acuerdo de paz con las Farc está a punto de venirse al suelo, con sus previsibles consecuencias: nueva oleada de desplazamientos forzados, incremento de la criminalidad y de las rentas ilegales en especial del narcotráfico, el microtráfico y el lavado de activos; accionar de un mayor número de grupos ilegales que se “toman” los territorios dejados por las Farc, impacto negativo sobre la democracia y posibilidades de mayor injerencia de los actores criminales en el próximo debate electoral, ejercicio terrorista contra la Fuerza Pública y las comunidades, secuestros y extorsiones, incremento del número de líderes sociales asesinados o amenazados… Un agobiante panorama que está enmarcado en la ya demostrada incapacidad del gobierno y de las demás autoridades para garantizar la vida y el desempeño de los defensores de los DD. HH.

Gobierno que reduce su agenda y se desgasta en temas marginales, como el caso Santrich, para tratar de eludir su responsabilidad con la implementación integral del acuerdo de paz; aunque bien sabe que la paz no se reduce a las actuaciones de este personaje. Otra cantinela está referida al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al extremo que nuestra Cancillería le dedica casi todos sus esfuerzos. Una más: la búsqueda de aprobación a un nuevo baño de los campos colombianos con glifosato, en contravía con las promesas de campaña, para consolidar la dependencia frente a los EE. UU. y a Donald Trump. Mientras, dedica espacio generoso a atacar la Justicia y en particular la JEP, buscando deslegitimarla e impedir que todos los actores del conflicto ofrezcan las explicaciones y verdades que les deben al país. El nuevo “hito” gubernamental es el caso de Andrés Felipe Arias, y la pretensión del Centro Democrático de presentar un proyecto de ley que establezca la doble instancia retroactiva, que en este Macondo insólito podría llevar su nombre.

A estos tópicos se reduce la agenda de gobierno, mientras los temas fundacionales siguen esperando atención urgente: la lucha por la equidad social y los programas y proyectos para lograr una mejor distribución del ingreso, y la solución de fondo de los problemas de salud, educación, medio ambiente y vivienda de los más necesitados, entre otros. Tampoco se ve interés por el problema agrario, uno de los factores estructurales del conflicto, mientras que el conjunto de leyes que le darían soporte permanece en el limbo. Los campesinos, legítimos dueños hoy despojados de su tierra, siguen esperando Justicia, pero son los terratenientes y los ganaderos los que han logrado que se legisle en su favor o al menos que no se toquen sus intereses como cuestionados propietarios.

Bien hace la Federación Nacional de Departamentos cuando en su última reunión en la ciudad de Barranquilla y en el certamen “+ Región, hacía un nuevo modelo de Estado”, revitaliza el precepto constitucional que determinó que “Colombia es un Estado de derecho, organizada en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales…”, según reza el Articulo 1 de la Constitución Nacional. En consecuencia, exige la pronta ejecución de la Ley 1962 de junio 28 de 2019 -Ley de Regiones- y la asignación de los recursos necesarios para su implementación, para que no corra con la suerte de olvido de disposiciones similares.

Lo invitamos a leer: A tropezones

En todo caso el Gobierno tiene que aterrizar, no puede seguir pegado al espejo retrovisor, culpando de todas las dificultades al pasado gobierno. Además, debe abandonar su doble actitud: ante la comunidad internacional se muestra responsable con los acuerdos de paz, mientras aplica el freno o pretende desmantelar una construcción histórica irreversible.

Nota: No cae bien que prestigiosos periodistas y comunicadores de importantes cadenas radiales y de TV, se conviertan en voceros oficiales del Gobierno, lesionando con ello su independencia y la del medio en el cual laboran. Si así lo desean, deberían de renunciar al medio que pertenecen y servir de lleno al Gobierno.