Esa unión entre todos los colombianos, tan proclamada por el presidente electo Ivan Duque desde su campaña y luego de la jornada del pasado 17 de junio, parece estar bastante alejada de la realidad, de acuerdo con las últimas acciones que se han producido en el ámbito político nacional.

Esa necesaria compactación, tan anhelada y urgente en una nación polarizada al máximo, no podrá lograrse, por más que se predique, a base de modificaciones que, al paso que van, harán trizas el acuerdo alcanzado para poner fin a una devastadora guerra de más de cincuenta años.

Otros en cambio, como los que ahora hacen política al amparo y desarrollo de ese convenio y a los que debe abonárseles la buena fe y hasta ahora el cumplimiento del mismo, consideran el producto surgido del Congreso “una colcha de retazos”, la cual según ellos “no tiene opción alguna de garantizar la paz y la reconciliación”.

Lo anterior desde el punto de vista del principal adversario que tuvo que enfrentar el Estado en esas seis décadas de dolor y de padecimiento para millones de colombianos.

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“Lo aprobado por el Congreso sobre la JEP es un fraude al país, a las víctimas, a la comunidad internacional” sostuvo el partido de las Farc, para el cual el mecanismo de justicia transicional “diseñado para garantizar la verdad plena, garantizar la justicia y asegurar la reparación, tristemente quedó convertido en un mecanismo de guerra jurídica, diseñado exclusivamente contra la antigua insurgencia de las Farc”.

No hay que llamarse a engaño y es preferible, en aras de una claridad que se requiere para comprender mejor lo que se busca, es que los barrotes de una cárcel están grabados en las mentes de algunos recalcitrantes para Rodrigo Londoño, Iván Márquez, Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y demás hombres que integraron la dirigencia mayor de las Farc.

Además debe tenerse en cuenta que con las “modificaciones” – inconstitucionales según expertos en la materia – la suerte de los miles de militares que también tuvieron que ver con el sangriento conflicto quedó en veremos, como se dice popularmente, y muchos de ellos perderían los beneficios alcanzados en desarrollo de la incompleta y difícil implementación que se ha conseguido hasta ahora.

Con todo lo que ha pasado en los últimos días, fiel reflejo de lo que puede ocurrir en el país cuando se tengan las riendas del poder en la mano, es más el pesimismo que el optimismo con que también los ocho millones de colombianos que votaron por la otra opción miran el panorama futuro de Colombia.

El porvenir a corto, mediano y largo plazo está en las manos y sobre todo en la sabiduría de la Corte Constitucional, organismo celoso y vigilante de las normas que rigen un Estado de derecho, que debe decidir entre el imperio de éste o la arrogancia de una aplanadora coyuntural, aupada, entre otros, por los cortesanos y palaciegos de última hora que defienden más sus intereses personales que los de toda una nación esperanzada en esa unión que le cantan pero que en la práctica no buscan.

Uno de los objetivos principales que contemplaba el acuerdo sobre el cual se discute y seguirá discutiendo, era conocer la verdad de lo ocurrido y establecer responsables y responsabilidades en el conflicto, en desarrollo del cual los crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, estuvieron al orden del día.

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Impedir que ella se conozca parece ser a toda costa la consigna del momento.

TWITERCITO: El orgulloso triunfalismo en su ceguera, no les está dejando ver la probabilidad de que en el futuro haya Haya.