Más conocida al principio como ingeniería institucional por Giovanni Sartori, es una especie de ciencia humana entre el Derecho y la Ciencia Política que busca hacer gobernables a las democracias.

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Todo empezó cuando le cortamos la cabeza al rey y acabamos con milenios de esa relación entre amos y súbditos, pasando a una de entre sociedad civil y Estado.

Como el Estado no se puede meter con la sociedad civil en sus actos políticos en principio, no le puede decir qué partidos debe tener o cómo actuar en política para que haya gobernabilidad.

Pero el Estado sí se reserva la capacidad de poner algunas normas para incentivar o castigar conductas de los actores políticos que crean que pueden perjudicar la gobernabilidad o ser un problema de algún otro modo, aunque no sean malas o ilegales en sí mismas.

Por eso es por lo que en Colombia desde el 2013 se exige que exista democracia interna en los partidos, lo que en 1991 a Álvaro Gómez y Navarro Wolf les había parecido una intromisión indebida, y por eso no apoyaron la propuesta en ese sentido de Horacio Serpa.

También por eso se prohíbe la doble militancia, aunque no sea una conducta “mala en sí”, como se decía en el derecho medieval, sino “prohibida” o sencillamente prohibida. Esta tampoco estuvo mal vista en el 91 pues casi todos los políticos pertenecían a dos partidos a la vez, y también hubo que esperar al 2003 para corregir eso.

La ingeniería electoral es entonces el arte de hacer normas para ayudar a tener partidos serios, para mejorar a través de eso los Congresos y para que finalmente se genere gobernabilidad con unas fórmulas específicas pensadas por los expertos en esos temas.

El problema es que todo el mundo se siente ingeniero electoral y cree tener fórmulas mágicas para enderezar la política y las propone sin ton ni son en conferencias, escritos y comisiones electorales, y lo que es más delicado en el Congreso mismo.

El camino correcto no es ese, como lo dijimos en nuestro reciente libro ¡Reforma Política Ya! del grupo de investigación de partidos y sistemas electorales de la Universidad Nacional.

El primer paso debe ser lograr un mínimo de consenso entre los expertos nacionales, pero sobre todo en los que no tienen intereses políticos evidentes.

El segundo es llevar esos consensos a la sociedad civil, pero también cuidándose de organizaciones que tienen agenda política y no son nada neutrales, para confirmar la anuencia con esas normas ya tan discutidas.

El tercer momento es debatir la propuesta de ingeniería electoral con los partidos, hasta llegar a un tercer consenso por mínimo que este sea. Pero aspirando a que por lo menos respete los dos anteriores debates y tenga cierta envergadura frente a los problemas existentes.

Ahí sí debe llevarse al Congreso, aunque previamente se debe invitar al Ejecutivo, a las cortes y a los organismos electorales a discutirlo para llegar a nuevos acuerdos, si la propuesta inicial no pasó primero por ellos.

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Esa es la forma correcta de hacer ingeniería institucional y requiere tiempo, por lo que si no se empieza ya ese debate va a pasar como siempre que se aprueba cualquier cosa al final de afán y los problemas siguen presentándose (con excepción de las reformas de 2003 y en algo 2009, que sí cumplieron esos requisitos en parte).