Aunque suene a un juego de palabras, la justicia debe ser justa y ajusticiar a todo aquel -hombre, mujer, pobre o rico- que viole la ley vigente en distintas materias, en una palabra, que delinca y se convierta en delincuente.

Hablando en plata blanca, que cualquiera que delinca –hombre o mujer- y por ende se convierta en delincuente, no necesita convertirse en un Pablo Escobar para que la justicia se ocupe de él y lo obligue a pagar lo debido.

Ahora bien, a la pregunta de si tal cosa sucede en Colombia, desgraciadamente y con enorme tristeza hay que responder que en Colombia no es así, y que aquí hay justicias como en los super mercados, para todos los gustos y condiciones.

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Aquí hay delincuentes y violadores de la ley de primera, segunda, tercera y cuarta clase, y en la misma escala se mueven las decisiones de jueces y fiscales que parecieran haber estudiado normas y códigos distintos para ser aplicados de acuerdo con el paciente de turno.

En la mayoría de naciones distintas a Colombia, lo que tan alegremente algunos llaman “todo el peso de la ley”, no es frase de cajón como suele pasar aquí, sino que tiene cabal aplicación sin miramiento alguno o predilección por quien deba recibirlo.

Unos pocos ejemplos conocidos últimamente sirven para corroborar que la justicia en Colombia no es justa, y se aplica –si acaso puede aplicarse el verbo– de manera caprichosa, cuando no en medio de la venalidad.

La mayoría de países del mundo tienen algo que los hace trascender y destacarse por algo importante o singular en cualquier campo o actividad, circunstancia que usufructúan y les permite mirar por encima del hombro y con la cabeza en alto al resto.

En contraste, Colombia puede “enorgullecerse” de contar con la ridícula y denigrante figura de la casa por cárcel, reservada para los delincuentes de primera clase o para los más poderosos, que con sus dineros no solo aseguran su supervivencia sino la de muchos otros que incidieron en las decisiones que los favorecen.

Cuenta, además, con confortables y seguras locaciones militares y de policía, para albergar a otros privilegiados con los cuales la justicia no fue justa y no los ajustició como debiera.

Dos casos recientes sirven para ilustrar lo dicho. En Estados Unidos fue condenado el millonario productor de cine, Harvey Weinstein, por acoso y agresión sexual, y el juez lo mandó de inmediato a una cárcel de alta seguridad, pese a tener más de setenta años.

Simultáneamente aquí en Colombia, fue enviada para su casa, con todas las comodidades, la exfiscal Hilda Niño, condenada a 64 meses de presión por haber vendido al paramilitar alias mellizo fallos o decisiones suyas por $245 millones de pesos, y para que no quede duda de la clase de justicia que aquí se aplica, otro benemérito juez dio casa por cárcel a Alejandro Hernández Vidal, conocido como el “zar del PAE”, es decir el Programa Alimentario, del cual en la costa Atlántica se apropió de miles de millones de pesos.

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Aquí en este país se rasgan las vestiduras por los “lujos” que tiene Aída Merlano en su sitio de reclusión en Venezuela, pero los obsecuentes medios de comunicación se hacen los desentendidos con los mismos lujos y ventajas que gozan todos los potentados en sus “casas por cárceles” o en las confortables y seguras habitaciones de los complejos militares.

TWITERCITO: Dicen que el crimen no paga pero aquí es un gran negocio.