Si algo les falta a los promotores del paro es la lealtad con la democracia
Moisés Wasserman escribió el pasado 3 de enero un interesante artículo sobre la importancia de la democracia participativa en la vida política de los países porque fomenta el diálogo social, la comprensión del punto de vista del otro, el conocimiento de las realidades sociales, la posible promulgación de leyes con respaldo y pertinencia y hasta la formulación de desacuerdos entre las partes, que pueden ser enfrentados de manera civilizada.
Terminaba el exrector de la Universidad Nacional, luego de enumerar todas estas ventajas, expresando su perplejidad por el hecho de que los promotores del llamado paro nacional se negasen a participar en las conversaciones amplias multisectoriales convocadas por el gobierno.
Pero la actitud de esos dirigentes tiene una explicación. El doctor Wasserman en su argumentación tiene varios implícitos o presuposiciones: los ejercicios de participación se suponen en el marco de una democracia de tipo liberal que tiene como base institucional la democracia representativa, en la que los ciudadanos eligen a sus representantes en las distintas ramas del poder, para que los gobiernen dentro de una estructura predeterminada, con funciones y tiempos específicos en el ejercicio de su mandato-
En la historia de la ciencia y de la filosofía políticas de Occidente, se reseñan dos modelos que toman forma en la relación de los gobernantes y gobernados. Históricamente, el estado democrático liberal es el modelo que protege a ultranza los derechos de los individuos de cualquier abuso, especialmente el proveniente del estado, por parte del soberano, sea este un individuo, una élite o la mayoría. Se fundamenta en la idea de la democracia se convierte en una dictadura de la mayoría de la que hay que proteger a los ciudadanos, y para resolver el problema produce el difícil equilibrio entre aquella y estos, limitándola con una alambrada de derechos y libertades individuales fundamentales, que no pueden ser objeto de decisiones mayoritarias.
Una vez establecido un modelo de estado democrático liberal, los liberales de la ecuación piensan, que, una vez salvaguardados los derechos y libertades individuales, el deber del ciudadano estriba en elegir a sus representantes cada vez que el tiempo estipulado en la constitución lo exige, dejando a los gobernantes que hagan su trabajo sin, prácticamente, ninguna interferencia. Si lo hacen bien (los políticos y sus partidos) los reeligen; si no, los cambian. El supuesto es que manejar el estado es una actividad de tiempo completo que exige políticos profesionales que sepan tomar decisiones informadas. Filósofos como John Locke, el barón de Montesquieu, Edmund Burke, David Hume, entre otros, representan esta tendencia.
Pero ha habido quienes piensan que el papel de la ciudadanía debe ser activo en el ejercicio de la política y las decisiones estatales. Pensadores del calibre de Immanuel Kant, J.J. Rousseau y Jürgen Habermas, pertenecen a esta corriente. Ahora bien, todos ellos coinciden en que el ejercicio de la participación se debe efectuar como un complemento y no como un sustituto de la democracia representativa. Esto implica la lealtad al sistema democrático liberal, su fortalecimiento, no su uso para destruirlo. En nuestra época, la globalización de las comunicaciones hace posible, como nunca antes, el ejercicio de la participación directa, pero no deja de ser cierto que las decisiones políticas exigen información necesaria y suficiente y dedicación exclusiva.
En la realidad, el nivel de participación varía de un estado a otro. Suiza es uno en el que la participación se hace mediante el uso de plebiscitos populares en muchos asuntos que atañen especialmente al ámbito local.
Colombia, constitucionalmente tiene establecida una democracia participativa, en la que hay plebiscitos (como el que Santos no cumplió), consultas populares, derechas de petición, presupuesto participativas en el ámbito municipal, en un porcentaje determinado; mecanismo de concertación para definir, si hay consenso, asuntos como el salario mínimo, etc. Y si es necesario, se convoca, como es el caso, una conversación nacional para conocer la opinión de primera mano de los sectores sociales, identificar problemas, proponer soluciones.
Pero si algo les falta a los promotores del paro es la lealtad con la democracia. En realidad, pasan de 12 o 13 peticiones a 104, porque ellos no quieren concertar sino crear agitación y caos social para destruir el sistema. Si se les concediesen todas sus peticiones, recurrirían a otras 200, porque no quieren un acuerdo, sino el poder, para implantar un régimen antidemocrático. Por eso no llegarán acuerdo alguno. Hay que derrotarlos política y socialmente haciendo un verdadero ejercicio de participación en defensa de nuestra democracia.