La Corte Constitucional, al decidir sobre una tutela que pedía declarar inconstitucional la prohibición del Código de Policía de consumir alcohol y sustancias sicoactivas en parques y calles, es decir, en sitios públicos, declaró contraria a la Carta dicha interdicción, con el argumento de que se trataba de una interdicción general que afectaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los colombianos y que menoscababa , por ejemplo, el consumo de esas sustancias en reuniones familiares, en dichos lugares.

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Argumentos peregrinos, esos, que consagran ellos sí, una afectación gravísima al libre desarrollo de la personalidad de los colombianos, especialmente de los niños, porque esta posibilidad emana de la libertad de escoger que cada individuo tiene entre diversos cursos de acción para decidir sobre su plan de vida, y ello requiere una decisión libre e informada.

Y eso es precisamente lo que no pasa cuando miles de niños son iniciados en el consumo de estupefacientes mediante engaños a los que los narcotraficantes incurren al inducirlos a su consumo mediante “regalos” envenenados en los colegios y escuelas del país, o son obligados por las bandas a convertirse en correos, vendedores o a prostituirse y convertirse en mafiosos o sicarios, a cambio de vicio y una vida de horror y dependencia como hemos visto que sucede a los ejércitos de habitantes de la calle que circulan en nuestras vías y parques de ciudades y pueblos, muchos de ellos, sometidos a toda clase de abusos.

Contra ellos apunta el fallo de la Corte, a pesar de que estamos hablando de los derechos de los niños, que la Constitución declara como prevalentes y de especial protección.

Y ¿qué decir de los derechos de los ciudadanos, la mayoría, que no consumen y hacen uso de espacios públicos, que por definición son de todos, siempre y cuando respeten las leyes? Si con los artículos anulados del Código de Policía se dificultaba el usufructo de los colombianos en ellos, ahora habrá patente de corso para que los adictos practiquen a sus anchas e intoxiquen con sus humos y sus conductas la vida de los transeúntes que tienen que aspirar involuntariamente esas sustancias, sobrevivir a la suciedad, malos olores y agresividad de muchos de esos individuos que, eventualmente, se convierten o son atracadores de profesión. Y que ven como se deteriora el valor de sus viviendas y negocios por la concentración y multiplicación de ollas de vicio que crecerán incontroladamente. ¿Estos ciudadanos no tienen derecho al uso de los espacios públicos?

No nos engañemos. En esa decisión hay cosas de fondo que afectarán dramáticamente la vida de los colombianos y la supervivencia del estado de derecho. Y si no lo creen, lean los siguientes datos extraídos de un comunicado del Centro Democrático expedido el 7 de junio: Veamos las cifras que trae un comunicado del Centro Democrático al respecto, fechado el pasado 7 de junio: “El microtráfico opera en todos los departamentos del país y convirtió a Colombia, además de productor, en consumidor de drogas. Hay 1 .7 millones de consumidores de drogas en el país y entre los años 2012 y septiembre de 2018 fueron capturados 50.742 menores por tráfico, fabricación o porte estupefacientes. Es preciso actuar responsablemente frente a tan dramática situación. Crecerá el número de consumidores y adictos - incluyendo niños porque la edad en que se inicia el consumo está en el inquietante promedio de 11 años, además de promover el aumento de menores usados para traficar droga, y contribuye a la crítica situación de inseguridad que afecta al país”.

Lo que acaba de hacer la Corte es un paso más en la legalización del narcotráfico en nuestro país, que lo convertirá en un estado paria, canalla e inviable en tanto democrático y que, además, terminará por destruir nuestra sociedad, a la que convertirá en un colectivo de consumidores en manos de narcodelincuentes. Este proceso comenzó, en la historia reciente de Colombia, con el acuerdo de paz que firmó Santos con las Farc y que las beneficia no sólo a ellas, sino a todos los mafiosos del país.

Recuerden que, como consecuencia de ese pacto, se determinó que cultivos pequeños de coca y marihuana eran legales y ahora cualquiera puede fragmentar sus sembradíos. Con esa medida se disparó la siembra hasta los niveles que hoy tenemos de más de 250.000 hectáreas de coca. Además, esa Corte prohibió la fumigación con glifosato de esos cultivos, con lo que se hace casi imposible erradicarlos. El acuerdo convirtió esa actividad en delito político y convino que quienes venía de otras con ellas, es decir, de antes de la firma de este, no serían perseguidos mientras abandonaban paulatinamente los cultivos (¡¡¡ ja, ja, ja ¡!!). La JEP no ha hecho nada por capturar a los jefes guerrilleros que siguen delinquiendo y, en cambio, evitó la extradición de Santrich, y ahora la Corte Suprema de Justicia asume su investigación sin medida cautelar de privación de la libertad, cuando, con muchísimo menos, llevó a prisión a políticos acusados de tener relaciones con narcotraficantes y les ha extendido infinitamente sus procesos, cuando no los ha sentenciado contrarreloj.

Cualquiera diría que la acción de la Corte obedece a un libreto preestablecido por las fuerzas que, nacional e internacionalmente, quieren acabar con nuestra democracia. Y en este caso, no se trata de un acto cualquiera, sino uno de gran calado, ahora que el gobierno está empeñado en combatir el narcotráfico, raíz, hoy, de la violencia en Colombia, y construir una verdadera paz, ella sí, estable y duradera.

Es como si hubiera un golpe de estado en marcha y creciente. El mecanismo del gobierno de los jueces, en los que las Cortes, paulatinamente toman el control de las otras ramas del poder, es profundamente antidemocrático. Su poder no procede del pueblo, pero ejecutan y legislan. Y de paso, muchas veces politizan la justicia para que sirva a sus propios intereses de cuerpo.

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Los colombianos tienen derecho a protestar contra esta decisión, manifestándose en la calle y poniendo en marcha todos los recursos judiciales y políticos para derrotarla. Incluso, y no estoy seguro de si es viable, denunciándola en las cortes internacionales de derechos humanos como una violación al derecho fundamental de los niños a que el estado no tome medidas que perjudiquen su libre desarrollo a la personalidad, y al derecho fundamental de los colombianos de accedes a los espacios públicos sin que sean bombardeados por narcóticos, narcotraficantes y adictos.

Comentarios:

MIGUEL
2019-06-09 10:31:33

DOCTOR MONSALVE, LAS DECISIONES JUDICIALES SE RESPETAN. SI NO ES ASÍ, VÁMONOS PARA VENEZUELA.

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