Más de nueve millones de colombianos, que corresponden al 18% de la población total del país, viven en zonas históricamente golpeadas por la violencia y serán quienes se podrán beneficiar de la iniciativa gubernamental denominada Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), con la que el Gobierno busca potenciar la economía de estas regiones, y, aunque es muy temprano para un análisis, existen expectativas positivas con este plan.

La iniciativa, aunque viene formulada desde la Reforma Tributaria, fue sancionada en el Decreto 1650 del 9 de octubre, y operará en 344 municipios que corresponden al 53,4% del territorio nacional pertenecientes a 28 departamentos incluido Antioquia, en donde las empresas que se instalen obtendrán un régimen tributario especial, es decir una tarifa de impuesto reducida que varía dependiendo del tamaño de la organización y que tiene como fin estimular el desarrollo territorial durante una década a partir del presente año.

Las empresas que aspiren a ser partícipes de estos beneficios deberán cumplir con unos montos mínimos de inversión y generación de empleo. Según la normativa la tarifa de dicho impuesto, para las micro y pequeñas empresas entre 2017 y 2021 será de 0%; entre 2022 y 2024 del 25%; entre 2025 y 2027 del 50%; y del 2027 en adelante la empresa deberá pagar el 100% de la tarifa. 

En el caso de las medianas y grandes empresas, los beneficios serán así: entre 2017 y 2021, la tarifa que se pagará es el 50%; entre 2022 y 2027, será del 75%, y del 2027 en adelante del 100%. 

Rodrigo Rivera Salazar, el alto comisionado para la Paz, señaló que hasta este momento los empresarios han demostrado interés sobre este tipo de esquema que funcionó en Perú y fue de allí que tomaron su ejemplo.

Entre los objetivos está que los inversionistas privados se asienten en esos territorios y generen opciones productivas, “quienes inviertan en esas zonas van a gozar de un régimen preferencial en materia de impuesto de renta y les permitirá que paguen tributos con obras de infraestructura”.

Lo que significa que si una empresa debe saldar $1.000 millones en impuestos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), podrá hacerlo a través de la inversión de un acueducto, una escuela, entre otros.

Por su parte, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía Alzate, una de las entidades encargadas del diseño y ejecución de las Zomac, explicó que podrán acceder a esta segunda opción aquellas empresas que tengan ingresos superiores a 33.610 Unidades de Valor Tributario (aproximadamente $1.000 millones), con el objetivo de “pagar hasta el 50% del impuesto de renta en una obra de interés general”. 

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Las Zomac se complementarían con $1,4 billones que se invertirán en vías terciarias en todo el país, “para que los productores puedan contar con la infraestructura necesaria para sacar sus bienes a los mercados”, subrayó el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, otra de las entidades claves involucradas, comentó que este programa no será únicamente para el sector agropecuario, sino que también podrán participar “el comercio, los servicios de  transporte, la construcción, las actividades inmobiliarias, entre otras”.

La Ley excluye de los beneficios tributarios a las empresas que se dedican a la minería, la explotación de hidrocarburos, y las calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria por concesión, “esto porque se consideró que las inversiones en estas áreas no están necesariamente condicionadas por temas de incentivos tributarios”, indicó el directivo del DNP.

El jefe de la cartera de Hacienda, de igual forma, precisó que estos territorios se eligieron mediante una metodología definida conjuntamente entre este Ministerio, el DNP y la Agencia de Renovación del Territorio, en la que se consideraron variables que reflejan el grado de incidencia del conflicto, de vulnerabilidad de los municipios e indicadores de debilidad estatal, pobreza y acceso a centros urbanos, al mismo tiempo que fueron considerados los Municipios Priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).

“Son los municipios de Colombia donde la pobreza multidimensional es mayor al 49%, que además tienen una gran debilidad institucional. También en aquellos donde en los últimos diez años el conflicto ha sido particularmente intenso”.

Expectativas gubernamentales

El Departamento Nacional de Planeación en 2015 realizó un estudio detallado de las características del conflicto armado para 117 casos internacionales a partir de las tres bases de datos con más autoridad y credibilidad para estos temas: Universidad de Uppsala de Suecia, Instituto Kroc de Estados Unidos y la Escuela de Cultura de Paz de España, y como parte de los resultados, encontraron que hay una importante mejora de la confianza en los países que finalizan los conflictos de este tipo, lo que constituye el principal dividendo de la paz en los lugares donde se llega a ella.

De esta manera, “el estudio encontró que, en los países analizados, el dividendo económico de la paz implica un crecimiento adicional entre 1,1 y 1,9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), con su punto máximo luego de cinco años de haber superado el conflicto”, dijo Mejía Alzate. 

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Aunque aún ninguna empresa ha mostrado su interés en participar en las Zomac, el funcionario es optimista, y señaló que las autoridades de los municipios se han contactado con esta entidad para entender los detalles de la estrategia. “Este interés es una muestra de que la medida va por el camino correcto y que se logrará una sinergia con los municipios beneficiados”. 

María Lorena Gutiérrez Botero, ministra de Comercio, Industria y Turismo, instó a los micro y pequeños empresarios para que lideren el desarrollo productivo dentro de las Zomac, recordando que en un escenario de posconflicto su papel es clave en el cierre de brechas de inequidad.

Rivera Salazar manifestó que el Gobierno considera que el reto de desarrollar estas zonas es mayúsculo y no se puede esperar simplemente a la inercia de las leyes del mercado, “hay que producir medidas audaces para atraer a inversionistas a esas zonas. Ellos hacen planes de negocios y podrán computar sus cuentas al no pagar impuestos. Todo eso se va a combinar para generar una dinámica virtuosa de inversión, productividad y desarrollo”.

Ya se socializó al sector productivo

El pasado 9 de octubre un grupo de empresarios y gremios asistieron al evento de lanzamiento de Zomac en La Uribe (Meta) que contó con la presencia del jefe de Estado. Entre los asistentes se destacan la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Federación de Cafeteros, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) y la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) entre otros.

Jorge Bedoya Vizcaya, presidente de la SAC, expresó que es una muy buena iniciativa el hecho de crear una oportunidad desde el punto de vista de la reconciliación territorial. 

Aunque le preocupa que la iniciativa termine en que la gente siembre, sin saber dónde y cómo van a vender sus productos, “la percepción general que tuvieron los gremios que hacen parte de la SAC fue positiva”, vistas como esqueleto y marco regulatorio que genera unos incentivos, sumado a que en esas zonas hay una mano de obra muy resiliente. Sin embargo, advirtió que lo importante es que en esos espacios no se vayan a politizar las decisiones que se tomen para el desarrollo económico. 

A su vez recordó que “el Gobierno también tiene planes en el desarrollo de las vías terciarias, de energía”, generando un efecto multiplicador que acelera la inversión, ya que varios de estos municipios  no cuentan con la conectividad necesaria a los centros de consumo.

Opinan los analistas

Aunque no son planes idénticos, Colombia ha tenido experiencias que recuerdan a las Zomac, como lo son la Ley Páez de 1995, expedida con el fin de incentivar la recuperación del departamento del Cauca y del Huila después del terremoto del 6 de julio de 1994.

El otro antecedente es la Ley 677 de 2001, también conocida como Zonas Francas, cuyo fin primordial es impulsar el comercio exterior, a cambio de la exención de impuestos para empresas que se asienten en dichos territorios. 

César Betancur Cañola, abogado y experto en mercados, dijo que “la Ley Páez y la Ley de Zonas Francas, realmente no han sido exitosas. A pesar de que se ejecutaron en territorios más pequeños y específicos, no dieron resultados”.

Para el profesional en derecho, el Decreto 1650 sobre Zomac es pretencioso en el sentido de que va a recoger 344 municipios (un 31% del total de esas entidades). “El objetivo es bueno, es sano, formalizar empresas, generar empleo, pero es demasiado amplia la parte geográfica que pretende cubrir”.

Otra preocupación es que al ser zonas muy afectadas por la violencia, “genera cierta incertidumbre de seguridad en los empresarios al irse a esos municipios”.

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José Roberto Acosta Ramos, vocero de la Red por la Justicia Tributaria y docente de Economía, recordó que cuando se llevó a cabo la Ley Páez “muchas empresas de Bogotá, de Medellín, y de las grandes ciudades simplemente modificaron su registro comercial a esa zona sin llevar un sólo empleo. La Ley terminó simplemente siendo un boquete en el recaudo tributario”, por tanto recomendó ser cuidadosos con las Zomac para no terminar en “una zona de distensión tributaria que termine simplemente facilitando la evasión por parte de las empresas sin que tenga un efecto duradero sobre el lugar”.

No obstante, la expectativa es optimista, “el país debe orientar esfuerzos para integrar los desmovilizados y estas zonas marginadas las tenemos que mirar todos en esa misma dirección. Aquí le corresponde a autoridades tributarias como la Dian aprender del pasado”, concluyó Acosta Ramos. 

Alejandro Vera Sandoval, vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, coincidió en que es una iniciativa positiva para el sector empresarial, aunque espera que no termine como las Zonas Francas, que debían impulsar las exportaciones y no lo han logrado.

Agregó que “tocaría verificar cuál es el beneficio que está estimando el Gobierno contra el costo fiscal que está generando el hecho de que esas empresas no paguen impuestos”.

Como complemento, Betancur Cañola expuso que los dos antecedentes  tuvieron problemas legales ya que no había seguridad jurídica. “Inicialmente proponen la exención del impuesto de renta y después ponen un montón de requisitos que hacen que la constitución de una empresa, la generación de empleo y la formalización, se vuelva un proceso demasiado costoso e inseguro”, como ha sido el caso de las empresas mineras y de hidrocarburos que afrontan diversas situaciones, atentando en contra de su productividad.

Plan en Antioquia

Dados los altos niveles de afectación por el conflicto que históricamente ha sufrido Antioquia, este departamento es el que mayor número de municipios tiene dentro de la iniciativa, 55 de sus 125, es decir, el 44% están priorizados dentro de las Zomac. Asimismo, es el que mayor cantidad de habitantes beneficiarios tiene, un total de 1’617.686, que equivalen al 24% del total del departamento. Por municipios con mayor cantidad de habitantes se destacan Apartadó (189.325), Turbo (167.886) y Caucasia (117.670).  

Antioquia, además de las ventajas en la industria cafetera y turística, también podría enfocarse en productos plásticos y manufacturas de hierro y acero, entre otros.

“Antioquia podría presentar ventajas en la fabricación de recipientes de aluminio, así como de refrigeradores y congeladores, depósitos de fundición de hierro y la elaboración de pinturas y barnices acuosos. Todo esto, sumado a una cultura del emprendimiento e innovación que están arraigadas en la región, se espera que contribuyan al éxito y a la generación de oportunidades para el mayor número de habitantes”, puntualizó el director del DNP.

55 municipios priorizados

En Antioquia serán: Abejorral, Abriaquí, Alejandría, Amalfi, Angostura, Anorí, Apartadó, Argelia, Briceño, Cáceres, Caicedo, Campamento, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Cocorná, Concepción, Dabeiba, El Bagre, Frontino, Granada, Guadalupe, Ituango, Montebello, Murindó, Mutatá, Nariño, Nechí, Necoclí, Puerto Berrío, Remedios, Salgar, San Andrés de Cuerquía, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Pedro de Urabá, San Rafael, Santa Fe de Antioquia, Santo Domingo, Segovia, Sonsón, Tarazá, Toledo, Turbo, Uramita, Urrao, Valdivia, Vegachí, Vigía del Fuerte, Yalí, Yarumal, Yolombó, Yondó y Zaragoza.