El lunes nos referimos a la imposibilidad de que el Estado renuncie a impartir justicia a cambio de facilitar actos privados de petición de perdón por los victimarios y apertura a la reconciliación por las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de guerra. El atroz ataque a la niña Yuliana Andrea Samboni y las voces que reclaman justicia, sumadas a las de justicieros que piden aumentar los 60 años de pena contemplados en la legislación, reabren el debate sobre la coherencia en la justicia que el país ansía darse, así como sobre el cambio de su función, en tanto se espera menos que sea fuente de reparación individual y se le exige cada vez más ser medio de transformación del individuo criminal, razón del aislamiento, y de persuasión a potenciales delincuentes, explicación del castigo. En esta discusión, nadie admitiría pedir a los padres de Yuliana reconciliarse con los responsables del crimen y renunciar a exigir al Estado que cumpla con su obligación de investigar el hecho y castigar debidamente a los culpables.

El ataque a la niña de 7 años ocurrido el domingo tiene que ser investigado y aclarado con eficacia. Esto significa que la investigación deberá esclarecer si la niña se encontraba en situación de calle o parcialmente abandonada, si hubo fallas del sistema de atención y protección para atender sus necesidades. También tendrá que explicar si el criminal tuvo compañía o ayudas en algún momento y definir si ha intentado eludir la justicia, todo ello garantizándole los fundamentales derechos a la defensa y, primordialmente, a ser oído y vencido en juicio antes que a sufrir linchamiento de la opinión que, habiendo encontrado una causa que siente justa, se encuentra enardecida.

El domingo 5 de diciembre fue el muy trágico cierre de una semana llena de sufrimiento para los niños indígenas y campesinos de Colombia. 

Mientras Yuliana sufría el dolorosísimo ataque contra su dignidad y su vida, el niño wayúu José Epiayu, de apenas 2 añitos, murió en su ranchería de la Alta Guajira. La Asociación Shipia Wayúu, solitaria y perseguida defensora de la infancia que crece desamparada en La Guajira, lo reconoció como el 77 entre los niños menores de cinco años que en los 335 días corridos de 2016 han muerto por causas asociadas a la desnutrición. El pueblo Wayúu ha sido protegido con medidas cautelares de la Cidh, amparo que pareciera sólo le ha servido para acrecentar su sufrimiento y tener que librar nuevas batallas por su salud, mismas que sólo han encontrado indiferencia, cuando no retaliaciones, en la Cancillería y el Icbf.

El 30 de noviembre, la indígena emberá Isabel Caisamo, habitante del municipio de Bajo Baudó, en Chocó, padeció la muerte de su hija de 5 años y sus propias heridas. La tragedia ocurrió cuando madre e hija transitaban las veredas locales y pisaron una mina antipersona, cuya colocación fue atribuida por la Armada Nacional a guerrilleros del Eln. Esa niña, que ni siquiera es reconocida por su nombre en los reportes oficiales o periodísticos, representa la tragedia de los menores de edad que siguen recorriendo los campos colombianos arriesgándose a que las minas dejadas por las Farc, el Eln u otras bandas criminales, acaben con sus vidas.

Hasta el domingo 5 diciembre, incluso hasta ayer en la tarde, las Farc todavía retenían en sus filas a un número indeterminado de los 15.576 menores de 18 años que ha reclutado desde 1979, según datos entregados por la Fiscalía General de la Nación el pasado mes de mayo. El reclutamiento de menores de 18 años es, en toda situación y condición, un crimen de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma, que está en el origen de otros delitos igualmente graves, pues se asocia con abuso sexual, explotación de menores y con la obligación a las niñas para abortar a sus hijos. Las Farc aún incumplen el acuerdo especial de liberación de los menores de edad reclutados, que fue presentado el 15 de mayo de este año como hecho cumplido.

Los crímenes contra la infancia son síntomas de indolencia particular y desidia del Estado con su responsabilidad de ofrecer protección integral a niños, niñas y adolescentes. Convertirlos, como está ocurriendo con el de Yuliana Andrea Samboni, en casos específicos útiles a la pretensión de protagonismo de funcionarios ineficientes hace redundante la victimización y asegura la incapacidad de evitar más víctimas y rescatar a quienes, como los reclutados por grupos criminales, ya lo son.