Desde las tempranas horas de este domingo llegan a la capital de Israel centenares de manifestantes a fin de alzar la voz y las pancartas, algunos en favor de Benjamín Netanyahu y otros para censurarlo. Por primera vez en la historia de este país, un primer ministro en ejercicio será juzgado por presuntos delitos de fraude y corrupción. Los empeños dirigidos a postergar indefinidamente su presentación ante los tres jueces fracasaron. La prensa y los medios televisivos han acentuado la atención a este episodio que puede paralizar la trayectoria política de Bibi que ejerce el poder desde hace trece años.

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Las amenazas tanto contra el ex jefe de la Policía y el fiscal general del país se han multiplicado en los últimos días. Se trata de funcionarios que no dependen de ministro alguno y que con arreglo a sus responsabilidades han acertado a reunir y presentar cargos contra el Primer ministro. Cabe agregar que hace algunos años dos de los tres jueces castigaron con la cárcel tanto a un presidente como a un primer ministro de Israel. Al primero por violar a dos de sus secretarias y al otro por turbio manejo de fondos públicos.

Se anticipa que los abogados de Netanyahu intentarán postergar por tiempo indefinido la continuación del juicio. Mientras tanto se amplía el despliegue de la fuerza policial a fin de impedir choques violentos entre los manifestantes. Ciertamente, lo que está en juego no es sólo el futuro personal y político de un primer ministro; su resultado puede afectar la solidez del sistema democrático de este país que a la fecha ha acertado a superar crisis económicas y choques militares.