Por las fallas de origen, sus actuaciones sesgadas durante catorce meses de funcionamiento y la sombra del narcotráfico, las víctimas de las Farc piden transformar a la JEP.
La Federación de Víctimas de las Farc agrupa a 230.000 víctimas de 10,2 millones de hechos víctimizantes perpetrados por las Farc.
En los catorce meses que han seguido a la posesión de 31 de los 38 magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, acaecida el 15 de enero de 2018, las víctimas de las Farc asociadas en Fevcol han visto realizarse sus temores sobre el enfoque e intenciones de esa jurisdicción, también han asistido a escándalos y hechos que no imaginaban en ella. Por eso, sus expectativas no están centradas en las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP, sino en la voluntad de las instituciones del Estado por impulsar un sistema integral de justicia independiente, transparente y enfocado en dar a las víctimas, a todas ellas, las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición, que consideran les están siendo denegadas por la JEP.
El campanazo sobre las condiciones actuales de la JEP fue lanzado por su presidente honoraria, la exsenadora Sofía Gaviria Correa, quien en columna para EL MUNDO la calificó como “justicia de la Cosa Nostra”, señalando cómo por sus actuaciones y escándalos puede haber merecido tal calificación.
Pecado de origen
Herbin Hoyos, presidente de Fevcol, y el abogado Sergio Alzate, asesor de esa organización que reúne a más de 230.000 víctimas y ha documentado 10,2 millones de hechos victimizantes, coinciden en señalar fallas de origen en la concepción y conformación de la Jurisdicción Especial para la Paz, lamentando que el presidente Santos hubiera desaprovechado la negociación con las víctimas y con votantes del NO para introducirle cambios que hubieran garantizado los derechos de las víctimas y no las pretensiones de los victimarios de las Farc.
La sensación de haber sido burlados luego de que se les convocase a expresar su concepción de justicia la resume Herbin Hoyos cuando expresa que “Santos prometió que no irían a hacer política sin ir a la justicia, sin responder por delitos sexuales, sin cumplir penas, sin responder a víctimas por lo prometido” y señala que lo que ha ocurrido es la concesión de representación política y la consagración de mecanismos de impunidad para las Farc.
A más de señalar su conformación contraria a la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que prohíbe instaurar tribunales de justicia con posterioridad a la comisión de los delitos, el abogado Alzate coincide con Hoyos en destacar el sesgo que tiene una justicia cuyos magistrados fueron elegidos en forma indirecta por quienes deben someterse a ella. Tal deformación ocurrió cuando las Farc participaron en la designación de miembros del comité de selección de magistrados de la JEP, oportunidad denegada a las víctimas de las Farc.
Esa visión sesgada inicial se ha afianzado gracias al sesgo ideológico dominante en la institución, el cual impone a aspirantes a ocupar cargos en la JEP “ser amigos del proceso de paz”, visión no jurídica que directivos de la jurisdicción defienden señalando que esta es “una justicia política”.
Tales condiciones han producido una “jurisdicción que eligen los victimarios, en la que se le obliga al compromiso de garantizarles ‘la seguridad jurídica’, que para los victimarios significa impunidad para las víctimas”, indica Hoyos.
Directivos de Fevcol
Sesgo y unilateralidad en la conformación del organismo están en la base de su incapacidad para garantizar que se imparta justicia en los 10,2 millones de hechos victimizantes de las Farc, debidamente registrados por Fevcol, o que haya objetividad en el juicio de tres mil delitos imputados a agentes del Estado.
Procederes distintos para los victimarios
En su constitución intencionada en pro de los victimarios, no de todas las víctimas del conflicto, encuentran los voceros de las víctimas de las Farc fallas procesales, burocráticas y organizativas de la JEP que han conducido a que, un año después, las organizaciones participantes de Fevcol sientan que sus posibilidades de tener verdad, justicia, reparación y no repetición sean inexistentes.
Hasta el pasado 5 de marzo, cuando abrió el caso 007, sobre “reclutamiento de niñas y niñas en el conflicto armado”, la JEP ha abierto dos casos por victimización a cargo de las Farc (secuestro y reclutamiento de menores de edad); dos casos por victimización atribuible a miembros de la fuerza pública u otros (falsos positivos y masacre de la UP) y tres por contextos generales en Cauca, Nariño y Urabá.
Aunque es la organización con mayor conocimiento de los casos de reclutamiento forzado y los delitos a él asociados, en tanto como federación alberga a las mujeres víctimas agremiadas en la Corporación Rosa Blanca, y a pesar de que a ella se han sumado la mayor parte de víctimas de secuestro extorsivo, distinto a los secuestros políticos agrupados en el caso 001, la JEP no ha reconocido a Fevcol como interlocutor legítimo a nombre de las víctimas, cosa que sí ha hecho, hasta el punto de otorgar contratos a personas cercanas a él, con el Movimiento de víctimas de crímenes de Estado, Movice, cuyo líder visible es el senador Iván Cepeda.
El tratamiento diferenciado a las organizaciones es reflejo del manejo sesgado de los procesos a su cargo.
En las comparecencias de acusados por los delitos de secuestro, o sea el comando central de las Farc, la JEP ha realizado audiencias reservadas, en ausencia de organizaciones de víctimas que puedan controvertir los testimonios. A consecuencia de tal comportamiento se han conocido incumplimientos de los comparecientes, como el de alias Timochenko, que usó su participación para relatar su infancia y juventud.
Tal indolencia, y la falta de confrontación por magistrados o víctimas, hace parte de un trazado para garantizar la impunidad de “hechos con responsabilidad colectiva” en los que el modelo de comparecencia de los altos mandos, y no otros integrantes, garantiza que no se atribuyan, califiquen y castiguen actuaciones individuales.
La otra cara de la moneda de la comparecencia es la que ocurre con los militares acusados de delitos de falsos positivos. Para ellos no existen las responsabilidades colectivas ni la privacidad que se ha ofrecido a las Farc. Al contrario, en estos casos se han configurado procesos individuales, las responsabilidades se han dado a publicidad y las audiencias han ocurrido con las víctimas, que han tenido la oportunidad de confrontar versiones y de recibir las solicitudes de perdón.
Incumplidos sin seguimiento
Desde su desmovilización e inicio de comparecencia a la JEP, las Farc hubieran podido tener la oportunidad de demostrar interés en responder ante la justicia y satisfacer los derechos de las víctimas. Además de dejar de hacerlo, han incurrido en cinco causales por las cuales la Jurisdicción debería, en concepto de Hoyos y Alzate, abrirles incidentes de incumplimiento, algunos personales, otros colectivos.
En los personales destacan las responsabilidades de a. jesús santrich, a quien la JEP le ha dilatado las decisiones que corresponderían porque habría incurrido en el delito de narcotráfico tras la firma del acuerdo final, de a. “el paisa” y a. iván márquez, quienes no han cumplido con sus comparecencias ni rendición de informes, y por ello son buscados por la JEP; así como en lo ocurrido con a. timochenko, quien usó la audiencia en la que debía responder por secuestro para hacer un relato biográfico.
También señalan que existen situaciones colectivas por las cuales debiera haberse iniciado un incidente de incumplimiento. Son ellos: la entrega de listados falsos, con la inclusión de unos 700 narcotraficantes “pura sangre” en ellos; la falsa rendición de cuentas sobre sus bienes, y las reincidencias, que se han documentado han ocurrido entre 460 de los 7000 desmovilizados con armas.
Ocurrido tal panorama, los voceros de Fevcol coinciden en desestimar la importancia que puedan tener las objeciones que el presidente Duque haría a la ley estatutaria de la JEP. Ellos aspiran, a nombre de 230.000 víctimas, a una justicia para la reconciliación que ampare a víctimas de las Farc, los paramilitares y miembros de la fuerza pública que incumplieron su juramento y para quienes debe caer el rigor de la ley.
La mancha del narcotráfico
El concepto del procurador general reclamando a la JEP que entregue a la Corte Suprema de Justicia el expediente sobre la solicitud de extradición de a. jesús santrich, elevada por la justicia estadounidense, agrega nuevas razones a un proceso que la Justicia Especial para la Paz contuvo alegando su derecho a evaluar los hechos motivo de acusación.
La JEP ha defendido su actuación alegando la “garantía de no extradición” consignada en el acuerdo final para miembros de las Farc que hubiesen cometido delitos asociados con el narcotráfico antes de firmar el acuerdo de noviembre de 2016.
Tal acción, sin embargo, es vista por los voceros de Fevcol, como otro síntoma de la permeabilización del proceso de justicia transicional por el narcotráfico, al que se deben la llegada de colados a la JEP, el ocultamiento de bienes, las disidencias y reincidencias, y los escándalos por contratación amiguista, actuaciones indebidas e inhabilidades, que han predominado en la corta existencia de la institución que se ofreció como pilar del compromiso de respeto a las víctimas del conflicto armado.
Prohibida su reproducción total o parcial. La traducción a cualquier idioma está permitida estrictamente para usos pedagógicos y debe citarse la fuente. Reproduction in whole or in part is forbidden. Translation in any language is permitted strictly for pedagogic uses without written permission, and credits shoud be given to EL MUNDO.
Webmaster: webmaster@elmundo.com - Contáctenos en la Calle 53 #74-50 Barrio Los Colores en Medellín - Colombia - Teléfono (574) 2642800
Mi Mundo
Regístrate
