Agraviadas por la sentencia de la Corte Constitucional que avaló la Ley Estatutaria de la JEP y denegó cambios substanciales hechos por el Congreso tras amplias deliberaciones públicas, las víctimas de las Farc, actuando a nombre de todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad, anuncian nuevos esfuerzos para buscar que la Corte Interamericana o la Corte Penal Internacional les garanticen la justicia, y con ella la verdad, la reparación y la garantía de no repetición, que en Colombia les está siendo negada.

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El periodista Herbin Hoyos Medina, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, Fevcol, y asesor de la Corporación Rosa Blanca, anunció que emprenden el camino de la justicia internacional amparados en la falta de legalidad y juridicidad de las decisiones adoptadas el jueves en sala plena que aprobó la ponencia presentada por el magistrado Antonio José Lizarazo, que eliminó los ajustes que el Congreso hizo a la ley estatutaria de esa jurisdicción.

Una decisión sin juridicidad

La decisión de la Corte Constitucional va contra la Constitución, tratados internacionales en derechos humanos que tienen rango constitucional y el Congreso, conceptuaron el periodista Hoyos, así como activos participantes de un debate contra la decisión que desde la noche del pasado jueves ocupa las redes sociales.

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La soberanía del legislador fue atropellada por una Corte que se dio facultades legislativas, careciendo de ellas, “usurpando al Congreso”, señaló Hoyos Medina. Aclaró el presidente de Fevcol que la Corte sólo tiene facultades legislativas cuando, mediante sentencia, ha ordenado al Congreso legislar sobre un tema determinado y éste se ha negado a hacerlo. Al negar los cambios a la JEP en favor de las víctimas, la Corte rompió ese compromiso.

La Corte, sin embargo, no sólo se saltó al Congreso. Ella, que en su tradición ha sido la guardiana del Artículo 93, que declara que “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”, ahora lo abandona.

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Juristas y activistas alegarán ante las cortes internacionales que garantizar que la JEP y no la justicia ordinaria investigue y juzgue a jefes guerrilleros, paramilitares y militares, responsables por la cadena de mando, y a los perpetradores de violaciones a niños, niñas y adolescentes, muchas veces acompañadas con abortos forzados, constituye una violación al Estatuto de Roma, que establece que los crímenes de lesa humanidad no pueden tener impunidad, amnistía o indulto.

Adiós a la confianza

“¿Cómo van a declarar que los delitos sexuales contra menores de edad pueden ser considerados crímenes en razón del conflicto, o sea parte de las acciones para ganarle a la contraparte, y no crímenes de lesa humanidad?”, se pregunta Hoyos Medina.

La impunidad, señala el activista, ocurre especialmente en el caso de los victimarios de las Farc, toda vez que los jefes de ese grupo, incluida alias victoria sandino, son directos responsables de violaciones de niñas y niños, tras haber impuesto el reclutamiento forzado, así como de imponer aborto forzoso. Además, indica, también tienen culpa en la cadena de mando, al haber consentido o tolerado la perpetración de tales crímenes por sus subordinados. Es por ello que con esta decisión, la Corte Constitucional “por salvar a los violadores de las Farc, salvan a todos los violadores”.

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Aunque su responsabilidad ha sido denunciada por las víctimas, por investigadores sociales y por los organismos de justicia, la Corte Constitucional le ha garantizado a los jefes culpables de tan graves crímenes el mantener representación política ocupando dignidades en el Congreso, situación que ratifica la impunidad que se ha impuesto como carga a las víctimas.

Al ser una actuación legislativa, señala Hoyos Medina, la Corte Constitucional ha avalado una grave vulneración a los derechos humanos, perpetrada por distintos actores, como delito en el marco del conflicto. Dando tal paso, ha llegado a la “Sharia” del pueblo musulmán, o sea a convertir en ley una costumbre, en este caso una que agravia a las personas, la sociedad, la Constitución y la Ley.

Herbin Hoyos lamenta esta actuación de la que históricamente ha sido reconocida como sabia y justa Corte Constitucional. Con ella, declara, “las víctimas nos estamos dando cuenta de que la Corte Constitucional se ha ideologizado” y ha contribuido a que se tomen decisiones que garantizan impunidad para los victimarios.

Aunque acudirán a ella, los personeros de Fevcol tampoco sienten que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos vayan a tener garantías de recibir justicia, toda vez que ese organismo ha demostrado ideologización y proclividad hacia los victimarios.

Dadas esas condiciones, las esperanzas de Fevcol, que también actuará a nombre de la Corporación Rosa Blanca, están puestas en la Corte Penal Internacional, guardiana del Estatuto de Roma y vigía de que en los estados y las organizaciones internacionales no se rompa el compromiso de 194 países del mundo con la justicia para los crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos.

La verdad en la JEP será insuficiente

La demanda de las víctimas por justicia suele encontrar duras respuestas por quienes les señalan que la favorabilidad de la justicia transicional les va a garantizar verdad, a la que han sido obligados los comparecientes.

Herbin Hoyos desestima la idea generalizada al señalar que la verdad que deben ofrecer los victimarios comparecientes es contextual y generalizada, en ella no están obligados a reconocer sus responsabilidades específicas, que es lo que están realmente esperando las víctimas, y menos están comprometidos a pedir perdón y reparar ellos a las víctimas. Tales exigencias sí se cumplen, explica, en el proceso ante la justicia ordinaria.

Trabajan por la dignidad de las víctimas

Fevcol es la Federación que estará a la cabeza del proceso judicial. Esta reúne a 179 organizaciones de víctimas de las Farc, que recogen a cerca de 205.000 víctimas de ese grupo guerrillero. La organización es presidida por el periodista Herbin Hoyos Medina, que en la junta directiva está acompañado por Yolanda Perea, oriunda de Riosucio (Chocó); Maribel Vásquez; Sara Morales, víctima de reclutamiento forzoso; Javier Cáceres, y Patricia Riveros.

La Corporación Rosa Blanca, formada en 2017, reúne a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de las Farc, que las sometieron a reclutamiento forzado , delitos sexuales y la obligación a abortar. Su presidente es Sara Morales.

Comentarios:

oswalldo
2018-08-28 08:32:50

la corrupción genera un impacto negativo al producir y consolidar la desigualdad social, como pasa en los fondos privados de pension que deteriora tu calidad de vida y si te pensiona es con un minimo. Y eso es exactamente lo que ocurre con las víctimas hasta ahora invisibles de los fondos privados de pensiones, que traen a la memoria la situación de pobreza y abandono del protagonista de la novela de García Márquez, El Coronel no tiene quien le escriba, quien esperó durante años una pensión que nunca recibió, y quien, además, a lo largo de la obra –tal como las víctimas anónimas de estos fondos–, no tiene un nombre propio que lo identifique. Fueron muchos los colombianos que abandonaron el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y se trasladaron a los fondos privados ante la promesa de recibir una pensión considerablemente mejor.

Edgar
2018-08-21 07:30:09

La Corte Constitucional hace rato se politizó, por lo tanto se perdió la confianza en esa justicia.

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