Varios cargos colombianos, entre ellos el actual vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, y otros antiguos responsables militares, han sido llamados a comparecer ante la justicia ecuatoriana para el inicio de un litigio por el presunto delito de asesinato de cuatro estudiantes mexicanos.

"Se abre juicio para procesarlos por asesinato, pero estamos buscando incriminarlos por el crimen de lesa humanidad por la agresión premeditada contra personas que no pudieron defenderse", explicó Luis Saavedra, director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Inredh, que representa a las familias de los cuatro estudiantes.

Los hechos se remontan al 1 de marzo de 2008 cuando el Ejército colombiano bombardeó, durante la Operación Fénix, un campamento temporal de las Farc localizado en territorio ecuatoriano, en el sector de Angostura.

Según la acusación, diez bombas racimo GBU-12-Paveway fueron lanzadas desde aviones de las fuerzas colombianas con la cooperación de EE. UU., sobre el campamento donde pernoctaban un grupo de estudiantes y guerrilleros.

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En total 25 personas perdieron la vida en el ataque aéreo, entre ellos, Édgar Devia alias raúl reyes, segundo comandante de las Farc, un ciudadano ecuatoriano y los cuatro estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) que se encontraban en lugar de los hechos por razones académicas.

La Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos rechazó este miércoles un recurso de los defensores de los sospechosos colombianos para declarar nulo el proceso.

Además de Naranjo, figuran como investigados los militares encargados de aquella operación: Mario Montoya Uribe, Guillermo Barrera, Jorge Ballesteros, Freddy Padilla de León, y Camilo Ernesto Álvarez Ochoa.

La corte ecuatoriana ordenó asimismo que los presuntos implicados comparecieran ante la justicia ecuatoriana para dar trámite a la audiencia de juzgamiento.

Los jueces notificaron en su resolución que "se presenten voluntariamente o a su vez, se proceda a su ubicación, localización y captura de los procesados para que se realice la audiencia de juzgamiento".

El responsable del Inredh consideró "poco probable" que se presenten los imputados a juicio y consideró la decisión de la corte "más bien de carácter político que con efectividad jurídica".

Con todo, adelantó ante la incomparecencia el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano que deberá proceder a tramitar la solicitud de extradición de los imputados colombianos y que en paralelo se ha elevado en un escrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la situación jurídica del caso.