¿Cómo es posible que, al enterarse del contenido de los acuerdos, como fiscal, un eximio jurista no denuncie la incontable cantidad de violaciones a la Constitución que ellos contienen?
El gobierno siempre les cumple a las Farc, mientras ellos jamás lo hacen.
“Las dos caras de la paz” (Bogotá: Planeta, 2009), de Néstor Humberto Martínez Neira, es un libro muy bien escrito, sólido y revelador, que he leído cuidadosamente. Sin omitir glosas, recomiendo su lectura.
En primer lugar, hay que destacar la preparación y experiencia del autor: superintendente bancario, miembro de la junta del Emisor; gerente jurídico del BID, ministro de Justicia (1994), embajador en Francia, ministro del Interior con Pastrana (1998), y con Santos, ministro de la Presidencia (2014); fiscal general bajo Santos a partir de agosto 1° de 2016, hasta el 15 de mayo de 2019, bajo Duque. En los intervalos entre grandes puestos públicos, unos quince años, ha ejercido la abogacía con inmenso éxito económico.
En consecuencia, no se trata de una persona crédula ni mal informada. Como ministro de Pastrana tuvo personal y profundo conocimiento de la perversidad y mala fe de la cúpula guerrillera, como recuerda cuando narra episodios y conversaciones en el Caguán. Además, en el capítulo 5 no solo explica mejor que nadie las estrategias que llevaron a Chávez al gobierno, sino que nos permite observar cómo se repiten ahora en Colombia.
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También revela hasta dónde el acuerdo con las Farc ha sido concebido por ellas únicamente como mecanismo para alcanzar el poder, porque nos dice que sus dirigentes son fanáticos comunistas, intransigentes, obcecados, refractarios, impenetrables, etc., lo que los hace indignos de toda presunción de inocencia o buena fe.
Por lo tanto, creo que las Farc nunca capitularon,
sino encontraron una oportunidad (…) para hacer
de la opción negociada una vía para crear condiciones
que les permitieran acceder al poder (p. 233).
En el epílogo volverá a desnudar a los guerrilleros, lo que me obliga a preguntar: ¿Cómo es posible que, al enterarse del contenido de los acuerdos, como fiscal, un eximio jurista no denuncie la incontable cantidad de violaciones a la Constitución que ellos contienen?
Y luego, después de la negativa del plebiscito, cuando el gobierno procede a la aprobación dolosa del Acuerdo Final (AF), contrario a la Carta y las leyes, ¿cómo es que no hace las denuncias penales correspondientes? ¿Ignoraba que, cuando fue Fiscal, Alfonso Valdivieso denunció al presidente Samper penalmente por infracciones, veniales si se quiere, frente a las cometidas por Santos?
El exfiscal disimula, entonces, y finge creer en las bondades de la “paz”…, pero cuando ya se ha consumado esa cadena de golpes de Estado, empieza a tratar de mitigar los peores atropellos autorizados en la ley estatutaria de la JEP. Su sólida argumentación jurídica tiene un éxito provisional, porque el Congreso aprueba algunos correctivos a ese estatuto aterrador, pero pocos meses después la Corte Constitucional derogará para que esa ley quede igual al proyecto presentado por las Farc y el gobierno.
Esta triste historia se repetirá con las tibias objeciones de Duque a seis artículos de esa ley, que ¡solo tenía otros 154 inconstitucionales e inconvenientes!
A lo largo de todo el libro Néstor Humberto se cuida de alejarse de Santos, aunque deja entrever (p. 83) que no ignoró las maniobras fraudulentas para birlarle la presidencia a Óscar Iván Zuluaga; y algo todavía peor: en las páginas 129 y siguientes narra cómo engañó Santos a Uribe Vélez cuando este último intentaba algunas reformas a los acuerdos con las Farc para hacerlos menos inconvenientes. Lo anterior me lleva nuevamente a señalar que nunca se debió conversar con Santos nada distinto a su renuncia, después de la negativa del pueblo al AF.
Ahora bien, como fiscal, Martínez Neira realizó una gran labor que la historia le reconocerá, evaluando y cuantificando la actividad criminal de las Farc, para transmitirla a la JEP. ¡Otra cosa es que esa jurisdicción haga caso de esa documentación!
Para el efecto, el 8 de noviembre de 2016 formé el Grupo para
La persecución de activos ilícitos, integrado por 300 personas (…)
100 del CTI, 100 de la Dijin y 100 del Ejército, que durante
más de un año analizaron 13 millones de archivos electrónicos,
15.000 entrevistas y 286 inspecciones, labor que permitió
establecer que el patrimonio ilícito de las FARC alcanzó una
suma cercana a los 10 billones de pesos (…) y que entre 1996
y 2012, recibieron 1.2 billones de dólares por secuestros y
7.7 billones de pesos por narcotráfico. (Pag. 235 y siguientes)
Su Fiscalía trató de lograr la entrega de los bienes de las Farc para la reparación de las víctimas. Por eso el libro nos recuerda el famoso inventario de esa organización, que sumaba dizque 823 534 millones de pesos, lo que no pasó de ser una gigantesca mamada de gallo, porque, inter alia, decían tener 241.560 hectáreas de tierra, sin identificación catastral o registral, por la suma de 433.658 millones de pesos, así como 20.724 cabezas de ganado, sin información de dónde estaban, y de 325 vehículos sin matrícula, etc., para no hablar de traperos, cirugías de venas várices y de la operación de la cavidad de un pene, que presentaban como créditos contra la Nación. La realidad es que, si mucho, a diciembre 31 de 2019 han entregado unos $ 20 000 millones, según Néstor Humberto, o el 0.38 % por ciento de ese inventario, según la Federación de Víctimas de las Farc.
El capítulo 6, dedicado a las maniobras de las Farc para evadir el cumplimiento de la entrega de esos activos es muy interesante. Ojalá la fecha límite para esa entrega de bienes, que el gobierno ha aplazado hasta el próximo 20 de julio, no conduzca a nuevos plazos, concesiones o engaños.
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El gobierno siempre les cumple a las Farc, mientras ellos jamás lo hacen, pero insisten en que nada se les ha cumplido, aunque de nuevo acaban de ampliar los términos para seguir sosteniendo a millares de “cumplidores” del AF.
Como están frescos los episodios de la confabulación de la JEP con Santrich y su fuga, no es necesario referirnos a ellos. En toda esa comedia bufa la única actuación seria fue la del fiscal, que tuvo que renunciar el 19 de mayo de 2019 para no tener que cumplir con la orden arbitraria e ilegal de la JEP de excarcelar al narcoguerrillero.
Para finalizar, llamo la atención sobre el terrible epílogo del libro, que retrata de nuevo la índole de las Farc y la infamia del acuerdo que les entregó el control del Estado, aunque el autor —todavía— sigue creyendo indispensable “concertar una política que acelere el cumplimiento del Estado”…
En la página 361 nos informa que 99 114 investigaciones de delitos de las FARC dejaron 72 146 víctimas (…), que desde luego —acoto— nadie está actualmente detenido por esos hechos, ¡mientras por 4 110 investigaciones contra agentes del Estado, hay 11 664 procesados! Frente a miles de secuestrados (pag. 266) solamente 275 terminaron en condena, y por reclutamiento de niños solo hay 10 sentencias, pero utilizaron 5 252 menores, y de ellos, solamente entregaron al ICBF 124 (pag. 367).
Al cerrar el libro no puedo dejar de pensar que si el fiscal Martínez Neira, en vez de seguir confiando en un pacto con delincuentes que él bien conocía, hubiera cumplido con el deber de denunciar los delitos que rodearon su fraudulenta aprobación, el epígrafe de su libro, “Como testimonio de fe en las libertades y el orden institucional”, tendría mayor validez.
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