El Gobierno Nacional se alista para conmemorar el Día de acción contra las minas antipersona con un despliegue propagandístico, combinación de información divulgada sin edición por grandes medios y eventos llenos de cámaras de televisión, que aprovechará para eludir la rendición de cuentas, especialmente en término de cumplimiento del acuerdo final por las Farc, y ocultar la realidad de los territorios infestados con minas antipersona, los descontaminados y nuevos hechos de siembra de artefactos mortíferos.

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Entre las cifras que el Gobierno ha divulgado, la más sólida es la de reducción anual de número de víctimas, dato que no puede silenciar la inmensa tragedia que significa que entre los años 1990 y 2018, 11.542 personas, que transitaban desprevenidas, fueron afectadas por estos artefactos, la mayoría sembrados por las Farc, aunque en los últimos años también son usados por el Eln y el Clan del Golfo. Dado que la mayor parte de las víctimas, 10.366, han sido miembros de la Fuerza Pública, y que el desminado es aún parcial, no es claro si la menor victimización, en 2017 los accidentes afectaron a 56 personas, responde a la reducción de artefactos en terreno o, como es más posible, a la disminución de patrullajes de la Fuerza Pública y la intensificación de los proyectos de formación ciudadana en prevención de accidentes con minas, realizados por ONG nacionales con cooperación internacional.

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Con gran despliegue, el programa contra minas, hoy llamado Descontamina Colombia, ha señalado que 188 municipios, de 700 con sospecha de contaminación, han podido ser declarados “libres de minas antipersonal”. Diseccionar la cifra es encontrar una decepción. De esos municipios, sólo 23 han tenido operaciones de desminado humanitario culminadas, algunas, como la de la vereda Orejón, de Briceño, incompletas pues aún se siguen encontrando artefactos. En los restantes 159, la declaración de limpieza ha sido dada por consejos locales de seguridad en que participan autoridades, miembros de la Fuerza Pública y comunidades. Hoy, las autoridades estiman en 51.000 km², el territorio contaminado, sin explicar cómo lograron llegar a esa cifra, siendo que en marzo de 2016 el territorio infestado se estimaba en 200.000 km².

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Las inconsistencias en cifras de áreas contaminadas y esfuerzos necesarios para cumplir con la obligación contraída al firmar el Tratado de Ottawa, que exige tener el país descontaminado en 2021, han sido señaladas en los reportes anuales Land Mine Monitor, de la Campaña mundial contra las minas; Clearing the Mines 2017, de Mine Action Review -organización impulsada por Ayuda popular noruega- y del Cicr. Estos análisis expertos lamentan el desconocimiento del Gobierno sobre la cantidad de municipios afectados y el tipo de minas sembradas en ellos, toda vez que las Farc, y hoy los dueños de los cultivos ilícitos, sembraron minas para proteger sus campamentos, cultivos y para cerrar el paso a las tropas que las seguían. Sin tal información es imposible calificar los avances en materia de desminado.

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En su ejercicio propagandístico, el Gobierno Nacional ha omitido cualquier referencia al cumplimiento de las Farc a sus compromisos con el desminado establecidos en el punto 4, sobre el problema del narcotráfico, los cuales obligan a esa organización a “el suministro de información” sobre ubicación de las minas, no, como equivocadamente lo ha asumido el Gobierno, a constituir otra ONG para desminar en los campos. Cumplir con las obligaciones de informar sobre los cultivos ilícitos, las rutas del narcotráfico y las minas sembradas, la mayoría para proteger esos recorridos, es atender los compromisos del Acuerdo Final, así como dar un paso para ganar confianza demostrando que ese grupo rompió lazos con el narcotráfico y que las “disidencias” verdaderamente son tales y no son un brazo armado de la nueva organización política.

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A pesar de sus esfuerzos propagandísticos, el Gobierno no logra ocultar que más que soluciones ciertas al serísimo problema de los campos sembrados con armas mortíferas, hereda a su sucesor un problema desconocido, una obligación difícil de atender y la carga de empezar a exigir a los farianos el cumplimiento de sus escasas obligaciones con la sociedad colombiana.

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