Los combates al sur de Filipinas se intensificaron este domingo con nuevos ataques aéreos del Ejército después de que los yihadistas afines al Estado Islámico (Ei) mataran a ocho civiles en la ciudad de Marawi, donde el número de víctimas mortales se acerca al centenar, según indicó el portavoz de las Fuerzas Armadas de ese país, Restituto Padilla.

Estas nuevas muertes, elevan a 19 el número de bajas civiles oficiales causadas por los rebeldes del Grupo Maute desde que el pasado martes trataran de tomar la ciudad por las armas desatando intensos combates contra las tropas gubernamental.

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El portavoz militar aseguró que hoy se han lanzado "nuevos ataques aéreos de precisión y fuego de artillería", para reducir a los rebeldes en algunos barrios de Marawi donde todavía mantienen el control o se ocultan entre la población local.

Las Fuerzas Armadas aseguran haber matado a 61 yihadistas, mientras 11 soldados y 4 policías cayeron en combate, lo que sumado a las víctimas civiles suman un total de 95 muertos, según los últimos datos oficiales de este domingo.

Más de 2.000 civiles permanecen "atrapados" en las zonas aún controladas por los islamistas y 42.000 han sido evacuados a refugios en Marawi y áreas cercanas, declaró a Efe el portavoz del Comité de Gestión de Crisis de Lanao del Sur, Zia Alonto Adiong.

La ley marcial

Los militares actúan al amparo de la ley marcial, declarada por el presidente Rodrigo Duterte en toda la isla de Mindanao cuando se desató el incidente el martes.

El centro de Marawi permanece sitiado por los soldados, que han tomado las calles con sus vehículos militares y han establecido numerosos puntos de control. Tanto la electricidad como la luz y el agua permanecen cortadas desde hace seis días y apenas se ven civiles por la calle, ya que la mayoría de la población se ha desplazado a localidades cercanas como Iligan o Cagayan de Oro o ha sido evacuada.

Los civiles que continúan en Marawi están llamados a quedarse en sus casas; según el Ejército, los islamistas colocaron explosivos en las calles durante su retirada.
La crisis de Marawi comenzó el martes cuando el Grupo Maute trató de tomar la ciudad después de que las Fuerzas Armadas realizaran una operación para capturar a Isnilon Hapilon, colaborador del EI por cuya cabeza EEUU ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.

Los yihadistas, que presuntamente protegen a Hapilon, prendieron fuego a la comisaría, a un colegio, a una cárcel y a una iglesia, donde secuestraron a un cura y a 13 feligreses que mantienen en su poder.

Encapuchados y a bordo de vehículos con banderas negras del Estado Islámico, los terroristas llegaron a desfilar por las calles de Marawi, donde ocuparon varias instalaciones municipales y un hospital hasta que se vieron superados por el Ejército y comenzaron su retirada.

El Ei reivindicó en su agencia de noticias Amaq el ataque del Grupo Maute, que ha recibido el apoyo de milicianos indonesios y malasios simpatizantes de la organización terrorista internacional.

La ley marcial declarada por Duterte en Mindanao ha generado polémica, ya que organizaciones de defensa de derechos humanos, como Human Rights Watch, creen que el presidente puede usarla para cometer abusos como hizo el dictador Ferdinand Marcos en los años 70 y 80.

La ONG local Karapatan ha denunciado dos arrestos ilegales de agricultores y la muerte de un ciudadano en bombardeos en otras zonas de Mindanao en los seis días que lleva vigente la ley marcial.

El presidente filipino, conocido por sus políticas de mano dura, prometió aplicar la ley marcial de forma estricta y no descartó extenderla a todo el país o pedir al Congreso que amplíe su límite de dos meses en caso necesario.

El Gobierno de Manila canceló entretanto la nueva ronda de negociaciones de paz con los representantes del grupo rebelde maoísta Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), después de que el Partido Comunista de Filipinas propusiera a sus milicias aprovechar la crisis de Marawi para intensificar los ataques armados.