La Constitución Política de Colombia de 1991 dividió de forma estratégica la Corte Constitucional para que fuera nuestra guardiana de los derechos fundamentales.
Álvaro Murcia López
Como un buen vendedor atrapando sus clientes, así empezó la propuesta de nuestro presidente Iván Duque. ¡Sí señores!, como un buen vendedor se puede catalogar la estrategia y/o iniciativa de Iván Duque, que muestra solo las ventajas del producto, sin mencionar, o mejor aún, tapando las condiciones y consecuencias devastadoras que todo producto mal elaborado puede tener, cuando sin previo estudio (benéfico) lo venden a una sociedad como la cura a nuestras enfermedades, a sabiendas que el único resultado que se puede probar a simple estudio, es el beneficio integral del creador.
Empieza diciendo la propaganda, “me disculpo”, la “benevolente propuesta” la cual hay que reconocer que sin lugar a duda es muy asertiva para sus intenciones:
“En total son 132 magistrados de altas cortes, cada uno con un salario de más de 32 millones de pesos –que incluye asignación básica mensual, gastos de representación y prima especial de servicios– para un total de más de 51 mil millones de pesos al año”.
Una excelente conclusión de un profesional en ventas, pues da cuenta de manera sigilosa y muy astuta un gran cambio económico necesario, que ningún colombiano quisiera negarse en una pronta solución al derroche de recursos de nuestro país, como si esta fuese la gran enfermedad que hora tras hora carcome en pasos gigantescos toda la estructura de la Nación. “Corrupción”.
La corrupción es una enfermedad que debe atacarse de forma multidimensional y multisectorial, como ya lo ha mostrado la realidad del país, pues la misma, no radica en un sitio específico, y no se acabará por una simple reducción de la estructura de la Rama Judicial, todo lo contrario, termina dando poder a una sola corporación, en donde no ha de ser un genio para saber quién o quiénes serían las personas encargadas en proponer candidatos, y de esta forma colocar los nuevos magistrados de esta nueva corte, los mismos que a baldados gigantescos vaciaran el agua que por el momento ya les está llegando a los hombros.
Pero no nos alejemos de la comparación del magnífico vendedor y tengamos en cuenta las consecuencias de este nuevo producto si me permiten referirme a esta como tal; al desaparecer las diferentes cortes o ser remplazadas por una Súper Corte, quedaríamos como la antecesora Constitución Política, en donde la Corte Constitucional era una simple sala constitucional dependiente de la antigua Corte Suprema de Justicia.
La Constitución Política de Colombia de 1991 dividió de forma estratégica la Corte Constitucional para que fuera nuestra guardiana de los derechos fundamentales y en ella no hubiese condición para su función, de esta manera fuera autónoma e independiente, basada en unos de los principios políticos (división de poderes) y a su vez cualidad fundamental de la democracia.
Toda propuesta y estrategia de vendedor tiene inmerso un objetivo, en mi opinión que seguramente será la de muchos; tiene que ver con el Artículo 235 de la Constitución Nacional más exactamente en sus puntos 2 y 3, que en resumen faculta a la Corte Suprema de Justicia para juzgar al presidente de la República e investigar y juzga a los miembros del congreso respectivamente.
Sólo queda esperar en qué concluye todo este marketing que amenaza tajantemente la democracia de Colombia, en donde la soberanía debe regir en el pueblo y para el pueblo, no en tres Ramas de Poder Público que son sometidas por una sola Rama Ejecutiva.
Estudiante, Derecho y ciencias políticas, UDEA