Es muy grave -demasiado grave- que, lejos de disminuir, aumenten día por día en territorio colombiano los crímenes cometidos -al parecer por parte de autores de distinto origen- contra líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, indígenas, desmovilizados... Que el número de víctimas se haya incrementado de manera alarmante, y que predomine el crimen impunemente, sin una actividad estatal que pueda controlar el baño de sangre que afecta a varias regiones –en especial la del Cauca-, nos ha llevado ya, sin duda, a una crisis en materia de derechos humanos, de la cual no parece que salgamos pronto.

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El miércoles 30 de octubre el país amaneció con la muy grave noticia según la cual, en Tacueyó -vereda de Luz-, municipio de Toribío (Cauca) cinco personas (Cristina Bautista, representante de autoridad indígena y cuatro guardias de la misma comunidad) habían sido asesinadas por sicarios, y varias personas más habían resultado heridas en los mismos hechos. Se informó que, a la madrugada del martes, la comunidad del Resguardo Nasa de Tacueyó había alertado sobre la presencia de grupos armados en inmediaciones del territorio indígena y acerca de amenazas contra la comunidad. La solicitud no fue atendida, y en las horas de la tarde se produjo la masacre.

El jueves 30 se reportó una nueva masacre. Otras cinco personas fueron asesinadas en dos veredas del municipio de Corinto.

La situación del departamento del Cauca, por causa de la presencia del narcotráfico en la zona, es reconocida por el Gobierno como de extrema gravedad, pero no se advierte una actividad efectiva de las autoridades con miras a la protección de los pobladores. Es infortunado que no sirva de nada que la comunidad denuncie las amenazas, y éstas se convierten al poco tiempo en terribles realidades.

Sigue, por tanto, la indefensión de muchas personas cuyo gran pecado consiste en haber servido a las comunidades. Los crímenes se cometen. Los asesinos escapan. Comienzan las especulaciones en torno a los posibles autores intelectuales. Vienen las declaraciones oficiales sobre investigaciones exhaustivas y los anuncios acerca de que “todo el peso de la ley” caerá sobre los responsables. Y todo sigue igual o peor.

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Mientras el preámbulo de la Constitución declara que ella se pone en vigencia, entre otros fines, con el de asegurar a los integrantes de la colectividad la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, y en tanto que el artículo 2 de la Carta señala como función básica de las autoridades la protección de la vida de todas las personas, aquéllas parecen haber perdido el control. La garantía de la vida –el derecho básico, sin el cual los demás derechos son imposibles- es puramente teórica.